Era una de las grandes promesas de Ada Colau cuando se postulaba como candidata de Barcelona en Comú a la alcaldía de Barcelona allá por 2015: ‘remunicipalizar’ el agua para garantizar el control de la prestación del servicio y el control de las tarifas. Era una de sus propuestas estrella, y tanto en el programa electoral como durante la campaña, hizo bandera de que el agua “volvería a ser municipal”.

Obviaba desde el inicio las más elementales cuestiones regulatorias del servicio de abastecimiento domiciliario y depuración de agua, que siempre se trata de un servicio de competencia municipal, y sobre el que además la Administración conserva todas las responsabilidades de control sobre el servicio y de modificación de la tarifa.

Pero esa ‘ceguera ideológica’ o promesa electoral pesaba mucho más que la realidad jurídica y municipal.

Obvió -y sigue obviando- que el servicio del ciclo urbano del agua no constituye en absoluto una preocupación para los barceloneses (Barómetro municipal del Ayuntamiento de Barcelona 2021), y que además, año tras año, se encuentra entre los servicios mejor valorados por los ciudadanos (Barómetro de Satisfacción de los Servicios Públicos, impulsado por el Observatorio de Servicios Urbanos).

Ideó, con sus colectivos afines, un Reglamento de Participación Ciudadana a través del cual promover una consulta pública sobre la gestión del agua, y en el proceso de aprobación, olvidó hacer partícipe del mismo a los ciudadanos. Sí, un reglamento de participación ciudadana en el que “no permitió” la participación (si no era la de sus colectivos afines).

El servicio del ciclo urbano del agua no constituye en absoluto una preocupación para los barceloneses y se encuentra entre los servicios mejor valorados

Pese a los esfuerzos judiciales del Ayuntamiento liderado por Colau, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declaró nulo el Reglamento por no respetar las mínimas normas procesales para aprobar este texto normativo, así como por vulnerar la legislación básica (Ley Reguladora de Bases de Régimen Local).

En base a ese Reglamento, y tras otras peripecias pseudo-políticas, consiguió aprobar en el Pleno una consulta ciudadana que incluía una pregunta sobre la gestión del agua. Nuevamente los tribunales tuvieron que advertir de la ilegalidad de la misma, pues se fundamentaba en un Reglamento que el más alto tribunal de Cataluña había declarado previamente contrario a derecho.

La última conocida en esa carrera por imponer su ‘ideología’ por encima de los intereses de los propios barceloneses ha sido, según investiga ahora el Tribunal de Cuentas, cometer presuntas irregularidades al destinar fondos públicos a determinadas asociaciones privadas afines con el objetivo de organizar esa consulta popular contraria a Derecho.

Así, el Tribunal investiga la asignación de 15.000€ para la promoción de la consulta popular sobre la gestión del agua que nunca llegó a celebrarse, y con la cual la alcaldesa pretendía disfrazar de participación ciudadana su proyecto de expropiación de la gestión del agua urbana de la ciudad condal.

Esta nueva investigación se une a los al menos diez procesos judiciales que diferentes asociaciones e instituciones han iniciado contra esta “multiconsulta”, buque insignia del primer mandato de Colau y perversa fórmula participativa en la que los gestores municipales diluyen su responsabilidad para imponer un sectarismo ideológico interesado a través de una “desinformada, falsa y manipulada” pseudo-participación, en detrimento de la eficiencia, la eficacia y la calidad de los servicios que han de prestar a la ciudadanía.

La alcaldesa pretendía disfrazar de participación ciudadana su proyecto de expropiación de la gestión del agua urbana de la ciudad condal

Una pseudo-participación, además, “regada con subvenciones” de dudosa legalidad, como sugieren las investigaciones iniciadas por el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Barcelona contra el Consistorio, basadas en las subvenciones que Colau y su acólito Eloi Badia, actual concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica de Barcelona, han destinado a entidades con las que habían colaborado, e incluso, mantenido vínculos profesionales en su etapa como activistas; y por las que ahora se les investiga por presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, y tráfico de influencias.

“Que la transparencia institucional está bien para los demás, no para una” – debió pensar Colau cuando incluso el propio Interventor municipal advertía que las prácticas financieras que estaban realizando desde el Consistorio eran del todo cuestionables, y como mínimo, deberían haber figurado en el presupuesto municipal, y las subvenciones salido a concurso público.

O cuando decidieron, con el presunto objetivo de impulsar irregularmente el cambio de gestor del suministro de agua en la ciudad, adjudicar a la oenegé en la que Eloi Badia fue uno de sus principales responsables -Ingenieros Sin Fronteras-, una serie de ayudas para lograr a esa “remunicipalización” del agua urbana.

Cabe preguntarse en tono irónico quiénes habrían sido los nuevos responsables del servicio de aguas en el caso de que Colau, Badia y sus colectivos hubiesen logrado imponer su propuesta electoral estrella… No cabe duda de que habrían optado por honestos y desconocidos profesionales de sobrada competencia y capacidad, sin influirles en ningún caso prejuicio ideológico alguno…

Riego por goteo de sus intereses

En este contexto, publicaba hace unos días La Vanguardia cifras que permiten dimensionar el riego de dinero público que desde Barcelona en Comú se está haciendo de sus intereses, según alegan los denunciantes.

Si se compara el año 2014, último del gobierno de Xavier Trías, con 2020, último año completo de gobierno de Ada Colau, el total destinado a subvenciones ha pasado de 46,5 millones de euros a más de 77 millones, es decir, un 65% más en un periodo en el que el presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona solo ha crecido en torno al 20%.

Además, razonan que las subvenciones directas nominativas, que son las que se incorporan al presupuesto y no se otorgan desde las áreas, sino desde el plenario municipal, se han multiplicado por siete, de 1,9 a 13,7 millones de euros.

Un goteo ¿o chorreo? continuo de dinero que no ha cesado incluso con las investigaciones abiertas, pues el Observatorio DESC o Ingenieros Sin Fronteras, asociaciones de las que provienen Colau y Badia respectivamente, no han dejado de recibir fondos en todos estos meses de investigación.

El total destinado a subvenciones ha pasado de 46,5 millones de euros a más de 77 millones

¿Cómo es posible? Justifican los denunciantes ante el Tribunal de Cuentas que con la presentación de varios proyectos a la misma convocatoria de subvenciones que completan con financiación otorgada “a dedo” mediante la concatenación de convenios.

Unos hechos que ahora el Tribunal de Cuentas debe decidir si constituyen una vulneración de la normativa presupuestaria al apreciarse, a priori, posibles “indicios de responsabilidad contable”, y donde los ciudadanos seguro aprecian, como mínimo, indicios de responsabilidad política.