El 10% de la población mundial está desnutrida y la falta de agua está detrás de esta tragedia. Se necesita agua para obtener alimento, y también agua limpia para no enfermar. UNICEF no lo duda: por mucho que un niño desnutrido coma, no se recuperará si el agua que bebe es insalubre.

Sin embargo, tal vez la peor cara de todo este asunto se encuentre en las más de 2.000 millones de personas que en la actualidad no tienen acceso seguro a agua potable, en las 4.200 millones de personas sin servicios de saneamiento adecuados, en las 700 millones de personas que pasan hambre, o en los 800 millones que no disponen de una fuente de energía eléctrica.

Una situación, esta de avanzar en el Derecho Humano al Agua, que se agrava, en primer lugar, por la devastadora incidencia del cambio climático. Según los informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el agua y el sistema climático del planeta están intrínsecamente relacionados, por lo que los cambios antropogénicos inducidos en el segundo elemento están alterando la disponibilidad del primero en todo el globo. El agua desaparece en lugares donde antes abundaba.

En segundo lugar, por la demanda del recurso. De acuerdo con la ONU, el uso del agua ha aumentado por seis en los últimos 100 años, y lo sigue haciendo a un ritmo del 1% anual. El crecimiento demográfico y sus respectivos impactos suponen la principal amenaza, ya que se deberá dar de beber a dos mil millones de personas más en los próximos 20 años. Pero no solo eso, también se deberá procurar que gocen de todos los derechos que la rodean.

Consagrar el derecho humano al agua y al saneamiento es una de las principales razones por las que Naciones Unidas creó en 2008 la figura del Relator Especial para el Derecho Humano al Agua potable y al Saneamiento, con el mandato de prestar atención a la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y al saneamiento; llevar a cabo investigaciones temáticas; realizar misiones en los países; recopilar las buenas prácticas; y colaborar con los profesionales del desarrollo para hacer efectivos los derechos al agua y el saneamiento.

El Relator del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento tiene como fin de su mandato velar por aquellas personas y territorios donde el agua y el saneamiento no están garantizados 

Un mandato claro, nítido y transparente que el actual Relator especial, el ex diputado de Podemos, Pedro Arrojo, parece haberse empeñado en profanar.

Llegó al cargo prometiendo que dejaría a un lado su ideología y concepciones personales y partidistas, que abandonaría su papel como activista anti-empresa y anti colaboración público-privada porque ahora le tocaba trabajar como Relator. Le tocaba, decía, centrarse en lo que verdaderamente importaba: trabajar por la consecución de los derechos humanos al agua y al saneamiento en todo el mundo.

Y a tal fin, dibujó para ello una hoja de ruta, donde las comunidades indígenas y las millones de mujeres que se ven privadas de derechos -y no solo el del agua- por su falta de acceso al recurso, ocuparían un lugar preferencial. Dedicaría su primer informe a esbozar las prioridades de su mandato, para en el segundo exponer las investigaciones temáticas que en torno a los temas comprometidos.

Meses después, Arrojo parece haber tirado por el retrete -que él si que tiene acceso a saneamiento- todas sus promesas.

Las preocupaciones partidistas de este podemita –porque poco se parecen sus actuaciones a lo esperado de un Relator– se centran ahora en pasearse y aportar su visión como experto dependiente en los webinar y jornadas que asociaciones fuertemente politizadas van organizando.

Su interés por arropar eventos partidistas distraen al depositario del mandato universal de sus prioridades

En estos meses se le ha visto con Compostela Aberta, una de las confluencias que Podemos tiene esparcidas por España (esta concretamente en Santiago) y que, en teoría, dejaría a un lado (por eso de no seguir contaminándose con su ideología en tanto desempeñase su puesto como Relator); con Aigüa es Vida y la Red de Agua Pública, asociaciones anti-empresa empeñadas en utopías irreales, como en reiteradas ocasiones le recordaron los Tribunales españoles o la propia Comisión Europea; o recientemente visitando virtualmente, de la mano de sus colegas activistas, Zumárraga, un municipio guipuzcoano de algo más de 9.700 habitantes en el que no solo gozan de cobertura universal en lo que a derecho al agua potable y saneamiento se refiere, sino que además cuentan con una de las mayores rentas per cápita de España.

Su interés, el del activista Arrojo, como él mismo se define, por arropar eventos que reivindican un modelo de gestión del agua urbana contrario a la colaboración público-privada, en municipios donde además está más que garantizado el ejercicio efectivo del derecho al agua potable y al saneamiento, cuanto menos, distraen al depositario del mandato universal de la prioridad de esos más de 3.000 millones de personas que no pueden lavarse las manos y en los que la pandemia se ceba con más dureza.

Hoy, Arrojo, arropando con su presencia y con el pretexto de Naciones Unidas a un grupo de activistas pro remunicipalización del ciclo urbano del agua, da la espalda a la urgencia de esas mujeres que en decenas de países tienen que recorrer kilómetros y kilómetros para conseguir llenar cántaras de agua, de no siempre en buen estado. De esas niñas que viven en países en desarrollo y que llegan a abandonar la escuela por tener que ir a por agua.

Cuando el activismo político contamina el agua y alguien se apodera indecentemente de la bandera de Naciones Unidas para arropar ideologías en lugar de ideas, los derechos humanos se diluyen

Sin duda, siempre es más fácil colorear que pintar un lienzo en blanco, pero la urgencia no está hoy en Santiago de Compostela, en Zumárraga (Guipúzcoa) o en las reuniones con sus colegas activistas en las que semanalmente participa, sino en los más de 31 millones de personas que sufrirán inseguridad alimentaria entre junio y agosto en África occidental, donde la ausencia de agua amenaza el derecho a la alimentación y hambre cero.

O, quizás, en la reunión que esta pasada semana mantenían científicos, gobiernos y expertos en torno al Programa Hidrológico Intergubernamental (PHI) para América Latina y Caribe, el programa de la UNESCO que realiza aportes para la investigación educación y creación de capacidades relativas a la gestión del agua, que busca experiencias de éxito exportables para seguir avanzando en la seguridad hídrica para todo el mundo.

Cuando el activismo político contamina el agua y alguien se apodera indecentemente de la bandera de Naciones Unidas para arropar ideologías en lugar de ideas, los derechos humanos se diluyen y, en este caso no son los derechos los que sufren, sino las personas que sedientas esperan las soluciones por las que en teoría debería trabajar Pedro Arrojo.