Esta semana la llamada “revuelta de la España Vaciada” llegaba al Congreso de los Diputados dos años después de su grito de socorro reclamando una España más cohesionada y justa, en la que vivir en el mundo rural o en municipios pequeños alejados de las grandes urbes no reste derechos ni servicios públicos.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) hay 47,4 millones de habitantes en España. De ellos, sólo el 3,1% vive en municipios de menos de 1.000 habitantes, habiendo 5.007 de estas localidades, del total de 8.131 indicado anteriormente
Esta España vaciada plantea a los legisladores 101 medidas, todas complementarias, porque el problema de la despoblación tiene que ser algo transversal que afecte a todo, y eso requiere de un urgente pacto de Estado con la vista puesta, incluso, más allá de 2050.
En el mundo rural no ha habido la más mínima brecha en el derecho al agua potable
Piden recuperar el plan 100/30/30, o lo que es lo mismo, que todo el territorio español tenga una cobertura de 100 megas de ancho de banda de conectividad a Internet; que tengan a 30 minutos los servicios básicos, como pueden ser la sanidad, seguridad, asistencia de bomberos… y tener a 30 kilómetros una vía de alta capacidad, que puede ser ferroviaria o una autopista o autovía.
Y es que la pandemia ha puesto en evidencia que el déficit estructural de la España vaciada trasciende lo sanitario y agudiza las otras brechas, como la digital del mundo rural, que vive una eterna cuarentena analógica donde cuatro millones de personas carecen todavía de acceso a internet.
Pero donde no ha habido la más mínima brecha es en el derecho al agua potable. Y es que, en nuestro país está universalizado, con una cobertura del cien por cien del territorio y que, gracias al compromiso de administraciones (más de 8.000 reguladores) y operadores del servicio de agua urbana (públicos, privados y mixtos), con la colaboración de organizaciones del tercer sector, han proporcionado un paraguas protector que ha garantizado el servicio de agua potable sin que se haya producido un solo corte por impago desde el inicio de la pandemia.
La inversión deseable para mantener y mejorar las redes de distribución del agua es de 36 euros por habitante y año, mientras que en España la media real es de 14 euros
Sin embargo, aunque en el rural ser menos no les resta el derecho de acceso al agua potable, sí lo hace en lo referente al saneamiento adecuado, fundamentalmente por la falta de economía de escala en los pequeños municipios, cuyos presupuestos no alcanzan para acometer las necesarias inversiones que resuelvan las carencias que la España vaciada tiene en depuración y saneamiento.
Una incapacidad inversora extensible al mantenimiento y mejora de las redes de distribución del agua potable. En este sentido cabe recordar que la inversión deseable es de 36 euros por habitante y año, mientras que en España la media real es de 14 euros.
Un asunto que el informe España 2050 ve como un claro objetivo, hacer lo posible para reducir un 15% de demanda del agua reduciendo al mínimo las fugas y el agua no registrada, y optimizando todo el sistema de captación y distribución del ciclo integral para ser eficientes y más sostenibles en un contexto climático de estrés hídrico creciente en España.
Lo aprendido a raíz de esta crisis sanitaria también debe utilizarse para concienciarse de la necesidad de tener mecanismos de sostenibilidad e invertir en la transformación de las infraestructuras para garantizar la resiliencia del servicio de agua potable. Y es que ésta depende de las inversiones se lleven a cabo en los próximos años, y en particular, de la capacidad de impulsar el agua regenerada como una fuente más de abastecimiento de agua.
Reconstrucción hídrica
Además de las brechas abiertas, la pandemia de la Covid-19 y el mecanismo europeo para la reconstrucción posterior a la crisis sanitaria pueden ser una oportunidad para devolver la cohesión a la España vaciada compensándola por esa carencia estructural de servicios públicos que se arrastra desde hace más de 40 años.
El Gobierno destinará 10.000 millones del plan de recuperación europeo para luchar contra la despoblación y llevar la innovación y sostenibilidad a la España rural, con 130 medidas en diez ejes de actuación que persiguen también garantizar la igualdad de derechos y de género en esas zonas.
Es importante aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen el nuevo marco financiero plurianual y el Plan de Recuperación para Europa, incluyendo el tratamiento del agua y el saneamiento entre las máximas prioridades.
El Ejecutivo ha propuesto que, del total de inversiones, se destine el 31%, 642 millones, a reformas para la materialización de actuaciones de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilización y seguridad de infraestructuras (DSEAR) que se distribuirán: 200 millones en 2021, 255 millones en 2022 y 187 millones en 2023.
Este impulso al saneamiento en zonas despobladas, que cuenta con líneas especiales de financiación para compensar esa falta de economía de escala en pequeños municipios, permitirá cerrar los expedientes sancionadores que Bruselas mantiene contra España por incumplir la Directiva Marco del Agua.
Pero es necesario contar con la colaboración de los operadores y de la colaboración público-privada para que la combinación de liquidez, know how, innovación y expertise logren que la brecha de saneamiento quede atrás con la pandemia y lleve a España al liderazgo que merece.
Sólo aunando esfuerzos se conseguirá aprobar esta asignatura pendiente que es el saneamiento en pequeños y medianos municipios de la que también depende la protección total del medio ambiente, a través de la correcta depuración de todas las aguas residuales producidas en el conjunto del territorio nacional.
El agua y el saneamiento debe llegar a la España vaciada para que, al menos en lo que al agua se refiere, ser menos no les suponga una merma de derechos y servicios.
La colaboración público-privada y las alianzas serán el camino de un éxito, que, si de las empresas gestoras del ciclo urbano del agua dependiese, está más que asegurado.
