El cambio climático constituye la mayor amenaza ambiental a la que se enfrenta la humanidad. Aunque este año las preocupaciones de ciudadanos y políticos se han visto consumidas por las consecuencias de la pandemia de coronavirus, tanto esta catástrofe sanitaria como otros acuciantes problemas, desde el aumento de las temperaturas a la pérdida de biodiversidad, siguen irremediablemente conectados a la destrucción del medio ambiente y la emisión de gases de efecto invernadero.

Los datos hablan por sí solos. La temperatura media mundial ha aumentado 1,1°C desde la época preindustrial y los últimos cinco años han sido los más cálidos jamás registrados, según apunta la Organización Meteorológica Mundial. Pero lo más grave es que estas siniestras plusmarcas se traducen cada día en problemas tangibles para ciudadanos en todo el planeta, que sufren con cada vez mayor frecuencia fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones, sequías, tormentas y huracanes.

Sin embargo, al mismo tiempo que el problema del cambio climático se va haciendo más acuciante, también aumenta la concienciación ciudadana, empresarial y política a nivel internacional, con una multiplicidad de actores que buscan con cada vez más ahínco la forma de solucionarlo. El mismo secretario general de la ONU, António Guterres, ha resaltado en varias ocasiones la importancia de que los países y el sector privado trabajen juntos. “Cuento con todos ustedes para aportar las innovaciones, las colaboraciones público-privadas y la financiación que necesitamos para un futuro sostenible y saludable”, aseguró en un foro virtual sobre ciudades a comienzos de este mes.

«El mismo secretario general de la ONU, António Guterres, ha resaltado en varias ocasiones la importancia de que los países y el sector privado trabajen juntos»

El mensaje ha calado sobre todo en Europa, donde el Pacto Verde Europeo guía desde hace meses todos los proyectos sociales y económicos de la Comisión y el Parlamento de la UE, apoyándose de manera decisiva en empresas punteras para poder transformar sectores vitales para la lucha climática como la energía o el transporte. Pero esta suma de esfuerzos para contrarrestar el cambio climático también ha encontrado terreno fértil en España, un país que en apenas un año está sabiendo dotarse de legislaciones clave para apuntalar su transición ecológica y movilizar a su alrededor una inversión privada que garantice su implementación.

El pasado septiembre, el Consejo de Ministros aprobó el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, una normativa que busca anticiparse a los impactos y riesgos del cambio climático para lograr un país menos vulnerable. La gestión sostenible del agua, la protección de costas, la agricultura, la biodiversidad o la lucha contra la desertificación son algunos de los retos que se intentan abordar con esta ambiciosa estrategia.

Además, en octubre Bruselas ha dado su visto bueno al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, poniendo de manifiesto, en palabras de la vicepresidenta Teresa Ribera, “que nuestra ambición en todos los campos, desde la reducción de emisiones hasta la eficiencia energética pasando por la penetración de energías renovables, es sumamente grande.” Un cambio de modelo energético que también pasará, según Ribera, “por una mayor inversión pública y privada” que consiga “un efecto multiplicador de los fondos disponibles”.

«Esta suma de esfuerzos para contrarrestar el cambio climático también ha encontrado terreno fértil en España, un país que en apenas un año está sabiendo dotarse de legislaciones clave para apuntalar su transición ecológica»

Queda todavía, eso sí, la joya de la corona de la normativa climática española: la Ley de Cambio Climático. Aunque tampoco se va a hacer esperar mucho más, ya que ya ha finalizado el plazo para que los grupos parlamentarios presentaran sus enmiendas y ya solo queda conocer un texto definitivo que, según los cálculos del Gobierno, será aprobado en el Congreso a comienzos de 2021 debido a la parálisis parlamentaria que provoca la presentación de unos Presupuestos Generales del Estado que también tienen un importante componente verde.

La ley climática prevé todo tipo de medidas, desde aumentar al 74% la participación de las renovables en el consumo de electricidad para 2030 hasta fomentar mediante planes específicos gases renovables como el biogás o el hidrógeno. También se promociona la movilidad sin emisiones o se marcan las líneas maestras de una transición justa, que financie estrategias de empleo y reconversión en las zonas más afectadas por la transición energética.

Pero esta importante legislación, que supondrá la primera ley climática de la historia de España, no debe ser y no será más que un buen punto de partida en la lucha contra el cambio climático. El Gobierno ya se ha comprometido a sacar adelante en esta legislatura otras normativas tan necesarias como la Estrategia climática española a largo plazo, la Ley de Residuos, la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público o la Ley de Industria y Estrategia Industrial. De hecho, algunas de ellas ya están siendo redactadas o sometidas al proceso de consulta pública.

«La primera ley climática de la historia de España, no debe ser y no será más que un buen punto de partida en la lucha contra el cambio climático»

El consenso social al respecto es innegable. Una reciente encuesta del prestigioso Pew Research Center, que analizaba datos de 14 países desarrollados de Europa, Norteamérica, Asia y Oceanía, revela que en España, el cambio climático encabeza las preocupaciones del 83% de la población. Y, en el ámbito cotidiano, más de la mitad de los españoles creen que se esfuerzan por ajustar sus costumbres a la lucha contra el calentamiento global.

Por supuesto, ese consenso también se traduce en un impulso cada vez mayor del sector privado a la transición ecológica. Muchos líderes empresariales han pedido en repetidas ocasiones al Gobierno y la Unión Europea que apuesten por la reactivación económica contra el coronavirus basada en la economía circular y baja en carbono, que abogue por la innovación y la sostenibilidad. Los llamamientos y las alianzas por una reconstrucción verde se han multiplicado casi al mismo ritmo que la convicción de cada vez más empresas de que el sector privado debe formar parte de la solución al calentamiento global.

Por eso, no hay que dormirse en los laureles. La ambición climática y la sostenibilidad deben seguir guiando las acciones del Gobierno y la sociedad civil en España si se quiere liderar globalmente una lucha que no puede aplazarse un solo segundo, por lo que cualquier intento realista de acabar con la crisis del coronavirus deberá tener en cuenta también las necesidades ambientales de nuestro planeta. La ventana de oportunidad está abierta de par en par, pero solo aunando a todos los actores en torno a un mismo objetivo, se podrán aprovechar los esfuerzos de Gobiernos, sociedad civil y sector privado para frenar el cambio climático.