En un contexto de cambio climático y crecimiento demográfico, garantizar el acceso al agua y al saneamiento para todos necesita de fuertes inversiones. Así lo afirma el nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef sobre materia de agua para el consumo, el saneamiento y la higiene en los hogares, que pone de manifiesto las profundas desigualdades que afectan especialmente a los niños y las familias vulnerables en países en vías de desarrollo, como demuestra el hecho de que en 2020, alrededor de una de cada cuatro personas careciera de una fuente de agua potable gestionada de forma segura en su hogar, y casi la mitad de la población mundial no tuviera acceso a servicios de saneamiento gestionados de manera segura.

En concreto, el informe estima necesario cuadruplicar a nivel global el progreso actual para lograr cumplir el ODS 6 en 2030, mientras que en los países más pobres ese índice debería multiplicarse por 23. Un esfuerzo colosal que exige “acelerar drásticamente nuestros esfuerzos”, y que “las inversiones en agua, saneamiento e higiene deben ser una prioridad mundial”, según afirmaron respectivamente el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, y Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de Unicef, en la presentación del documento.

Sin embargo, estas dos organizaciones dependientes de Naciones Unidas (ONU) no parecen ser conscientes de que estos objetivos tienen al enemigo en casa: el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo, que desde que el pasado noviembre iniciase su mandato, se ha empeñado en contradecir a la propia organización que dice representar, Naciones Unidas, con ataques continuos a la creación de alianzas y a la colaboración entre los diferentes actores del sector del agua, tal y como insta la ONU.

El Relator, Pedro Arrojo, anunció hace apenas unos días que, ahora sí, dedicará su segundo informe temático, ya en 2022, a los pueblos indígenas. Ahora sí porque, a pesar de que Arrojo anunciase nada más llegar al cargo que su primer informe se centraría en las necesidades de los pueblos indígenas, que constituían una de sus prioridades por tratarse de una de las poblaciones más vulnerables al cambio climático y el aumento del estrés hídrico, el Relator decidió que “las urgencias indígenas” realmente no eran tan importantes, y que el foco debía ponerlo en cuatro de los países con mayor y mejor acceso al agua potable y al saneamiento del mundo: España, Chile, Estados Unidos y Australia.

Arrojo depende de su ideología y escucha a los que piensan como él, sin importarle los problemas que puede plantear a la ONU y el daño que puede causar a la credibilidad del puesto de Relator Especial

Y aunque este exdiputado de Podemos asegure que esta elección se debe al estrés hídrico de estos países, es obvio que lo que le ha motivado es esa necesidad de complacer a su cámara de eco activista “que le empujaron al cargo”, como él mismo declaró, y su injustificada obsesión contra la gestión indirecta. No en vano, estos algo más de siete meses en el cargo los ha dedicado casi en exclusiva a participar en encuentros con redes municipalistas anti-empresa y consultas públicas completamente parciales para, como él mismo ha afirmado, combatir desde ahí a los “poderosos intereses corporativos que todos sabemos que existen en el mundo del agua”.

No hay independencia o imparcialidad, ni siquiera hay apariencia de ella. Arrojo depende de su ideología y escucha a los que piensan como él, sin importarle los problemas que puede plantear a la organización de la que depende y el daño que puede causar a la credibilidad de un puesto tan importante como es el de Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. A fin de cuentas, hablamos del máximo responsable de velar porque el acceso al líquido elemento sea de verdad una realidad universal y no solo un documento lleno de objetivos loables, pero inalcanzables sin alianzas.

Un breve repaso histórico del puesto de Relator Especial puede quizás ayudarnos a entender esta insostenible posición intelectual y práctica de Arrojo. El puesto fue establecido inicialmente por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2008, con el título de “Experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y al saneamiento”. Sin embargo, conscientes de la importancia del agua en el desarrollo sostenible, en marzo de 2011 se cambió el título del puesto por el de Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.

El cambio no es casual, ya que un Relator especial tiene una gama más amplia de actividades de promoción y protección de los derechos humanos, además de un mandato más largo y la posibilidad de visitar países. Es decir, la ONU no hizo más que otorgar al agua una mayor importancia dentro de la constelación de cargos y organizaciones que velan por los derechos humanos. Sin embargo, la simple pérdida nominativa de las palabras “experto independiente” parece haber afectado a la mentalidad de los Relatores de agua, que han ido cayendo por una pendiente ideológica hasta llegar a la insostenible situación actual.

La insostenible preocupación del Relator por todo lo que suene a colaboración público-privada le impide ver los verdaderos problemas hídricos que afronta el mundo, dejando en un segundo plano a las poblaciones más vulnerables

La evolución es reveladora: Catarina de Alburquerque, que fue experta independiente antes de ser nombrada Relatora y trabajó hasta 2014, se declaraba “agnóstica” en cuanto a las formas de gestión del agua y reconocía sin ambages que “mucha gente no tendría acceso al agua sin esta participación privada”. Su sucesor, el ya plenamente Relator Léo Heller, todavía mantuvo una semblanza de independencia e incluso aseguró que “en lo que se refiere a los derechos humanos, no hay una preferencia [entre gestión pública o privada], lo importante son los resultados”, aunque al final de su mandato decidiera reventar su imparcial imagen con un informe parcial y falto de rigor .

Arrojo ni siquiera se ha molestado en recordar esa condición de experto independiente, por mucho que la posición de Relator sea en realidad una mejora a nivel de legitimidad en el contexto de Naciones Unidas en las que se mantienen las mismas exigencias de imparcialidad e independencia. Su insostenible preocupación por todo lo que suene a colaboración público-privada le impide ver los verdaderos problemas hídricos que afronta el mundo, dejando en un segundo plano las vicisitudes de las poblaciones más vulnerables, como demuestra la prioridad que ha dado a los países “favorecidos” frente a la cuestión indígena.

El mayor problema sin embargo es que la “miopía de Arrojo” nos puede salir muy cara a todos: al poner el foco en debates superados y cuestiones ideológicas retira de la agenda cuestiones primordiales para un correcto desarrollo del derecho humano al agua, como las necesidades de inversión que explicitaba el informe de la OMS y Unicef. O el hecho de que “la sequía esté a punto de convertirse en la próxima pandemia y no exista una vacuna para curarla”, como alertaba hace unas semanas Mami Mizutori, representante especial del secretario general de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres.

¿Su receta? Una gobernanza proactiva y más alianzas. La misma que propuso el secretario general de la ONU, António Guterres, en su visita a España hace apenas dos semanas. La misma que piden la OMS y Unicef. La misma que, inexplicablemente, el Relator Pedro Arrojo ha decidido ignorar.