Un silencio extraño reina en Estados Unidos, como si alguien hubiera rebobinado una película y nos hubiera transportado a la Antigüedad, a cuando la política era un lugar más o menos previsible, más o menos aburrido. Un territorio de ruedas de prensa, decretos ordenados y comunicaciones revisadas por media docena de asesores. Un mundo en el que solo se oye el rumor lejano de los engranajes burocráticos. Bienvenidos a la América de Joe Biden y su abultada agenda de medidas. Un programa que, por primera vez en la historia de las administraciones norteamericanas, tiene en su centro la lucha contra el cambio climático.
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El Gobierno demócrata quiere que el sector eléctrico deje de contaminar en 2035 y reducir a cero las emisiones estadounidenses para 2050. Una misión en la que participarán multitud de órganos y agencias, y que pasa por aprobar un plan de infraestructuras verdes. La Casa Blanca espera multiplicar por 20 las estaciones de carga de coches eléctricos, potenciar la producción de energía solar, preparar puertos y carreteras contra los efectos climáticos y reemplazar las tuberías de plomo, entre otras medidas. El plan costaría cerca de dos billones de dólares.
Aunque estas intenciones, de todo punto ambiciosas, todavía residen en la imaginación, el nuevo presidente ha comenzado su mandato con algunas medidas medioambientales altamente simbólicas. Particularmente tres:
Resucita el Acuerdo de París
El demócrata ordenó volver al Acuerdo Climático de París: un trámite que se completará en 30 días y una señal a sus aliados de que Estados Unidos ha vuelto a la palestra internacional y a creer de nuevo en el cambio climático.
La alianza, diseñada por la administración Obama en 2015, fue firmada por casi todos los países del mundo (196) con el objetivo de limitar el calentamiento global a dos grados centígrados respecto a los niveles pre-industriales. Una misión que, según diversos cálculos, puede cumplirse si las emisiones globales de dióxido de carbono bajan un 50% respecto a los números del año 2005.
La vuelta de EEUU, el único país que lo había abandonado, puede revigorizar el pacto. La primera potencia del mundo es la que más ha contribuido a la larga al cambio climático y actualmente la más contaminante después de China. El nuevo Gobierno ya ha confirmado, también, que pretende acoger una cumbre climática el 22 de abril, Día de la Tierra, para “congregar al mundo y pedir una acción urgente y adicional”.
Oleoducto Keystone XL
En su primer día, el nuevo comandante en jefe ordenó paralizar la construcción del oleoducto Keystone XL, que lleva más de una década en el centro de las luchas entre los ecologistas y las grandes compañías energéticas.
El oleoducto, levantado por la compañía TC Energy Corp., habría llevado petróleo desde Alberta, en Canadá, hasta las refinerías del Golfo de México. De momento solo se había levantado una pequeña parte, y es probable que se desencadenen problemas judiciales al respecto.
Las organizaciones ecologistas han aplaudido la medida. Consideran que el oleoducto estaba siendo construido en el peor momento y de la peor manera. El petróleo de esa región canadiense es particularmente sucio, grueso y corrosivo, lo cual plantea más riesgos ecológicos, y la industria del crudo, a la luz del exceso global de oferta, tiene cada vez menos visos de ser rentable.
Varios congresistas republicanos del Medio Oeste, por donde hubiera pasado la infraestructura, han protestado. Dicen que el oleoducto hubiera reforzado la independencia energética de EEUU y brindado 11.000 empleos a un sector que necesita ayuda. Alberta, además, perdería 1.000 millones de dólares en ingresos fiscales en un momento en que EEUU quiere reparar las relaciones con Canadá.
Deshacer el legado de Donald Trump
Una tercera medida temprana de la administración está siendo revisar una larga lista de 50 reglas desreguladoras aprobados por Donald Trump, con la idea de revertirlas una a una. La administración republicana había reducido los límites a la contaminación ambiental a los someros niveles de los años setenta.
«De todas las crisis que enfrenta Joe Biden, como la pandemia, la depresión económica y la división política, quizás la del cambio climático sea la de más largo aliento»
La colección de reglas afectan a las plantas de gas, la protección contra los vertidos tóxicos, la calidad del aire, las emisiones contaminantes del transporte o los permisos de prospección de petróleo emitidos en el Ártico, entre otros ámbitos.
A partir de aquí, empieza el trabajo duro. La armonización de esfuerzos en el Gobierno federal para poner en práctica estas y muchas más medidas: el tira y afloja con la panoplia de intereses energéticos y corporativos, la negociación con las autoridades locales y estatales, con los socios internacionales y con la oposición republicana, que se ha quedado en minoría parlamentaria por un margen estrechísimo. Una serie de tareas para las que Biden ha formado equipo.
John Kerry
El veterano ex senador, ex candidato presidencial y ex secretario de Estado, John Kerry, sangre azul del Partido Demócrata, acaba de inaugurar un puesto nuevo: Enviado Especial del Clima. Entre sus tareas se encuentra convencer a las grandes naciones contaminantes de que respeten los compromisos de París. Usar una mezcla de palo y zanahoria para mantener vivo el interés global por el cambio climático, persuadiendo una y otra vez de cuáles pueden ser sus consecuencias.
“Necesitamos movernos todos juntos, porque hoy muy pocos están en la trayectoria de las drásticas reducciones necesarias para cumplir incluso los objetivos actuales; no digamos los objetivos que necesitamos para evitar un daño catastrófico”, dijo Kerry en su primera alocución como enviado especial, frente a representantes empresariales de las naciones del G20.
En concreto: para bajar a cero las emisiones en el año 2050, habría que deshacerse del carbón cinco veces más rápido que en el ritmo actual, aumentar la producción de energías renovables seis veces más deprisa y más aún la fabricación de coches eléctricos. Lo cual requiere, según Kerry, “una transformación completa de la economía global”.
El diplomático tiene en el punto de mira la COP26, la cumbre climática de Naciones Unidas en noviembre, donde está previsto actualizar los objetivos pactados en el Acuerdo de París. Kerry reconoce que su país no está, ahora mismo, en la mejor posición de autoridad moral. “Sabemos que el Gobierno federal de EEUU, hasta ayer [miércoles, día de la investidura], abandonó la mesa durante cuatro años malgastados en los que podríamos haber estado ayudando a enfrentarnos al desafío”, declaró.
Gina McCarthy
Si Kerry lidera la vertiente exterior de la lucha contra el cambio climático, la vertiente interior está a cargo de Gina McCarthy, antigua jefa de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA). Su puesto también es nuevo: Consejera Nacional del Clima. La alta funcionaria usó su primera comparecencia para explicar la rescisión del permiso de construcción del Keystone XL y la necesidad de coordinar esfuerzos entre todos los estamentos burocráticos de la nación.
Lo primero, dijo McCarthy, será estudiar y deshacer muchas de las medidas de la administración anterior. La Casa Blanca revisará “las regulaciones federales y otras acciones ejecutivas adoptadas durante los últimos cuatro años que fueran dañinas para la salud pública, el medio ambiente, no respaldadas por la ciencia disponible, o que no respetaban el interés nacional”.
En el centro de su labor está cerciorarse de que todos los departamentos y agencias que forman el Gobierno federal de EEUU, una burocracia de dos millones de empleados, empiezan a medir el “coste social del carbono”. Es decir, el impacto económico y social de la contaminación. Una manera de insuflar conciencia climática en todos los niveles administrativos y de matizar así sus decisiones.
Los otros miembros del equipo climático
El esfuerzo medioambiental, por tanto, estará presente en las diferentes ramas del Gobierno. Sobre todo en algunos ministerios clave. Como nominada a secretaria de Interior, Deb Haaland estará encargada de gestionar y proteger las tierras, los ríos y la vida salvaje, y de engrasar las relaciones entre Washington y las reservas de nativos americanos, de donde proviene la propia Haaland.
Jennifer Granholm, que fue gobernadora de Michigan, encabezará el Departamento de Energía. Entre sus asignaciones estará supervisar los programas nucleares, liderar la investigación energética y gestionar algunas políticas conservacionistas. Las ambiciones de Biden en energías renovables pasarán por su departamento.
Michael Regan, veterano de las administraciones de George W. Bush y Barack Obama en políticas de protección de la calidad del aire, dirigirá la EPA. La vida de Regan ha estado estrechamente ligada a las condiciones medioambientales. Natural de Goldsboro, en Carolina del Norte, Regan vivía a 10 kilómetros de una planta de carbón. Una circunstancia que contribuyó a sus problemas de asma. Al anunciar su nominación, Regan recordó sus sofocos y su recurrencia al inhalador, ligados a elementos contaminantes y alergénicos de la planta. Ahora Regan podrá marcar la diferencia en las múltiples poblaciones de Estados Unidos que, como si localidad natal, viven cerca de plantas de carbón, vertederos o plantas incineradoras.
Brenda Mallory, experta en leyes medioambientales, completará el gabinete como presidenta del Consejo de Calidad Medioambiental. Un órgano que supervisará el esfuerzo global de la administración y sus posibles enredos legales.
Una nueva era
El equipo está formado, los primeros decretos firmados y los objetivos más ambiciosos han quedado indicados en los planes de la administración. A medio plazo en el calendario hay muchas otras medidas; entre ellas, reforzar las regulaciones de las plantas de carbón, terminar con los subsidios a la industria de los combustibles fósiles, ampliar la conservación del 12% al 30% del territorio nacional y prohibir nuevas perforaciones energéticas en tierras públicas.
Una lista que le será más fácil de conseguir después de que Jon Ossoff y Raphael Warnock ganasen los dos escaños senatoriales de Georgia, dando a los demócratas el control de la Cámara.
Day 1: The Biden admin cancelled the #KeystonePipeline.
Day 2: The Biden admin banned new fracking on federal land.
The Biden admin’s message to America’s blue-collar workers: If you are a blue-collar worker in the energy industry, find a new job.https://t.co/C0iFd79cTs
— Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) January 21, 2021
La oposición republicana también está ajustando posiciones. El senador de Texas, Ted Cruz, ya ha arremetido en las redes contra la vuelta al Acuerdo Climático de París: un pacto que, según ha dicho, es bueno para los ciudadanos de París pero no para los de Pittsburgh, en Pensilvania. Es posible que, con su retórica populista, Cruz quiera heredar el manto del trumpismo con vistas a 2024.
Las corporaciones estudian la manera de contrarrestar o adaptarse a las nuevas reglas y las organizaciones ecologistas se alegran de tener a un gobierno más poroso, quizás receptivo a sus propuestas. De todas las crisis que enfrenta Joe Biden, como la pandemia, la depresión económica y la división política, quizás la del cambio climático sea la de más largo aliento.
