España ultima contra reloj una reconstrucción en seco

Bruselas espera desde esta semana y hasta el próximo 30 de abril que todos los Estados miembro le hagan llegar su Plan detallado para la reconstrucción post-covid.

Unos planes que tienen la llave para abrir la espita del caudal de los Fondos Next Generation y en los que se han de aprovechar los planes de reconstrucción socioeconómica para construir un escenario más sostenible y comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto Verde Europeo.

El Gobierno español prevé enviar a la Comisión Europea (CE) la versión definitiva de su plan de recuperación para utilizar los fondos europeos en apenas cuatro semanas, antes de que termine el mes de marzo, en principio para optar a los 70.000 millones que Bruselas nos desembolsará en forma de transferencias a fondo perdido, siempre que al ejecutivo comunitario le plazcan las propuestas españolas. Una decisión que se espera para junio de 2021.

Eso sí, no se descarta solicitar a posteriori los préstamos que le corresponden dentro de los 140.000 millones de euros que tiene asignados España del Fondo de Recuperación para los próximos seis años.

Todo un reto, habida cuenta de la escasa capacidad de absorción de fondos comunitarios que ha demostrado España en los últimos años, que apenas ha sido capaz de absorber un 36% de los fondos asignados para el período 2014-2020, según datos de la Comisión Europea.

Un reto que exige arbitrar los necesarios mecanismos que garanticen la ejecutabilidad de cuantos proyectos se planteen en tiempo y forma, ya que han de ser auditados ex ante por las autoridades europeas.

Para ello la colaboración pública-privada es el elemento esencial que ofrece esta garantía, y de ahí que España haya apostado por una nueva figura de colaboración público-privada: los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (los PERTE), que serán clave para la ejecución de los distintos proyectos tractores contemplados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Una figura que, a pesar de todo, no termina de generar confianza en el sector empresarial, que teme que el excesivo celo por controlar los proyectos (el 51% de los mismos han de ser públicos) convierta a los inversores privados en el “tonto útil” de la reconstrucción que arriesga su dinero con una rentabilidad limitada, que apenas alcanza el 5%.

Y todo ello al margen de la inseguridad que genera el hecho de que en estas fechas la gobernanza para la gestión de los fondos españoles no esté aún definida al cien por cien.

Un caudal de reconstrucción seco

Con el lanzamiento a finales del pasado año del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia España Puede, el Gobierno esbozó las líneas maestras sobre las que avanzaría la reconstrucción nacional.

Una reconstrucción en la que la transición ecológica y la digitalización tienen un gran peso para lograr una nueva economía más social y sostenible.

Tras la aprobación del reparto de los fondos de reconstrucción para España, todos los sectores económicos, arropados por la CEOE se afanaron en trasladar al Gobierno cuantos proyectos transformadores estaban en condiciones de ejecutar en el marco de los Next Generation.

También las comunidades autónomas y los ayuntamientos movieron ficha para trasladar sus demandas y reclamos de gestión correspondiente de esos fondos en el ámbito territorial.

Unos reclamos que aún hoy plantean cambios, ya que los ayuntamientos inician ahora una campaña de mociones para que los 1.483 millones de euros que les corresponde gestionar, poco más de un 4% de los fondos, se eleve al equivalente a lo que supone el gasto local dentro de todo el gasto público total.

«Los 500 proyectos ejecutables que el agua urbana tiene en cartera no acaban de encontrar su sitio en la reconstrucción española»

Es decir, que puedan gestionar, al menos, un 14,6% (20.000 millones de euros), que equivale al porcentaje de gasto público que representan las entidades locales dentro del gasto público de la nación.

Sea a través de los ministerios, que en las 12 convocatorias de expresiones de interés que ha lanzado no ha tenido en cuenta el papel del agua como combustible transversal para la reconstrucción, de las comunidades autónomas, o de los ayuntamientos, lo cierto es que los 500 proyectos ejecutables que el agua urbana tiene en cartera no acaban de encontrar su sitio en la reconstrucción español pese a que los operadores del agua urbana encajan perfectamente con los objetivos trasversales marcados para la reconstrucción, digitalización, cohesión y empleabilidad, transición ecológica y resiliencia.

Las empresas del sector tienen capacidad, expertise y conocimiento tecnológico para ejecutar inmediatamente proyectos tractores; ahora tendrán que buscar sus partner para formar sobre el terreno esos PERTE que permitan canalizar las subvenciones y financiación que permita la ejecución en tiempo y forma de los proyectos asignados.

A falta de sorpresas de última hora, de mano de autonomías o ayuntamientos, lo que sí se sabe por boca del asesor del Gabinete del secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Manuel Menéndez, es que los 1.100 millones de euros del Fondo de Reconstrucción Europeo, Next Generation, atribuidos a la Dirección General del Agua no se licitarán a través de la nueva figura para la colaboración público-privada, los PERTE, sino que los ejecutará directamente la administración para, en teoría, garantizar su ejecución en el tiempo y forma que establece la propia Unión Europea, para completar la depuración pendiente en España, la restauración ambiental y la mejora de presas.

Así las cosas, parece que la reconstrucción en seco se consolida pese a la necesidad de realizar inversiones en infraestructuras para conseguir el equilibrio hídrico, siendo además una condición indispensable hoy día realizarlas siempre de forma sostenible y digital.

Una inversión infraestructural que tiene que estar unida a un nuevo modelo de gestión basado en la economía circular, la digitalización y la lucha contra el cambio climático para avanzar en un nuevo modelo de gestión del ciclo urbano del agua que impulse la ruta hacia ciudades más resilientes que puedan hacer frente a los retos ambientales actuales aplicando tecnologías que consigan mejorar el medio ambiente y, sobre todo, mejorar el bienestar de las personas.