Galicia, la comunidad de los 10.000 ríos, sufrió en 2017 los estragos del año más seco de su historia.
Una sequía que llevó al nivel de alerta, y casi de emergencia, a la demarcación hidrográfica del Miño-Sil con unas lluvias registradas que se quedaron en un 65% por debajo de la media y en seis de las 18 zonas que integran la demarcación hidrográfica de Galicia-Costa, con un caudal también inferior al 80% .
Entonces, apenas dos años atrás, ninguno de los municipios de más de 20.000 habitantes contaba con Planes de Emergencia frente a la Sequía pese a ser obligatorios desde 2001. Una situación que la Xunta pretende resolver antes de 2021 a través de la Ley de Garantías de suministro de agua en época de sequía, actualmente en fase parlamentaria.
Más allá de subsanar la falta de Planes de Emergencia frente a sequías la Ley pretende reducir a la mitad las fugas de agua que se producen en las redes de distribución y abastecimiento, que la propia Xunta estima en torno al 40%, por culpa del mal estado de las infraestructuras.
La Xunta obligará a los concellos a instalar contadores que midan el caudal en el punto de captación y en los puntos de suministro para disponer así de información precisa de los volúmenes de agua consumidos y calcular las pérdidas. Además, deberán realizar una auditoría de sus infraestructuras hidráulicas en el plazo de dos años y otro año más para ejecutar las obras necesarias para solucionar las deficiencias.
Una de las características del territorio gallego es su elevada dispersión urbana. Galicia apenas supone el 6% de la superficie y de la población de España pero tiene 30.246 núcleos de población, casi la mitad de los que hay en España. Ello hace especialmente compleja la gestión, el tratamiento y la depuración de las aguas residuales, incluso en aquellos concellos de más de 2.000 habitantes.
Teresa Gutiérrez, ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, y vinculada a la gestión del agua en la comunidad gallega desde el año 2003, vivió muy de cerca aquella preocupante situación y hoy, al frente del organismo público Augas de Galicia, comparte para El Ágora el estado de situación del Ciclo Integral del Agua en Galicia.
“Uno de los principales problemas que tenemos es la falta de conocimiento», afirma Gutiérrez, «no sabemos el consumo real de los distintos segmentos de consumidores, ciudadanos, industria, agricultura o ganadería porque no hay una red de contadores en los puntos de captación”.
Esto dificulta conocer las condiciones reales de las distintas infraestructuras de la red de distribución, cuantificar las fugas y hasta fijar las necesidades de depuración.
“En las 29 depuradoras que gestionamos directamente desde Augas de Galicia recibimos el triple del caudal establecido en su puesta en marcha, por lo que hoy por hoy las instalaciones están infradimensionadas”, señala Gutiérrez.
Las 29 depuradoras que gestiona directamente la Xunta suponen un coste anual de cerca de 13 millones de euros que el Gobierno autónomo
Uno de los ejes de la Ley de Sequía es forzar a todos los municipios a elaborar los preceptivos Planes de Emergencia que suponen tener un diagnóstico: saber de dónde se abastecen todos los vecinos y usuarios, cómo están esas redes de distribución y saneamiento y planificar cómo mejorarlas.
Permitirán además, definir los indicadores que marcarán la entrada en una situación de peligro. Y ante una situación de sequía, tener definido qué soluciones se van a poner en marcha.
Para incentivar el diseño de los planes, este año 2019 la Xunta aprobó una línea por importe de 250.000 euros, una partida que se quedó pequeña tras la recepción de 86 solicitudes por lo que en 2020 volverá a sacar la línea de ayudas ampliada.
Pero además, los ayuntamientos, recalca Gutiérrez, tienen que tomar las riendas del control de su red de abastecimiento y de sus consumos y para ello es crucial y será obligatorio que todos instalen contadores en todos los puntos de captación de agua para identificar las fugas y reducirlas a la mitad.
De hecho la Xunta penalizará a los concellos que superen el 20% de fugas en la red.
La Directora de Augas de Galicia afirma que lo cierto es que “los municipios fuera de las grandes ciudades, sobre todo en el rural, no tienen capacidad para gestionar su propio sistema. Cuando tienen los servicios externalizados los Concellos no controlan la concesión. Y cuando el servicio está municipalizado la estructura de gestión se limita a un fontanero o un electricista que no tienen forma de controlar la red de distribución ni la depuración”.
Un reciente informe de la Agencia ha evidenciado que en los últimos años, Galicia duplicó su capacidad de depuración de aguas residuales. Solo en las 29 depuradoras que gestiona la Agencia se triplican los caudales establecidos en su puesta en marcha, lo que condiciona la calidad del agua en ríos, rías y el litoral gallego.
La mitad de las depuradoras que gestionan directamente los concellos tienen deficiencias, en muchos casos por un mantenimiento insuficiente (27%) o falta de control en el proceso (35%).
Esto hace que en el 18% de las masas de agua hay vertidos industriales, en un 34% de las masas hay contaminación marina y un 29% presentan infiltración por aguas fluviales.
Tras las conclusiones del informe “Problemática e situación actual da prestación dos servizos de saneamento en Galicia”, la Consellería de Infraestruturas y el ente Augas de Galicia exploran una fórmula que permita una gestión más eficiente de las instalaciones del ciclo integral del agua para optimizar los recursos de las distintas administraciones y lograr buenos niveles de calidad en el servicio.
Esta fórmula, conocida en Galicia como el “Sogama del Agua” se ha inspirado en el estudio de los diferentes modelos que hay en el sector como Promedio, Consorcio de Asturias, El Canal de Isabel II o el modelo de Vizcaya, con el fin de ofrecer a todos los concellos un modelo de gestión voluntario que les permita acceder a paquetes de servicios que abarcan desde depuración a mantenimiento de la red o la propia gestión de la red de distribución.
El organismo licitaría paquetes de gestión ad hoc abiertos a los distintos operadores del sector del agua.
Este consorcio salvaría las dificultades del rural gallego de crear estructuras supramunicipales, ofrecería diferentes paquetes de gestión siempre desde el principio de la recuperación de costes y amparado por el principio de solidaridad, “porque la repercusión del coste de distribución, mantenimiento de la red y depuración, o reutilización es asequible en municipios grandes pero inasumible en el rural gallego por lo que hay que diseñar el propio sistema desde la aplicación de las economías de escala en el ámbito tarifario”, insiste la directora de Augas de Galicia.
Recalca que “con esta fórmula queremos salvar la resistencia de los municipios a asumir su deber de gestionar el funcionamiento de las depuradoras, debido a su complejidad técnica y su elevado coste económico, que es un obstáculo para lograr el saneamiento de las aguas gallegas”.
“El agua en sí, como recurso, no tiene precio pero la red de distribución, su mantenimiento y el saneamiento cuestan mucho y los Concellos tienen que mentalizarse de que es su competencia y su responsabilidad y nadie va a venir a hacerles el trabajo”. Y la financiación, insiste Gutiérrez, desde la premisa de que el que contamina paga, debe cubrir los tres ejes.
Hay mucho que hacer en la gestión del agua en Galicia, lo primero conocer la realidad de las necesidades, la oferta y la demanda y para eso son necesarias las auditorias que prevé la Ley de Garantías de suministro de agua en época de sequía.
“Galicia no puede permitirse situaciones como las de 2017 donde algunos concellos llegaron a no garantizar el consumo humano de agua y hay, además, sistemas más vulnerables». Así se refiere Gutiérrez a que en 2017 en Vigo además de comprometerse el suministro se vió afectada la calidad sanitaria del agua ya que el embalse de Eiras estaba «casi al 40%» de agua y la concentración de metales exigió «un mayor tratamiento», en lo que identifica con la necesidad de «actuar en la calidad de las potabilizadoras».
En ese sentido, a nivel de infraestructuras Galicia cuenta en la zona norte con un sistema reforzado de conexión de cuencas con masas de agua de calidad como el Lago Meirama y el embalse de Cecebre.
La zona de Rías Baixas y Pontevedra no está en riesgo por la conexión del embalse del río Umía para dar servicio a Arousa y hay que reforzar el sistema para abastecer Pontevedra.
Sin embargo, Augas de Galicia se muestra preocupada por el sur de Vigo. Para este caso está prevista la firma de un convenio entre la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y el concello de Vigo para estudiar ese sistema y buscar una alternativa.
Gutiérrez prevé que “habrá que hacer infraestructuras, pero como el recurso existe -el agua-, la tecnología también existirá para garantizar el agua a los once ayuntamientos de la zona”. En el resto de Galicia también se estudian los sistemas de abastecimiento y trabajan diferentes medidas para reforzarlos.
El precio del agua
En el gasto de agua por habitante y día es de 138 litros, dos por encima de la media nacional.
Galicia se sitúa, en el conjunto de las comunidades, como la sexta con mayor consumo en los hogares por persona. A la cabeza figura la Comunidad Valenciana, con 163 litros por persona. Navarra y País vasco, con 112 litros por persona, son las que tienen el menos consumo.
Los costes medios del agua distribuida por las redes, en el conjunto de España, se sitúa en los 1.95 euros el metro cúbico. Ese coste promedio en Galicia baja a 1,24 euros. Es el tercero más barato de las comunidades. Solo están por debajo La Rioja, 1,17 euros y Castilla y León, 1,16 el metro cúbico. El agua más cara se paga en Cataluña y Murcia, con 2,69 y 2,61 €.
