El agua es un elemento indispensable para la vida, por eso, desde los anales de la historia, el acceso al agua potable se ha utilizado como un arma más en la guerra.
Un arma mucho más letal que las balas, los misiles y las bombas. En conflictos como el de Siria se están utilizando bienes tan esenciales como el agua para hacer sufrir a millones de civiles.
Los depósitos y cañerías son algunas de las infraestructuras que más sufren los efectos de bombardeos y enfrentamientos. A veces, la destrucción de un depósito puede dejar a una ciudad sin agua potable durante semanas enteras.
En esta situación, y teniendo en cuenta que un ser humano no puede pasar más de unos días sin beber, miles de niños y familias en Siria se ven obligados a beber agua sucia, incluso a arriesgar su vida para conseguirla.
Por ejemplo, durante el asedio a Raqqa, sus habitantes estuvieron más de 60 días sin suministro de agua y luz. La única fuente de agua disponible se redujo al río Éufrates y, para llegar hasta él, tenían que atravesar zonas de fuego abierto, según relata Unicef.
Esta realidad hace que el agua en España sea uno de los doce sectores estratégicos cuyas instalaciones e infraestructuras sensibles, más de 3.500, están protegidas en el Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas, calificado como secreto por cuanto comprometen la Seguridad Nacional.
Hablamos, de la energía, la industria nuclear, las tecnologías de la información, los transportes, el suministro de agua, el suministro de alimentos, la salud, el sistema financiero, la industria química, el espacio, los recursos y la Administración.
El Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas las define como “aquellas instalaciones, redes, servicios y equipos físicos y de tecnología de la información cuya interrupción o destrucción tendría un impacto mayor en la salud, la seguridad o bienestar económico de los ciudadanos o en el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y de las Administraciones Públicas”.
Así, las infraestructuras críticas son todos aquellos sistemas físicos o virtuales que facilitan funciones y servicios esenciales para apoyar a los sistemas más básicos a nivel social, económicos, medioambiental y político.
Una alteración o interrupción en su funcionamiento debido a causas naturales (por ejemplo: una inundación que afecta al suministro eléctrico) o provocada por el hombre (por ejemplo: un atentado terrorista o un ataque cibernético a una central nuclear o a una entidad financiera) podría conllevar graves consecuencias.
Las amenazas a las infraestructuras críticas podrían afectar a cualquier Estado al no poder continuar y desarrollar con normalidad las actividades básicas de la sociedad. Sin embargo, el problema empeora cuando una infraestructura crítica es dependiente de otra. La caída de una infraestructura crítica supondría la paralización o menoscabo de los servicios de ambas, por lo que la protección de estas adquiere mayor importancia.
Colaboración público-privada y responsabilidad compartida
Todas estas infraestructuras están especialmente protegidas y esa protección y la capacidad de respuesta frente a los ataques que puedan sufrir infraestructuras u operadores se asienta sobre la responsabilidad compartida entre todos los actores y la colaboración público-privada. Una estrategia integral de seguridad que, tal y como recoge la Ley que da vida al Consejo Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas se basa en presupuestos de confianza mutua.
El Real Decreto aprobado por el Gobierno para la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 contemplaba una obligación para los operadores de infraestructuras críticas de aseguramiento de la prestación de sus servicios, considerados esenciales. De esta manera, quedaron y aún siguen bajo supervisión y vigilancia del Ministerio del Interior.
Entre ellos figuran compañías, tanto públicas como privadas, de sectores como las telecos y las TIC, la energía (electricidad, gas y petróleo); industria nuclear; el sistema financiero; transporte (aéreo, carreteras, ferrocarril y marítimo); el suministro de agua; la alimentación o la salud.
Esta responsabilidad compartida y cooperación público-privada es imprescindible, tanto trabajar de forma coordinada en la protección de las infraestructuras críticas en todo momento como para planificar de forma escalonada las respuestas, para identificar, evaluar, prevenir y mitigar los riesgos a los que nos enfrentamos, desde la perspectiva más global y estratégica, hasta aquellos activos que se encuentren bajo la responsabilidad de un operador u organización. Este sistema se abordará a partir de un enfoque integral multirriesgo y homogeneizador.
Más allá de las medidas que doten a los activos críticos de una mayor seguridad, las políticas en materia de protección de infraestructuras críticas deberán promover las acciones necesarias con el fin de lograr un incremento de la resiliencia, de la capacidad de los sistemas que les permita seguir operando, pese a estar sometidos a un ataque o incidente, aun cuando sea en un estado degradado o debilitado. En este sentido, se debe contemplar la existencia de sistemas redundantes o aislados y la adecuada dotación de elementos de reposición.
Resulta esencial la existencia de una adecuada coordinación operativa entre las organizaciones responsables de la gestión de riesgos y la gestión de crisis.
El Foro Económico Global (también conocido como Foro de Davos) agrupa los riesgos de estas infraestructuras en cinco categorías: económicos, medioambientales, geopolíticos, sociales y tecnológicos.
Los económicos irían desde la hiperinflación a un cambio brusco de un recurso energético, pasando por burbujas de activos o tener un paro estructural desorbitado.
Entre los medioambientales destacan los efectos del cambio climático, pero podemos encontrar riesgos como un vertido tóxico, sequías, inundaciones o terremotos.
Los riesgos Geopolíticos son desde el colapso de un país a un conflicto armado -inter o intra estatal-, como también la proliferación de armas de destrucción masiva, entre otros.
Sociales, tanto crisis alimentarias o epidemias de enfermedades infecciosas, como la gran pandemia que aún asola al planeta o grandes migraciones forzosas.
Y finalmente Davos identifica los nuevos riesgos tecnológicos derivados de la interconectividad y dependencia tecnológica todos los actores están expuestos especialmente aquellos más modernos. El Foro considera, por poner algunos ejemplos, los efectos no deseados de mejoras tecnológicas, la caída de una infraestructura crítica o ciberataques a gran escala.
El cambio climático: el enemigo natural
El cambio climático puede tener efectos especialmente importantes en aquellas infraestructuras relacionadas con la generación y distribución de energía, la gestión del agua o el transporte.
El fenómeno amenaza el funcionamiento y la eficiencia de muchas redes de infraestructuras por el efecto combinado de su exposición a unas temperaturas más elevadas, a la inundación costera derivada de la subida del nivel medio del mar, a los cambios en los patrones de oleaje y en la frecuencia y magnitud de los temporales, a la alteración de los procesos de erosión fluvial y costera, a la intrusión salina en los acuíferos litorales, al descenso en las precipitaciones y en los recursos hídricos disponibles, a la mayor evapotranspiración, o al aumento de la torrencialidad y de la probabilidad de inundaciones fluviales.
La UE, un reciente estudio estimaba un aumento de diez veces en el riesgo de daños a infraestructuras críticas europeas para finales de siglo
Las funcionalidades de muchas de estas infraestructuras se ven hoy en día por los impactos del cambio climático, por ello es necesario incorporar a estas infraestructuras medidas de adaptación que las hagan resilientes a estos impactos y les permitan continuar realizando su función en estas situaciones extremas.
En España los recursos hídricos y la salud, los más amenazados
Los recursos hídricos y la salud, seguidos por las infraestructuras, son los ámbitos que sufrirán más el impacto del cambio climático en España, según el informe Impactos y riesgos derivados del cambio climático en España, elaborado en el marco del Proyecto LIFE Shara, promovido por la Oficina Española de Cambio Climático, con la colaboración del Basque Centre for Climate Change (BC3).
El informe prevé un aumento de la temperatura media del país entre 2 y 6,4 grados centígrados en el presente siglo y, como documento de apoyo a los Planes Nacionales de Adaptación al Cambio Climático, identifica 73 riesgos provocados por el calentamiento global en 10 categorías: recursos hídricos, el medio marino, la salud, el turismo, los ecosistemas terrestres, las costas, la energía, la agricultura y la ganadería, las áreas urbanas y el transporte. De ellos, 34 riesgos requieren una actuación urgente, aplicando nuevas medidas o impulsando la investigación para identificar soluciones.
En lo que se refiere a los recursos hídricos, el informe identifica 9 riesgos de alto impacto, de los que seis requieren la adopción de medidas urgentes: la reducción de los caudales de los ríos, la pérdida de biodiversidad de especies de agua dulce, la disminución de la disponibilidad de recursos hídricos, tanto para abastecimiento y consumo humano, como para uso agrícola e industrial; el incremento del riesgo de inundaciones, y una mayor eutrofización, que comprometerá la calidad de las masas de agua.
Unos datos que contrastan con la escasa inversión en esta materia prevista en los planes de reconstrucción y resiliencia, que limitan a 1.100 millones de euros las actuaciones previstas a corto plazo, con el foco puesto únicamente en el cumplimiento de la Directiva Marco de Agua en lo que a saneamiento y depuración se refiere.
