El año 2020 y la pandemia de coronavirus han pillado a casi todo el planeta con el paso cambiado, pero en América Latina la situación es especialmente complicada. Muchos de los países de esta región son especialmente vulnerables al cambio climático, como demuestran las consecuencias cada vez más desastrosas de inundaciones, sequías o fenómenos meteorológicos como los huracanes. La COVID-19 no ha hecho más que profundizar en esa brecha climática, que afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables en la región y pone sobre la mesa la necesidad de reconstruir la economía desde un enfoque sostenible, que equilibre desigualdades y ayude a afrontar los retos climáticos del continente.
Las previsiones no son optimistas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL) advierte que la pandemia provocará una contracción del 9% del PIB de América Latina y Caribe este año, una debacle económica y social que podría destruir 8,5 millones de empleos. Y, según un informe elaborado por este organismo y la OCDE, la situación es particularmente difícil para el 40% de los trabajadores que no tienen acceso a ninguna forma de ayuda, en unos meses en los que el daño al tejido productivo puede provocar el cierre de 2,7 millones de empresas.
“Desde un punto de vista tanto social como económico, las previsiones son realmente alarmantes. Tanto en lo que respecta al aumento de la extrema pobreza, el desempleo, la caída del PIB... La crisis que se avecina va a ser probablemente la peor de la historia y eso que esto todavía no ha concluido”, vaticina Carlos Malamud, catedrático de Historia de América de la UNED e investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano. Aún así, algunas instituciones internacionales piden mirar más allá de la crisis actual y planificar desde ya una reconstrucción que puede ser al mismo tiempo complicada y clave para el futuro de muchos países de la región.
“Hoy, la mayoría de las economías de la región enfrentan dos desafíos centrales: recuperarse de una recesión económica severa mientras encaran las transformaciones estructurales necesarias para un crecimiento inclusivo y un desarrollo sostenible que ofrezca a todos vías para salir de la pobreza”, asegura Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Pero, para lograrlo, según explica este economista colombiano, son necesarios “programas de recuperación de COVID-19 que prioricen la productividad, la inclusión y la resiliencia”, lo que conducirá “a una mayor competitividad e innovación, y a reconstruir la confianza en el gobierno y las instituciones”.
Transición energética
En este punto, será clave el sector de la energía, punta de lanza de la descarbonización en muchos planes verdes como el de la Unión Europea. Es cierto que, actualmente, si se toma Latinoamérica en su conjunto, ya se extrae la mayor parte de la electricidad de fuentes renovables. Sin embargo, la pieza más importante de este mix energético latinoamericano es la generación hidroeléctrica, que es cada vez más vulnerable a las variaciones provocadas por el cambio climático.
La solución a este dilema puede estar en la expansión de energías renovables como la solar o la eólica. Según un informe de la consultora internacional Ashurst, que recopila las opiniones de más de dos mil líderes empresariales de todos los países del G20, los inversores esperan que América del Sur sea una región de crecimiento líder para la inversión mundial en energías renovables en los próximos cinco años.
Pero hace falta voluntad política. En el Foro intercontinental sobre energía celebrado en septiembre y organizado por el Instituto de las Américas (IA), el secretario de Energía de Panamá, Jorge Rivera, destacó que la transición no es un proceso automático, sino que depende de “una decisión política y de las corporaciones del sector”. “Tenemos una gran oportunidad. Tenemos una agenda de transición energética para los próximos 10 años, alineada con los ODS, que incluye una serie de estrategias nacionales, descarbonización, digitalización, democratización energética. Tenemos mucho que hacer en transporte, industria, en los usos de energía”, indicó el político latinoamericano, según recoge la agencia IPS.
“La sostenibilidad dependerá de las medidas regionales, pero la región no tiene unas acciones regionales definidas. Si no analizamos el riesgo financiero y desarrollamos un modelo de financiamiento para renovables, veremos problemas de más incorporación de renovables. Tenemos que pensar en estrategias específicas, según el rol de cada sector”, planteó por su parte Alfonso Blanco, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade).
Un desfase entre países
Sin embargo, es importante señalar que, aunque a veces hablamos de América Latina como un ente homogéneo, en realidad existen tantos proyectos regionales como países, cada uno con sus propias prioridades. “Obviamente, lo que ocurre es que aquí las diferencias entre países son marcadas. Está por un lado un país como México que apuesta de una manera clara y descarada por los hidrocarburos y el potenciamiento de PEMEX, mientras que otros como Chile están optando de una manera clara por energías renovables y el hidrógeno verde”, apunta el profesor Malamud.
Efectivamente, Chile, que presidió la última edición de la COP celebrada en Madrid, se está situando como el líder regional en materia sostenible. Su presidente, Sebastián Piñera, anunció en agosto un plan de inversión pública llamada “Paso a paso Chile se recupera”, que supondrá más de 34.000 millones de euros para ayudar en la reconstrucción y permitirá financiar proyectos que aceleren la transición hacia un desarrollo sostenible.
En este plan, según explicó la ministra chilena del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, el 30% de la inversión pública será destinada a proyectos con impacto social que contribuyan a mitigar y adaptar a Chile al cambio climático, en línea con los compromisos adquiridos en la actualización de Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), presentada en abril pasado ante la ONU. “Este plan no sólo permitirá recuperar nuestra economía de los efectos de la COVID-19, sino que también hace frente a la otra grave crisis global que seguimos viviendo y que no ha sido puesto en cuarentena: el cambio climático y la pérdida de biodiversidad”, aseguró Schmidt.
Sin embargo, y aunque hay otros países en la región como Uruguay y Costa Rica que tienen una apuesta clara por las renovables y el desarrollo sostenible, la tónica en muchos Gobiernos de América Latina dificulta esta reconstrucción verde. “La matriz energética pesa mucho: en países productores de hidrocarburos como Bolivia, Ecuador e inclusive Argentina es más complicado hacer esa transición ecológica por los múltiples intereses públicos y privados en juego”, apunta Malamud, que cree que lo único que podría inclinar la balanza del lado de la sostenibilidad es la dependencia de estas naciones de las inversiones de actores externos como el Banco Mundial, la Unión Europea y, sobre todo, EEUU.
“Las elecciones en Estados Unidos son clave. Si Donald Trump es reelecto seguiríamos en el mismo sentido actual de ‘business as usual’, con apoyo a los hidrocarburos, pero si gana Biden y hay una convergencia de proyectos entre la UE y EEUU en cuanto a políticas climáticas, los países latinoamericanos podrían verse obligados a sumarse para obtener recursos en forma de inversión extranjera”, concluye el profesor de la UNED, que considera que otros organismos como la CAF y el FMI, que cada vez apuestan más por la sostenibilidad, pueden jugar también un rol en ese cambio de paradigma.
