La pandemia de la COVID-19 está dejando graves secuelas, y tras esta segunda ola de contagios, España se sitúa como uno del países del mundo más afectados, tanto en el aspecto sanitario, como en el socioeconómico. La caída del turismo, la contracción del comercio internacional y del consumo interno por el cierre del canal HORECA, y los elevados datos de desempleo son síntomas de una economía técnicamente en recesión, al constatarse ya dos trimestres consecutivos de caída de Producto Interior Bruto.
Conscientes del impacto socioeconómico que nos dejará esta pandemia, el pasado mes de julio la Unión Europea estableció dos ejes de acción política para los próximos años: el Fondo de Reconstrucción y Recuperación Europeo, Next Generation, dotado con 750.000 millones de euros; y el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, el “Presupuesto” europeo, con un incremento de dotación hasta los 1.074 billones de euros.
El acuerdo del Consejo Europeo establece el objetivo de que, al menos el 30% de las ayudas del Fondo de Reconstrucción –del que España recibirá 140.000 millones de euros–, sean destinadas a actividades «climate friendly”, por lo que sólo será posible alcanzar este objetivo si en los planes nacionales de reconstrucción hay “un fuerte componente” climático.
De hecho, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española presentado esta semana por el Gobierno prevé invertir el 37% del fondo de reconstrucción post-covid a inversiones en materia de transición ecológica, una de las “políticas tractor para tirar de la economía nacional”.
Agua, combustible de las políticas tractoras del Plan España Puede
Y es aquí donde mana el agua, un recurso vital a la par que imprescindible para cualquier otra actividad económica. Un recurso gestionado por un sector que en España se alza como motor de la transformación y del que el país precisa para reconstruir la economía sobre las premisas de resiliencia, mitigación y adaptación al cambio climático, digitalización y economía circular.
Un sector que pide ser reconocido por el Gobierno de España para que privilegien “las inversiones que sean positivas para la transición ecológica y al mismo tiempo tengan un impacto macro económico importante a corto plazo”, incluida la creación de empleo.
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Y es que como señala el presidente de esta Asociación, Manuel Marchena, “invertir en agua sirve para cumplir los objetivos que exige Europa, contribuye a la política actual del Gobierno en cuanto a transición ecológica y, sobre todo, es necesario para asegurar el desarrollo socioeconómico cohesivo de pueblos y ciudades, aumentando su resiliencia ante los efectos del cambio climático en un entorno de crisis”.
Además destaca que la nueva estrategia de economía circular, “España Circular 2030”, incluye al agua entre las líneas políticas a abordar para el cambio hacia una mayor circularidad.
Por todo ello, y en aras a aumentar la resiliencia y la recuperación económica, las empresas públicas, mixtas y privadas del sector del agua urbana han realizado un estudio que agrupa un gran número de actuaciones dirigidas a cumplir con los objetivos medioambientales, y que ayudarán además a crear empleo y reforzar la cohesión territorial.
Se trata de más de 500 proyectos con un presupuesto que supera los 12.400 millones de euros, y que ven en los fondos europeos una oportunidad para comenzar la reconstrucción con la transformación hidrológica verde.
Destacan además los operadores del ciclo urbano del agua, a la cabeza del sector internacional, que cuentan con capacidad para canalizar inversiones en el corto plazo, reactivando la economía; y de hecho, en el conjunto de la economía nacional, estas actuaciones y otras inversiones infraestructurales reportarían un incremento del PIB de más de 1.800 millones de euros, con un mayor impacto sobre la economía local gracias a que buena parte de los agentes que participan en la inversión (construcción, metalurgia, etc.) tienen actividad a nivel nacional.
En el plano ambiental, estos proyectos además permitirían a España converger con el resto de economías avanzadas de Europa, contribuyendo a lograr los objetivos de la Agenda de 2030 de Naciones Unidas al verse reforzados cuatro pilares estratégicos: la reducción de fugas o pérdidas en el ciclo del agua urbano; la reducción del estrés hídrico como consecuencia de un uso más eficiente del agua; el fomento de la depuración terciaria y una mayor reutilización del agua; y alcanzar la neutralidad de carbono potenciando la cogeneración y el autoconsumo.
Las áreas de actuación planteadas por el sector para su incorporación al Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española se centran en áreas estratégicas clave: la resiliencia de las ciudades, la economía circular, la mejora de la calidad de las masas de agua, la eficiencia energética, la energía renovable, el control y la digitalización, la desalación, el drenaje urbano sostenible, la reutilización y la eficiencia en el uso del agua.
La propuesta de actuaciones constata la especial importancia de la resiliencia para el sector del agua urbana, puesto que suma un montante que supone casi el 40% de las inversiones propuestas por las distintas empresas del sector: 4.618 millones de euros sobre un total de 12.061 millones de euros.
Resiliencia
El cambio climático es una realidad que se aprecia de forma cada vez más clara en el día a día de los ciudadanos. Los impactos del cambio climático en el ciclo del agua tienen repercusiones muy importantes sobre todo el territorio en el ámbito económico, social y ambiental. Por ello, la gestión de los riesgos que afectan las infraestructuras en este sector y el desarrollo de capacidad de adaptación son determinantes para el progreso de las ciudades y el bienestar de los ciudadanos.
El servicio de agua urbana tiene que adaptarse a los extremos y prepararse tanto para abastecer a los municipios en periodos de sequía prolongada, como ser capaces de evitar graves incidentes y fallos de suministro en periodos de grandes tormentas e inundaciones.
En este sentido, las empresas públicas, mixtas y privadas proponen emplear los fondos europeos para acometer la renovación de infraestructuras obsoletas, tanto de abastecimiento como de saneamiento; realizar nuevas conexiones de aducción y sistemas de abastecimiento redundantes, que aumenten las opciones de abastecimiento a un municipio determinado en caso de avería; extender el desarrollo de una red mallada de tanques de tormenta al conjunto del país, o para tener disponible una red de pozos de emergencia como alternativa a otras captaciones.
Circularidad
Para avanzar en circularidad del sector apuesta por la generación de energía, reutilización del agua y valorización de los residuos resultantes de la depuración.
Entre las actuaciones que están en disposición de acometer
las empresas abogan por usar los fondos de Europa en la instalación de sistemas de digestión y cogeneración en depuradoras; generación de biocombustible con destino a flota de vehículos municipales; instalación de cargadores para vehículos eléctricos aprovechando la energía producida en EDAR; instalación de plantas de aprovechamiento de fangos, compostaje y abono para agricultura….
Todos estos proyectos se orientan al máximo aprovechamiento de los recursos dentro de la gestión del ciclo del agua urbana, que se suma a la tradicional preocupación por mejorar la calidad de las masas de agua, tratando de garantizar que cuando el agua utilizada es devuelta a su cauce, ésta regresa con unos elevados parámetros de calidad.
Tras la transición ecológica el Plan de reconstrucción nacional destaca como segundo pilar para la recuperación económica la digitalización, uno de los ejes transversales al que se destinará el 33% de los fondos disponibles.
En este aspecto los operadores del ciclo urbano del agua están a la cabeza internacional en los que a soluciones digitales se refiere, no solo aplicables al ciclo del agua urbana sino exportables a la Agenda Urbana y capaces de proporcionar herramientas de alerta temprana, control y desarrollo de verdaderas ciudades inteligentes al servicio de la sociedad.
Tecnología e innovación son requerimientos imprescindibles para afrontar la nueva realidad de las ciudades, caracterizadas entre otros aspectos por una excesiva impermeabilización, que provoca que cuando se producen fuertes lluvias, el agua no pueda evacuarse hacia los cauces.
Por eso han surgido los sistemas urbanos de drenaje sostenible, elementos (estanques de retención, humedales, parques inundables, zanjas, estanques y pozos de infiltración, áreas de bio-retención) que tienen como objetivo mejorar la permeabilidad del entramado urbano y facilitar la evacuación de los caudales. Soluciones basadas en la naturaleza que los gestores de agua urbana se encuentran en disposición de implementar, y que en un contexto de crisis climática se hacen extremadamente necesarios.
Regadíos
En esta transformación verde del agua los principales usuarios del recurso, los regantes, también piden un Plan Nacional de Infraestructuras Hídricas en el programa que España presente a Bruselas para optar a los Fondos de Reconstrucción.
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) defiende la necesidad de un plan que “serviría para hacer frente a las sequías e inundaciones cada vez más frecuentes derivadas del cambio climático” y apunta que, igual que se han elaborado planes estatales de carreteras o de infraestructuras ferroviarias, su propuesta apostaría por aunar ingeniería y técnica para prevenir los efectos negativos de las lluvias torrenciales, convirtiéndolas en recursos para las cuencas deficitarias.
ODS 17: Alianzas para garantizar en una reconstrucción sólida
El sector del agua favorece en definitiva el desarrollo de modelos de colaboración público-privada que permitirían acometer proyectos cuya financiación y riesgos asociados no descansarían enteramente en las cuentas públicas, lo que podría acabar provocando cierta parquedad inversora, máxime cuando hablamos de un recurso, el agua urbana, de competencia municipal.
En este sentido, los gestores del ciclo urbano del agua coinciden la necesidad de arbitrar nuevos modelos de acceso a estos recursos financieros provenientes de los fondos europeos, diferentes a los clásicos de licitación, concurso, adjudicación y ejecución, por la celeridad que exige la recuperación y el control de los propios fondos disponibles. Y apuntan a fórmulas de colaboración público-privada que, en la línea que apunta la CEOE, se abonen mediante líneas subvencionables u otras fórmulas.
De manera que el anuncio realizado esta misma semana por la vicepresidenta Carmen Calvo de aprobar un Real Decreto Ley mediante el cual el Gobierno, y dada la urgencia de la situación, modificará la Ley de Administración General del Estado, con el objetivo de “modernizar” la administración y “aligerar” sus procedimientos. Además, ha señalado que se reformarán también las leyes de contratos del Estado, la ley presupuestaria, la de subvenciones y la del régimen jurídico del sector público.
La captación de fondos europeos debe tener como eje prioritario la realización de las políticas hidráulicas pendientes desde hace años en Europa, y en especial en España, y como una estrategia de adaptación a la nueva situación climática, esencial para desarrollar al máximo la economía circular y evitar tragedias como las sufridas hace poco más de un año a consecuencia de las lluvias torrenciales (DANA), aprovechando el potencial de empresas y profesionales.
Solo así será posible garantizar la responsabilidad ambiental y desarrollo de un futuro mejor para las generaciones venideras, asegurando empleo estable, duradero y de calidad.
