El valor del agua, ese intangible que determina cómo se gestiona y reparte un recurso cada vez más escaso y al tiempo más esencial para la salud, el desarrollo sostenible y la dignidad de la sociedad, es el lema bajo el que hoy conmemoramos el Día Mundial del Agua.
Un valor, el del agua, que en España apenas llega al 1,2% de los 140.000 millones de euros con los que el país contará para la reconstrucción nacional de la economía, asolada por el paso de la pandemia de la COVID-19.
1.700 millones de euros para invertir en el ciclo integral del agua español que se reparten en tres ejes estratégicos. 800 millones de euros se destinarán en los próximos años a la recuperación y restauración fluvial, para devolver la salud a nuestros ríos y acuíferos, de los que más del 40% presentan un mal estado de calidad, y para prevenir el riesgo de crecidas e inundaciones, que serán cada vez más frecuentes debido al cambio climático, según los modelos de proyección meteorológica.
En este apartado las inversiones se llevarán a cabo en infraestructuras hidráulicas, para hacerlas más resilientes, y en soluciones basadas en la naturaleza, como la recuperación de las riberas, que ayudarán a minimizar la exposición al riesgo de inundación, el fenómeno natural que más daños causa en España.
En las últimas dos décadas han provocado más de 300 muertes, y anualmente generan pérdidas de 800 millones de euros. Esa es la media anual, porque solo el temporal que azotó el Levante peninsular entre el 4 y el 10 de septiembre de 2019, provocó siete muertes y cuantiosos daños en infraestructuras y viviendas, elevándose el coste del desastre a más de 2.150 millones de euros.
Según los expertos la virulencia de esta DANA reflejó una tendencia a largo plazo en España: la lluvia intensa lleva aumentando desde mediados de siglo en partes del sur y este del país.
Son precisamente las tormentas y sus consecuencias las que hacen que España escale seis puestos en el ranking y ocupe el número 32 de países más afectados por los fenómenos meteorológicos extremos, lo que significa un avance significativo en los últimos dos años, ya que en 2017 ocupaba el 47.
En palabras de Teresa Ribera, Ministra de Transición Ecológica “el dinero mejor invertido es el que se destina a la prevención y a construir mayor resiliencia”, pero no parece que 800 millones de euros vayan a ser suficientes para resolver el desafío.
“El dinero mejor invertido es el que se destina a la prevención y a construir mayor resiliencia”
Lo que sí parece que resolverá otro gran desafío español relacionado con el valor del agua es el del saneamiento, que a España le cuesta en multas 20 millones de euros anuales, por los más de 500 expedientes de sanción que Bruselas nos ha impuesto por incumplimientos de la Directiva Marco del Agua en esta materia.
El saneamiento es pues la segunda línea de inversiones para la reconstrucción del agua. Serán 650 millones de euros con los que el Gobierno quiere dar carpetazo a esta maloliente asignatura pendiente de la depuración.
Con especial atención y apoyo a los municipios de menos de 5.000 habitantes equivalentes, donde las carencias en un saneamiento adecuado son más sangrantes y donde la capacidad financiera para acometer las inversiones necesarias es más limitada. Serán de momento cien millones para este grupo de entes locales; el resto para obras declaradas de interés general pendientes de ejecución.
La última partida destinada a la reconstrucción hídrica será la que financie el Plan Nacional de Digitalización de la Administración del agua. 250 millones de euros para anticiparse a las necesidades de información y transparencia que introduce la nueva directiva europea de calidad del agua para uso humano y el registro electrónico de derechos de agua que controle dónde va cada gota que extraen los 500.000 aprovechamientos de agua que hay en España.
En realidad una reconstrucción pública, ya que el 100% de los proyectos financiados por el Plan de reconstrucción y resiliencia los ejecutará la Administración, sin que el sector privado del ciclo integral del agua tenga parte ni PERTE (nueva fórmula de colaboración público-privada, los PERTE, que se habían conformado como la figura principal para la ejecución de los proyectos previstos en el Plan de Recuperación que reflejen en el ámbito nacional los proyectos importantes de interés común europeo) en la misma.
Una oportunidad perdida
A la vista de las cifras comprometidas para la reconstrucción, poco vale el agua en España, un país que necesita 2.500 millones de euros anuales de inversión solo para mantener las infraestructuras hidráulicas ya existentes y adaptarlas al cambio climático, para seguir garantizando la seguridad hídrica.
Oriana Romano, jefa de la unidad de Gobernanza del Agua y Economía Circular de la OCDE afirmaba esta semana que la inversión tiene que ir adecuada al riesgo hídrico, y deben combinarse estructuras grises con soluciones basadas en la naturaleza y estrategias de gestión del agua integrales para garantizar la seguridad hídrica para todos los usos.
[moreinfo1]España cuenta con ventaja en ese camino hacia la seguridad hídrica. La innovación y el desarrollo de las grandes ingenierías nos han permitido ser capaces de almacenar más del 50% de nuestro recurso superficial.
Somos pioneros en el desarrollo en un regadío moderno, sostenible y eficiente que convierte cada gota en alimento, y en el ámbito de la gobernanza, hemos diseñado y puesto en práctica un concepto de gestión integral por cuenca hidrográfica y hemos creado la agencia de cuenca más antigua del mundo.
En España existen actualmente 1.230 presas, que tienen una media de edad que supera los 50 años, y no están adaptadas a las condiciones del cambio climático. Aunque en las próximas semanas se espera la aprobación de las nuevas normas técnicas de seguridad para presas y embalses, queda por ver con qué fondos se asumen las modificaciones requeridas para cumplirlas.
Si bien el 12% del Plan de reconstrucción nacional se destinará a inversiones para infraestructuras que redunden en una mejora de la resiliencia, no parece que entre esa partida haya fondos para las infraestructuras hidráulicas. Tampoco para las del ciclo urbano del agua, donde España invierte el 27% de lo necesario para renovar la red de agua, y donde los operadores han formulado hasta 500 proyectos por un valor estimado cercano a los 12.400 millones de euros, con la firme convicción de que es necesaria la colaboración entre empresas y administraciones, tal y como señaló el propio presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, en la presentación de su plan de reconstrucción. Unas alianzas y una colaboración público-privada que no encontramos en la reconstrucción del agua.
La propuesta de los gestores del ciclo urbano se centra en la capacidad de los recursos hídricos para ser el motor que impulse el resto de las políticas tractoras que saquen a España de la crisis post-pandémica.
De hecho, más del 35% de los proyectos propuestos se orientan directamente a trabajos relacionados con el aumento de la resiliencia de las ciudades; y estos más de 500 proyectos también servirían para mejorar la calidad de las masas de agua, aumentar la circularidad de la economía, hacer hincapié en la eficiencia en el uso del agua, aumentar la capacidad de desalación y reutilización, avanzar en técnicas de drenaje urbano sostenible (TDUS), implementar más control mediante la correspondiente digitalización y, por supuesto, profundizar en la eficiencia energética y el uso de energía renovable.
Quizá la excusa del Gobierno, expresada por el propio director general del agua, Teodoro Estrela, para justificar el nulo peso, traducido en valor, del agua urbana en los Planes de Reconstrucción, sea que se trata de un bien de dominio público de competencia local, y al haber más de 8.000 municipios en España, existen más de 8.000 posibles reguladores del servicio y 8.000 posibles “inversores” para la reconstrucción en materia hidráulica. Pero en ningún caso justifica la situación.
Una reconstrucción en seco
De momento el agua urbana no vale nada para la reconstrucción. Esta será una reconstrucción en seco, que se queda en la gestión en alta y no llega a las ciudades. Habrá que esperar a la siguiente reconstrucción para mantener nuestras urbes hidratadas.
Fuera de la política el agua fluye de diferente manera, y aunque sea difícil que la sociedad se conciencie del valor holístico y esencial del recurso hídrico con el escaso peso que tiene en las inversiones previstas, sigue siendo el alimento que más consumimos, pero a que, como muchos señalan, también es el que menos conocemos. Quizá el alimento más controlado y con más garantías de calidad y salubridad especialmente cuando es del grifo.
Un elemento que hemos descubierto durante la pandemia, que llega a nuestras casas gracias al esfuerzo y compromiso de un sector que ha demostrado su esencialidad durante lo peor de esta crisis sanitaria; que nos ha permitido contar con la mejor receta de salud, lavarse las manos, el método de alerta temprana más efectivo, el control de la covid-19 en aguas residuales y la herramienta de recuperación más necesaria, aunque quizá esto último nos haya quedado pendiente.
A falta de inversión, la ciencia, la conciencia, la confianza y la buena gobernanza serán quienes nos ayuden a avanzar, más lentos pero seguros, hacia ese Objetivo de Desarrollo Sostenible nº6 que garantice el acceso al agua y el saneamiento hoy, mañana y siempre. Porque un 80% de nosotros somos agua y sin ella no somos nada. Por eso vale tanto, aunque nos cueste reconocer su valor.
