Francia ha vivido este verano dos de las olas de calor más graves de las registradas hasta ahora. Y una vez pasado el calor, queda la evidencia de la sequía que desde 2018 afecta al país vecino.
Una sequía que impacta al 95% de los departamentos metropolitanos galos: 87 están afectados por restricciones de consumo solo a usos prioritarios y 41 están en crisis.
Este panorama ha llevado al Ministro de Transición ecológica de Francia, François de Rugy, a afirmar que «las consecuencias del calentamiento global ya son perceptibles, especialmente en los recursos hídricos a través de episodios de sequía cada vez más intensos. Debemos dejar de considerar el agua como un recurso y trabajar ahora para adaptar nuestro país a estas nuevas limitaciones».
Y con este mandato todas las partes interesadas en la gestión del agua: autoridades locales, empresas, organizaciones agrícolas profesionales, asociaciones de protección de la naturaleza, asociaciones de consumidores e institutos de investigación han trabajado durante ocho meses para alcanzar un Pacto Nacional del Agua que consensúa 23 soluciones concretas para enfrentar los desafíos de la gestión del agua frente al cambio climático.
Manuel Marchena, presidente institucional de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) ha analizado para El Ágora el Pacto del Agua francés.
Una de sus primeras reflexiones es que “un gobierno europeo como el francés, tan intervencionista, no haya abierto el debate y tomado esta decisión hasta que no ha tenido el problema, la tremenda sequía y la materialización del cambio climático encima”.
Esa es la primera lección para un país como España,” más acostumbrado a la sequía donde no es viable ya una reflexión sino que requiere de una acción urgente para adaptar la gestión del agua al déficit creciente que vendrá con el cambio climático”.
Para implementar estas acciones, las agencias de agua francesas proporcionarán un apoyo financiero de 5.100 millones de euros durante el período 2019-2024, con tres objetivos concretos: proteger las captaciones de agua potable para garantizar la calidad del recurso en la fuente de origen; ahorrar y compartir mejor el agua para preservar un recurso vital y buscar soluciones en la naturaleza para recuperar los ríos y humedales.
A partir de 2020, el Gobierno francés aumentará su apoyo a la agricultura ecológica y, en general, todas las tasas de contaminación difusa contribuirán a la transición agroecológica.
No es la primera vez que Francia hace alarde de eficacia a la hora de establecer prioridades en los acuerdos nacionales para la gestión de sus recursos hídricos.
Ya en 2017 se alcanzó un consenso en torno a 17 medidas que movilizaron a actores públicos y privados para impulsar la inversión en los territorios a fin de reducir las fugas de agua y mejorar la gestión de la red.
Francia apuntaba pérdidas importantes: uno de cada cinco litros se perdía en las redes de agua, lo que arrojaba una cifra de rendimiento del 79,6%. Para mejorar la gestión y reducir las fugas se aceleró la renovación de las instalaciones de agua y se redujo a la mitad la duración del ciclo de renovación de las tuberías.
Para ello la dotación presupuestaria en estas infraestructuras pasó de 36.000 millones de euros a 41.000 para el periodo 2019-2024.
Eso sí apostando por el principio de recuperación de costes que en Francia alcanza el 86%, muy cerca al 90% que establece la Directiva Marco del Agua y muy lejos del 60% de la recaudación de las tarifas en España que se destinas a las inversiones de la política del agua.
Una vez solventadas las infraestructuras, Francia afronta el reto de adaptarse al cambio climático con otras 23 soluciones que afectan a todos los usos del agua y un paquete presupuestario para asegurarse su consecución.
Para Marchena lo más importante de las iniciativas francesa es su transversalidad, afectan a todos los usos y en la toma de decisión han participado todos los agentes industriales, urbanos, públicos, medioambientales y agrarios. Y, sobre todo, “van respaldadas con un plan transversal de ejecución cuantificado en 5.100 millones de euros”.
Las medidas propuestas por Francia van muy enfocadas a la mejora de la demanda, reducir los consumos y la eficacia en todos los usos como un elemento troncal, “pero aquí destaca que no se huye de lo que ha sido la nueva cultura del agua como un elemento imposible de tocar o un enigma que no se plantea: la inversión infraestructural”.
“El cambio climático requiere gestión de la demanda e inversiones. Desaladoras, trasvases, mejorar la eficiencia de los embalses, minimizar las fugas,….buscar soluciones solo del lado de la oferta ya está superado y en toda Europa es fundamental buscar la eficacia del ciclo mediante la renovación de infraestructuras”, afirma Marchena.
España es un ejemplo, ya estamos penalizados por la Comisión Europea por la falta de infraestructuras en la depuración de los medios rurales que hace que no podamos cumplir con la calidad de las masas que exige la Directiva Marco del Agua.
Proteger y restaurar la calidad de las masas de agua
La degradación de los recursos hídricos por la contaminación difusa, como nitratos y pesticidas, requiere el establecimiento de tratamientos que cuestan entre 500 millones y 1.000 millones de euros al año.
Por lo tanto, restaurar la calidad del agua en la fuente es una prioridad para garantizar la calidad del agua potable y limitar el uso de tratamientos antes de la distribución.
Francia quiere que sus 1.000 cuencas hidrográficas prioritarias tengan un plan de acción frente a la contaminación difusa para finales de 2021
Estos planes de acción movilizarán todas las palancas financieras, territoriales y regulatorias.
Se realizarán compromisos con la profesión agrícola en al menos 350 cuencas prioritarias para 2022 con el fin de reducir la contaminación del agua.
Se pondrán a prueba los pagos por servicios ambientales a partir de 2020 en 20 territorios y particularmente en áreas de captación, a fin de remunerar las prácticas agrícolas que protegen los recursos hídricos.
Las agencias de agua apoyarán estas iniciativas con una suma de 150 millones de euros.
Además, los proyectos alimentarios territoriales podrán integrar una dimensión de «agua», para combinar los alimentos de los comedores con productos orgánicos y la protección de las cuencas, con un mayor apoyo de las agencias de agua.
Marchena destaca que gran parte de esta estrategia de resiliencia o adaptación al cambio climático se ha centrado en la agricultura, “que es un lobby muy fuerte en Francia y con mucho poder por la cantidad de fondos de la Política Agrícola Común que obtienen cada año”.
Ahí hay un notable paralelismo con el peso del sector agrario en España “pero no hay una relación tan fluida y equilibrada entre administración y agricultor”.
La apuesta francesa parte de inversiones concretas y no se han quedado en buenas intenciones. La autorización para la instalación de microembalses que retengan agua de lluvia para riegos agrícolas es una muestra.
Reducción del consumo del 10% en 2024
Las previsiones apuntan a que el caudal de los ríos franceses disminuya entre el 10% y el 40% para 2050-2070, según el Ministerio de Transición Ecológica «la adaptación al cambio climático es un gran desafío para los recursos hídricos que requiere una nueva gestión del agua, más sobria y más económica en todos los usos, agrícola, industrial, doméstico”.
Para responder al desafío y garantizar un intercambio de agua equitativo y sostenible que priorice los requisitos de salud, seguridad pública, seguridad civil y medio ambiente Francia se ha fijado el objetivo de reducir las extracciones de agua en un 10% en 5 años y en un 25% en 15 años.
Tarifas flexibles
Así en los próximos años Francia fomentará en las tarifas la introducción de incentivos para el ahorro de agua, que se ampliarán y promoverán, ya sea mediante la fijación de precios estacionales o la creación de una categoría de usuario de «segundo hogar». El impacto de estos en los hogares más pobres puede verse limitado por la introducción de los precios sociales del agua.
Las comunidades también podrán implementar medidas de sensibilización mejoradas para un mejor control del consumo de agua para permitir a los usuarios comparar su nivel de consumo con el de consumidores similares y alertarlos, particularmente en el caso de consumo excesivo crónico.
Marchena explica que en el caso francés hay una línea clara de financiación que es la establecida por la propia directiva Europea, el principio de recuperación de costes, es decir, el recibo del agua costea las infraestructuras. Francia se encuentra en un nivel del 86% de esta reinversión, muy alejado del 60% que reinvierte España, cuando el objetivo marcado por Bruselas es el 90%.
«España debe apostar por una política de Estado. Bien es cierto que Francia es un país muy centralista y tienen una ley de bases de agua que regula y normaliza. Aquí sobre la base del respeto a la gestión municipal haría falta una homogenización tarifaria basada en la eficacia, en esa recuperación de costes y en el equilibrio tarifario que evite la dispersión de esos recibos del agua», explica.
En este sentido Marchena cree que el establecimiento de tarifas flexibles, fijar la progresividad en la tarifa, tarifas sociales y diferenciar por usos son buenas medidas, lo cierto es que hay que hacer entender que hay que pagar la depuración y la renovación infraestructural.
Otro de los pilares de las políticas galas de ahorro será triplicar los volúmenes de agua no convencionales reutilizados para 2025 al facilitar su uso.
La reutilización del agua no convencional (aguas residuales tratadas, aguas pluviales, aguas de mina y aguas grises, que incluye todas las aguas residuales domésticas, excepto las sanitarias) está poco desarrollada en Francia, mientras que esta práctica puede ser relevante en ciertos sectores.
La normativa se adaptará para autorizar nuevos usos de estas aguas (limpieza, riego de espacios verdes, …), cuando no sea necesaria una calidad de agua potable y se controlen los riesgos para la salud. Además, un reglamento europeo aclarará las condiciones para el uso de aguas residuales tratadas para riego.
Los proyectos territoriales para la gestión del agua (PTGE) permitirán, mediante el diálogo entre los actores en el terreno y el cambio de prácticas, restablecer un equilibrio entre los recursos disponibles y las necesidades, creando, cuando sea técnicamente relevante y económicamente posible, almacenamiento de agua, multiuso preferiblemente.
En este sentido la acción francesa no se ha hecho esperar y el Gobierno ha aprobado un plan para la instalación de 60 microembalses este mismo año a nivel de cuencas para uso agrícola, de manera que se recojan las precipitaciones y estas puedan ser utilizadas en periodos de sequía cuando los usos del agua estén limitados por la sequía.
Soluciones basadas en la naturaleza
El tercer pilar es la preservación de los ríos y humedales. Estos ecosistemas acuáticos son aliados para reducir el impacto de los peligros naturales amplificados por la alteración del clima (inundaciones, sequías, erosión del suelo).
Cuando están en buenas condiciones, almacenan naturalmente el agua.
Las prácticas agrícolas que contribuyen a la preservación de estos ambientes frágiles serán respaldadas a través de pagos por servicios ambientales experimentales.
El ministerio también planea recuperar 25.000 km2 de cursos de agua, fortalecer soluciones basadas en la naturaleza y duplicar el tamaño de las áreas protegidas de humedales ya que el 67% de los humedales metropolitanos han desaparecido desde principios del siglo XX.
¿Sirve el modelo francés para adaptar la gestión del agua española al cambio climático?
Manuel Marchena cree que en España, la ideologización del debate del agua impide “atacar los síntomas del estrés que provoca el cambio climático. No se pueden negar las infraestructuras eficientes porque falte un pacto global, si hay síntomas se pueden ir paliando”.
El presidente de la patronal del agua urbana cree que en España será viable un pacto a la francesa cuando nos veamos con el problema encima y logremos desideologizar el debate.
España tiene una ventaja y es que las empresas de agua se han adaptado hace ya años al proceso de descarbonización: «la energía es un coste enorme en la gestión de agua, para mover toneladas de este recurso, y en este punto estamos ya descarbonizados».
Si hay empeño con una agenda de soluciones concretas a problemas identificados, de forma abierta con la FEMP, con un regulador independiente y una ley de bases de agua que respete la autonomía municipal y apoyados en la eficacia y el equilibrio de las tarifas, habrá Pacto Nacional del Agua en España.
