Garantizar el derecho de acceso al agua potable, la calidad del agua y la sostenibilidad del ciclo urbano adaptado al cambio climático exige duplicar hasta los 4.900 millones de euros la inversión anual en infraestructuras. Como vía de financiación más justa y transparente los operadores del sector apuestan por una subida tarifaria de apenas siete céntimos de euro por cada 1.000 litros de agua consumidos