Grandes espacios verdes en lugar de pequeños parques ahogados entre edificios. Amplias aceras y carriles bici en vez de carreteras de varios carriles. Infraestructuras de economía circular que le comen el terreno a los enormes vertederos del extrarradio. La ciudad del futuro debe suponer un cambio radical respecto a las imágenes que estamos acostumbrados a asociar a las grandes urbes, lo que implica una auténtica revolución urbana verde en la forma de planificar y reformar.

Sobre todo, porque las sociedades humanas son cada vez más urbanas. La ONU prevé que, dentro de 20 años, dos tercios de la población mundial se concentre en las ciudades, pero en España hemos superado esa marca holgadamente. El 80% de la población española vive ya en áreas urbanas, que sin embargo suponen sólo el 20% del territorio, situándonos entre los países con un mayor porcentaje de habitantes metropolitanos de toda la Unión Europa (UE). Esta particularidad hace de las urbes uno de los mayores escenarios de la lucha para adaptar la vida humana al cambio climático, como indica el ODS 11, que reclama ciudades y comunidades sostenibles.

Como es lógico en un fenómeno global, los impactos del cambio climático afectan considerablemente a la calidad de vida en las ciudades, ya que puede tener efectos sobre todo tipo de servicios esenciales como el transporte, el agua, la energía, la vivienda o la salud. Por eso, cualquier planificación urbana del siglo XXI debe tener en consideración las características actuales y futuras del clima, de forma tal que la estructura y el metabolismo urbano estén plenamente adaptados a las condiciones climáticas cambiantes que se derivan del calentamiento global.

«En el momento actual, la estructura y el metabolismo urbano deben estar plenamente adaptados a las condiciones climáticas cambiantes que se derivan del calentamiento global»

El problema más inmediato viene de la misma composición de las ciudades: los edificios y las infraestructuras suelen tener un largo periodo de vida que favorece la aparición de riesgos relacionados con el cambio climático. La mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor o inundaciones pueden provocar enormes daños tanto a los materiales como a las estructuras de los edificios, además de implicar mayores costes de mantenimiento.

Es un desafío que se acentúa si tenemos en cuenta que en áreas construidas se pueden crear microclimas únicos en términos de temperaturas, viento y precipitaciones. El conocido efecto «isla de calor» hace que la temperatura de las ciudades sea más alta que la de su entorno, especialmente por la noche, por la acumulación de calor en edificios y aceras, que liberan el calor acumulado durante el día.

Las posibles soluciones para adaptar las ciudades al cambio climático tienen muchas caras, pero todas pasan por utilizar de manera correcta el mejor instrumento del que goza la administración pública para transformar el territorio: la planificación urbana.

La Agenda Urbana Española

España cuenta ya con una herramienta de planificación para impulsar las ciudades sostenibles: la Agenda Urbana Española (AUE), que fue aprobada en 2019 y desde el pasado enero da nombre al antiguo Ministerio de Fomento. En teoría, esta hoja de ruta debe servir a cada uno de los ayuntamientos a desarrollar sus propios planes de acción en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y deberá ser completada mediante proyectos legislativos. De hecho, esta misma semana se abría la fase de consulta pública previa a la redacción del anteproyecto de ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido.

Principalmente, la Agenda Urbana Española reclama que la utilización racional del suelo y del patrimonio urbano y arquitectónico debe estar precedida de los valores internacionales del desarrollo urbano sostenible, en su triple dimensión social, económica y ambiental. Este último aspecto es decisivo: entre los objetivos estratégicos de la AUE está la prevención y reducción de los impactos del cambio climático y la mejora de la resiliencia en el medio urbano. Por eso, el propio Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) sitúa esta hoja de ruta en el centro de su estrategia para la ciudad.

Eso sí, para conocer el grado de implantación de la Agenda Urbana, es necesario crear un marco de indicadores común, con parámetros de referencia objetivos que permitan el seguimiento de los planes de resiliencia de cada una de las urbes. En este punto, el borrador del PNACC propone lanzar dos tipos de indicadores diferentes: unos puramente descriptivos, que deben ayudar a las ciudades a elaborar sus propios diagnósticos de situación, y otros de evaluación y seguimiento, que son relevantes para poder medir el grado de implementación efectiva de la Agenda.

Sin embargo, además de avanzar en la integración de los riesgos derivados del cambio climático en la planificación territorial y urbanística, el PNACC hace hincapié en que es necesario incorporar a la planificación el concepto de infraestructuras urbanas verdes y azules. Estas soluciones multifuncionales basadas en la naturaleza pueden resolver problemas urbanos como la pérdida de biodiversidad, el aumento de zonas inundables, la expansión de las islas de calor o la falta de calidad del aire. Para lograrlo, además, es necesario promover la incorporación del mapeado del clima urbano a las herramientas de planificación y gestión urbana.

Por otro lado, una adecuada planificación debe tener en cuenta no sólo la influencia del clima regional y local, sino que debe privilegiar un desarrollo compacto de las metrópolis, en la que se rellenen los vacíos mediante una densificación inteligente que preserve espacio para la agricultura, la bioenergía y los sumideros de carbono. Esta transformación de la ordenación urbana se financiará, según el PNACC, con fondos europeos y con el lanzamiento de un Plan de Vivienda que tenga el cumplimiento del ODS 11 como criterio rector de cualquier actuación en la ciudad.

Una necesaria rehabilitación urbana

Lógicamente, aparte de adaptar la ciudad al cambio climático, es absolutamente necesario que las urbes colaboren también en la lucha contra el calentamiento global mediante transformaciones de calado que limiten las emisiones de efecto invernadero que producen. A día de hoy, en los hogares españoles se consume el 20% de la energía total que consume todo el país cada año, según las estadísticas del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), lo que supone más gasto energético que en movilidad. Para este organismo público, las viviendas son literalmente “un depredador de energía”, porque buena parte del parque de viviendas español es antiguo o está mal construido y no cuenta con aislamiento adecuado para evitar las fugas.

De hecho, más de la mitad del parque inmobiliario español fue construido antes de 1979, año en el que entró en vigor de la primera normativa española que exigía unos mínimos requisitos de eficiencia energética. Por ello, la reconversión del sector inmobiliario y de la construcción hacia la rehabilitación edificatoria es un aspecto fundamental no solo para combatir la emergencia climática, sino también para reducir la vulnerabilidad de los edificios y las viviendas a sus consecuencias. Es decir, la construcción de nuevas viviendas no es tan necesaria como la rehabilitación de las antiguas, que necesita acelerarse en España: actualmente, solo se rehabilitan unos 25.000 edificios al año en toda España.

Dentro del propio PNACC se hace especial hincapié en dar un giro de 180 grados al modelo que se privilegió durante el período de mayor auge inmobiliario en la historia reciente española, entre 1998 y 2007. Durante esa época, primó el desarrollo urbano disperso, que tiene un fuerte impacto ambiental pero también aumenta la segregación social y la ineficiencia económica de las ciudades. El modelo del boom suponía por tanto no sólo un alto coste energético, de construcción y de mantenimiento de las ingentes infraestructuras, sino que era contraproducente respecto a la adaptación al cambio climático.

Por eso, una transformación muy significativa de todo el patrimonio construido es “inevitable e inaplazable”, según apunta el PNACC. Nuestros edificios y espacios públicos fueron proyectados para situaciones, necesidades y formas de vida diferentes a las actuales, que por supuesto no tenían en consideración las cambiantes condiciones climáticas futuras. Pero en ningún caso es necesario destruir patrimonio: el IDAE considera que sólo la mejora del aislamiento térmico de los edificios puede suponer ahorros energéticos, económicos y de emisiones de dióxido de carbono de hasta el 30%. Es decir, hay que aislar térmicamente la vivienda y lograr que los elementos en contacto con el exterior aumenten su resistencia al paso del calor, lo que se consigue incorporando materiales aislantes en muros exteriores, cubiertas, suelos, tabiques y huecos.

El PNACC también apunta que es necesario tener en cuenta en la planificación y en el diseño urbano, así como en el diseño y construcción de los edificios, el efecto de la isla de calor urbana. Un estudio publicado recientemente demuestra que la primavera llega una media de seis días antes en las ciudades que en zonas rurales precisamente debido a este fenómeno de microclima creado en las ciudades, que provoca que en las urbes las plantas empiecen a reverdecer antes de tiempo por las elevadas temperaturas

Para ello, será preciso estudiar la influencia de clima regional y local y elaborar mapas de clima urbano, que analicen la capacidad de absorción y de cesión de calor por parte de los materiales urbanos y mapas de ventilación urbana. En este punto jugarán un rol importante innovaciones como la arquitectura bioclimática, las fachadas o cubiertas verdes, las soluciones de sombreamiento estacional o las estrategias de enfriamiento nocturno

Un estrategia participativa

Por último, el PNACC apunta también que es necesario fomentar la educación y la participación ciudadana como ejes en el cuidado del medio ambiente urbano, poniendo en marcha una gobernanza para la gestión del riesgo democrática, con implicación de todos los interesados en la planificación y la gestión. Más concretamente, el Ministerio para la Transición Ecológica plantea utilizar el paisaje como una oportunidad de valor añadido para cada pueblo y ciudad, incorporando la restauración ecológica en cualquier estrategia urbana y transformando en el imaginario colectivo las zonas verdes en modelos autóctonos que permitan realizar una gestión eficiente de los recursos.

Para conseguir ciudades más resilientes, la aprobación de protocolos de actuación debe basarse en un diagnóstico urbano adecuado que se base en la colaboración de todos los actores, incluyendo a la sociedad civil. Además, se debe aprovechar el potencial de las redes de ciudades, como la Red Española de Ciudades por el Clima, la Red Española de Sostenibilidad Local, la Red de Iniciativas Urbanas, el Pacto de Alcaldes o la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Esta última es un actor relevante a la hora de avanzar en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las entidades locales, razón por la que ha constituido esta mes una comisión para aplicar de las medidas impulsadas por la ONU.

Lo que parece claro es que, para proyectar las ciudades del futuro harán falta edificios verdes, con materiales innovadores y sistemas de economía circular. Pero sobre todo es necesario un cambio de mentalidad de los habitantes urbanos, que tendrán que adaptar su mentalidad y su manera de convivir y desplazarse por las metrópolis.