Cuando llegó 2020 no sólo celebrábamos el inicio de un nuevo año, sino que dábamos la bienvenida a una nueva legislatura, un nuevo Gobierno que nos prometía una nueva forma de relacionarnos con el agua, tal y cómo pronosticó la vicepresidenta y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Entonces nadie imaginaba cuánta razón había en aquellas palabras.

Apenas terminaba el primer trimestre de 2020 cuando la llegada de la pandemia de la COVID-19 sacudía al mundo. Hoy tras más de 80 millones de contagios y 1.800.000 fallecidos por la enfermedad, el agua se ha consolidado como una barrera de protección de contagios de la covid y un elemento clave que ha agudizado las diferencias sociales entre quienes tienen acceso y no al líquido elemento.

Antes que las mascarillas, lavarse las manos con agua y jabón se convirtió en un hábito vital para no contagiarse con el nuevo virus. Si bien en España podemos presumir del lujo de abrir el grifo y disponer de agua limpia en el cien por cien de los hogares, no podemos olvidar que a nivel global todavía existen 2.000 millones de personas sin acceso y disponibilidad de agua potable, y 4.500 millones sin servicios de saneamiento seguros, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef.

La COVID-19 nos ha abierto los ojos, y coincidiendo con el décimo aniversario de la Declaración del acceso al agua y el saneamiento como un derecho universal, el agua se ha convertido en el derecho de los derechos. Sin agua, ni la salud, ni la alimentación ni la sostenibilidad medioambiental, ni el desarrollo frente a la pobreza están garantizadas.

Ninguno de los objetivos recogidos en la Agenda 2030 puede ejercerse con plenitud si no existe la garantía previa del derecho al agua.

Cuando en el año 2010 las Naciones Unidas reconocieron el derecho humano al agua y al saneamiento, a la vez establecieron las condiciones necesarias para que fuera realidad. El abastecimiento de agua por persona debe ser suficiente y continuo, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible.

Tan vital es el abastecimiento de agua que en el momento que en España se declaró el Estado de Alarma y se decretaron los primeros confinamientos domiciliarios, allá por el 14 de marzo, la actividad fue declarada como esencial y los trabajadores del ciclo urbano del agua se convirtieron en héroes sin capa, garantes de este derecho universal y esta prevacuna ante la pandemia.

El 2020 ha sido todo un reto personal y profesional para los gestores del ciclo urbano del agua que han tenido que modificar sus protocolos de actuación para proteger a sus plantillas al tiempo que garantizaban el servicio. Han dado pasos de gigante en la digitalización de la gestión urbana del agua, e implantaron hasta confinamientos voluntarios en el puesto de trabajo para evitar contagios en el personal de potabilizadoras y depuradoras.

Y, por supuesto, en línea con lo que se venía haciendo, se han reforzado los mecanismos de acción social para que ningún colectivo o persona vulnerable se quedase sin suministro de agua.

La alegría de dejar correr el agua para lavarse las manos, lejos de hacer crecer el consumo doméstico de agua, ha consolidado la concienciación de los ciudadanos, que hemos reducido el consumo hasta los 128 litros por habitante y día. Eso sí, si tenemos en cuenta los consumos globales durante los meses más críticos del confinamiento, éstos cayeron en torno a un 10%, sobre todo lastrados por el agua de uso turístico, que bajó algo más de un 20%. Caídas por encima del Producto Interior Bruto.

Pero el protagonismo del agua no ha quedado en la barrera de contagio. El análisis de las aguas residuales en busca de índices de concentración de trazas del SARS-COV-2 y su evolución ha permitido que las depuradoras se erijan como un elemento de alerta temprana epidemiológica, que permiten anticipar entre una semana y 10 días la aparición de rebrotes de la enfermedad, evaluar la eficacia de las medidas de contención y anticipar decisiones sanitarias. Y, sobre todo, un método barato y eficaz, ya que por el coste de tres PCR se puede analizar la prevalencia de carga viral en toda una ciudad.

Un avance apoyado en la colaboración de todas las instituciones públicas y privadas, desde la ciencia y la innovación, la administración, las empresas, todo su conocimiento al servicio de la salud de los ciudadanos. Un ejemplo de éxito de cómo cuando todos reman en la misma dirección, no se deja a nadie atrás.

La década de la resiliencia

Lo que sí dejaremos atrás es este annus horribilis para iniciar una nueva década, la década de la resiliencia.

Porque ya en 2021 toca reconstruir y nos brinda la oportunidad de hacerlo mejorando aquello que no ha funcionado. Reconstruir incorporando la variable y la incertidumbre que nos plantea el cambio climático. Un escenario en el que los recursos hídricos sufrirán y nos harán sufrir toda la furia del calentamiento global. Un escenario en el que los recursos hídricos sufrirán y nos harán sufrir toda la furia del calentamiento global.

Una de las consecuencias más visibles de este cambio climático está en el aumento imparable de los fenómenos meteorológicos extremos. Sequías prolongadas que asolan cultivos, huracanes que destrozan la costa, olas de calor abrasadoras o inundaciones devastadoras se están haciendo cada vez más frecuentes por el aumento de la temperatura global, un problema que afecta desproporcionadamente a las personas y países más vulnerables.

Los desastres climáticos han aumentado cerca del 35% cada década desde 1990, causando más de 410.000 muertos y afectando a 1.700 millones de personas en los últimos 10 años, y para 2030 los expertos nos previenen de que esta cifra se duplicará.

Para evitar parte de las consecuencias humanas y económicas de este aumento, la Organización Meteorológica Mundial señala diferentes ámbitos en los que la inversión de los gobiernos en sistemas eficaces de alerta temprana puede reforzar la resiliencia de los países ante múltiples peligros relacionados con el tiempo, el clima y el agua, además de apuntar estrategias que pueden emplearse para materializar esas inversiones y ofrecer ejemplos de experiencias exitosas.

Pero, sobre todo, se hace hincapié en la necesidad de avanzar hacia la instauración de servicios de predicción que tengan en cuenta los impactos . Un impacto que en España es ineludible, y es que el Mediterráneo es uno de los puntos calientes donde más se manifiesta el cambio climático. Nos lo recuerdan, cada vez más a menudo, las danas que arrasan las cuencas del litoral.

La reconstrucción tras la pandemia y los fondos que la Unión Europea ha puesto a disposición de los Estados, 140.000 millones de euros para España, son la oportunidad para apostar por esa estrategia de Estado por la resiliencia, y apostar por la reconstrucción líquida para recuperar el desarrollo económico y social, al tiempo que mejoramos nuestra adaptación al clima y reducimos nuestra exposición al riesgo.

El sector del agua urbana lo tiene claro, tiene capacidad para movilizar con celeridad las inversiones que le sean asignadas. Muchas de las entidades y operadores, públicos o privados, tienen capacidad y solvencia para afrontar proyectos de corto, medio y largo plazo, incluyendo aquellos que requieren de complejos y eficientes modelos de alianzas, público-públicas y público-privadas.

El impulso del sector tendría como resultado apoyar una recuperación económica del país más justa y sostenible, generando actividades de alto valor añadido, a la vez que se contribuiría a crear empleo cualificado y de calidad, que se podría movilizar con celeridad.

En ese sentido, el sector urbano del agua ha realizado una serie de propuestas para materializar, en plazo, los Fondos Europeos en proyectos concretos del ciclo urbano del agua, que suman un total de 13.776 millones de euros orientados a la resiliencia de las ciudades, la reutilización, la  mejora de la calidad de las masas de agua, la eficacia en el uso del agua, técnicas de drenaje urbano sostenible (TDUS), economía circular, control y digitalización, energía renovable, desalación y eficiencia energética.

Estas propuestas buscan alinearse con los principios de la descarbonización del sector, la digitalización como herramienta para optimizar la gestión, el agua como vector condicionante del urbanismo y la ordenación del territorio en las poblaciones.

A la espera de todas estas inversiones, lo que sí parece una realidad es que España afrontará por fin en 2021 la puesta al día en materia de saneamiento.

Fondos europeos

Pero incluso con los fondos europeos, lo que parece es que en el año entrante la inversión realizada y la prevista seguirá siendo insuficiente. Las tarifas no cubren los costes del servicio de abastecimiento y en muchos sistemas sólo alcanzan a soportar los gastos operativos, comprometiendo la calidad de los servicios de las futuras generaciones. Actualmente en España la media anual de inversión real no alcanza el 50% de lo necesario, que serían 4.900 millones de euros al año; lo que acaba afectando a la eficiencia y la sostenibilidad de las infraestructuras y las redes, ya de por si cercanas a la obsolescencia.

Y eso a pesar de los intensos esfuerzos de los operadores y la implantación de nuevas tecnologías, que han permitido, por ejemplo, que el nivel de agua no registrada, las fugas, se haya estabilizado en torno al 23% del agua suministrada.

Nuevas tecnologías que permitirán avanzar en los próximos 365 días en digitalización, implementando sistemas de ciberseguridad y telelectura para aumentar ese 16,4% que suponen los contadores ya digitales.

Ya ven que el agua en 2021 tiene el reto de reconstruirse en todas sus dimensiones, la social, la económica, la medioambiental y la humana. Porque el agua es todo y sin ella no hay nada.

Sin agua, ni la salud, ni la alimentación ni la sostenibilidad medioambiental, ni el alimento, ni el desarrollo frente a la pobreza están garantizados. Y 2021 abre la puerta a la década definitiva para avanzar en el camino de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para llegar a 2030 con agua para todos y con la ayuda de todos.