La decisión del Tribunal Supremo que avala la legalidad de Aigües de Barcelona, la empresa mixta que suministra el agua en el Área Metropolitana de Barcelona, ha sido la victoria de un modelo de éxito, un ejemplo de colaboración público-privada de reconocido prestigio internacional.
Se trata de un veredicto que beneficia a todos los ciudadanos afectados, garantiza la eficiencia del servicio y recupera la seguridad jurídica frente al tumulto populista de los últimos años en la Ciudad Condal que deliberadamente confundía la titularidad del agua con su modelo de gestión. Es también una buena noticia para los trabajadores de la empresa, que despejan la incertidumbre sobre el futuro y ven garantizada por la Justicia la estabilidad de su actividad.
La sentencia del Supremo beneficia a todos los ciudadanos afectados y a los trabajadores, garantiza la eficiencia del servicio y recupera la seguridad jurídica
El Supremo refuerza además la validez de un proyecto de cooperación que ha sido fundamento tradicional de la proyección de Barcelona, de que sea una marca conocida y respetada mundialmente. Pone además las cosas en su justo lugar: el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) tenía razón al proponer a AGBAR como socio preferente y exclusivo de la empresa mixta.
Lo que el alto Tribunal ha respaldado es la validez de un modelo que ofrece las mejores garantías para ese bien público que es el agua, porque aúna conocimiento, capacidad tecnológica y experiencia de más de 150 años de una empresa líder en innovación. Es también la ratificación de una sociedad mixta con intereses y objetivos compartidos cuya supervisión pública en la adopción de decisiones queda plenamente garantizada. En definitiva, la Justicia ha puesto orden e impuesto sensatez y sienta jurisprudencia en un asunto enturbiado por mensajes carentes de fundamento.
Se ha hecho bandera de una pretendida remunicipalización del agua que ya es municipal en todas las localidades de España
La alcaldesa Ada Colau ha hecho bandera desde su llegada al frente del consistorio barcelonés de una pretendida remunicipalización del agua que, de hecho, es municipal en todas las localidades de España. Las competencias en esta materia corresponden por ley a los ayuntamientos que actúan siempre como reguladores y supervisores del servicio y tienen ante sí un abanico de posibilidades para proceder a su gestión: pública, privada o mixta, como es el caso que nos ocupa.
Más aun, esta campaña de la alcaldesa ha ido dirigida incluso contra las propias decisiones de una administración, el AMB, que preside, impidiendo que la institución metropolitana recurriese ante el Supremo las alegaciones presentadas por otras tres empresas privadas, es decir, actuando contra las propias decisiones de la entidad.
Pero esta campaña de mensajes demagógicos, que trataban de imponerse sobre las razones técnicas y jurídicas y sobre la propia realidad, no es exclusiva de la ciudad que nos ocupa. Tiene un carácter global. Es algo que se observa en diversos lugares del mundo, desde Santiago de Chile hasta Berlín. Barcelona era un peón fundamental para estos movimientos llamados remunicipalizadores que apelan a una presunta recuperación para lo público de algo que ya es púbico, como es el agua. Barcelona habría sido el primer y gran objetivo que podría ser utilizado como modelo para exportar a otros lugares, mezclando actitudes antisistema con una apropiación monopolista de la representación ciudadana.
Se hace necesario un pacto de Estado del agua que garantice la eficiencia en el uso del recurso, la buena gestión, la gobernanza y la seguridad jurídica
España se enfrenta a serios retos en diversas materias para continuar avanzando por la vía del progreso. La educación, el medio ambiente, la sanidad o las pensiones son materias que requieren de un gran pacto de Estado. Pero si hay un ámbito en el que es preciso ese pacto de Estado es en el caso del agua. Lo que importa, lo que interesa a los ciudadanos en este caso es la eficacia en la gestión.
Merece la pena insistir en que el control del servicio está siempre en manos de los ayuntamientos, de todos y cada uno de ellos. Son las entidades locales las que indican las condiciones del servicio, fijan las tarifas y garantizan o deben garantizar la buena gestión. Debemos de reflexionar colectivamente sobre la necesidad de un regulador único en materia de agua, como existen en otros sectores sensibles para el interés público, para superar este dislate que representa el hecho de que existan más de 8.000 municipios con capacidad reguladora en su ámbito territorial.
Vivimos tiempos de grandes retos ambientales y climáticos que van a exigir talento, tecnología y aportación de valor por parte de todos. En la tarea cada actor debe asumir su función y desempeñar el papel que le corresponde desde la cooperación leal y la confianza, jamás desde el recelo permanente. Por ello, es necesario, como ha hecho el Tribunal Supremo, dar seguridad jurídica para poder trabajar juntos ante el desafío de garantizar el suministro y depuración de agua, en beneficio de los ciudadanos y del medio ambiente.
Debemos de reflexionar colectivamente sobre la necesidad de un regulador único en materia de agua, como existen en otros sectores sensibles para el interés público
El futuro de las ciudades, donde se concentra progresivamente la población, pasará por la colaboración público-privada poniendo a las personas en el centro de su interés. Eso requiere disponer de agua, las infraestructuras necesarias con financiación suficiente para poder disponer de ellas, innovación y tecnología, una situación de estabilidad institucional, gobernanza, capacidad de planificación y seguridad jurídica, unas reglas de juego estables y un regulador capaz de entender lo que significa la cooperación entre los ámbitos público y privado.
Tal vez lo más preocupante es el menosprecio creciente a las normas, el cuestionamiento de las mismas cuando no encajan con los planteamientos ideológicos o políticos de aquellos que confunden el interés público con el suyo propio, aspectos que no tienen por qué ser necesariamente coincidentes. Entre todos, hemos de superar esa tendencia dañina a buscar la confrontación en lugar de tejer alianzas entre todos los actores.