Repasamos con nuestro Informe Semanal lo más destacado de la actualidad, en una semana en la que el Gobierno ha presentado las cuentas completas de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 y detallado la inversión en agua
El Gobierno ha dado esta semana el pistoletazo de salida a las cuentas públicas de 2022 con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, el primer paso de una tramitación parlamentaria en la que se pretende recabar el máximo apoyo posible gracias a unas cuentas expansivas. Se trata de los presupuestos con el mayor gasto público de la historia, 240.000 millones de euros y el Gobierno da por hecho que contará con la llegada de 27.633 millones adicionales de los fondos europeos. El ‘espíritu verde’ de las cuentas pretende impulsar una transición ecológica justa que vele por la resiliencia y la adaptación del país en su lucha contra el cambio climático.
En el texto, el agua tiene su espacio pero, como viene siendo habitual, lejos del peso que requiere y de la importancia del recurso y su gestión en este reto global. En total, la inversión en infraestructuras hídricas alcanzará el próximo año 1.780 millones de euros: 995,98 millones de inversión pública (785 millones de euros del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) más 211 millones de euros de las Sociedades de Aguas), a lo que habrá que sumar 705 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de los fondos europeos.
Las cuentas destacan que “el objetivo en materia de infraestructuras del agua es satisfacer la demanda de forma sostenible” por lo que las prioridades serán la ejecución de las medidas comprendidas en los planes hidrológicos destinadas a aumentar la seguridad hídrica y promover un uso más eficiente de los recursos, así como medidas destinadas a la adaptación al cambio climático, incorporando a la gestión del agua los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.
Unos ODS es lo que el agua no solo es protagonista a través del saneamiento o la alimentación, sino también de la higiene. Precisamente este 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos, un gesto que ya forma parte de nuestra cotidianeidad. Nos lavamos las manos de cinco a seis veces al día y desde que nos enfrentamos a la pandemia de la COVID-19 se ha convertido en algo imprescindible, la mejor defensa para detener la propagación de enfermedades infecciosas, y frenar los contagios de covid.
Sin embargo, a día de hoy todavía hay 3.000 millones de personas que no pueden hacerlo. El acceso al agua potable y al saneamiento, pese a estar reconocido desde 2010 como un derecho humano para la dignidad de todas las personas, sigue siendo un lujo en algunas regiones de Oriente próximo, Asia o África.
Por otro lado, esta semana se ha conocido que Chile avanza en su intención de convertirse en el primer país de Sudamérica que fija por ley el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050. La Sala del Senado ha aprobado este martes la ley marco que regulará la nueva institucionalidad del cambio climático y los instrumentos que permitan hacer la gestión del mismo, con la meta de alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero en las próximas tres décadas.
De este modo, la iniciativa pasa ahora a su segundo trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde previsiblemente se aprobará sin modificaciones, dando así cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por Chile, con el fin de adaptarse al cambio climático, reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. Para la ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, se trata de “una gran noticia” que sitúa al país austral en la vanguardia de Latinoamérica.
Además, este semana tambiéns se ha conocido un nuevo varapalo judicial para el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y sus máximos responsables, Ada Colau y Eloi Badia. La sentencia 305/2021 de fecha 8 de octubre del Juzgado Contencioso-Administrativo número 8 de Barcelona da la razón a Aigües de Barcelona y a Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. obligando al AMB a cumplir el contrato concesional y, en consecuencia, a pagar aproximadamente 15 millones de euros por la actividad de saneamiento en alta prestado por la compañía.
La resolución concluye que el organismo público, presidido por la alcaldesa de Barcelona, ha incumplido sus obligaciones en la financiación del servicio de saneamiento, cuya deuda asciende a 14.802.000 euros en el período comprendido entre 2014 y 2017. Al hacerlo, el AMB ha puesto en riesgo la sostenibilidad de un servicio fundamental como es el saneamiento de aguas y su devolución al medio ambiente, gestionado por la operadora Aigües de Barcelona. Este servicio consiste en canalizar y tratar las aguas residuales de los 36 municipios del área metropolitana de Barcelona.
Y cerramos este repaso semanal con una buena noticia: el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha aprobado una resolución que reconoce que vivir en un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible es un derecho humano sin el cual difícilmente se pueden disfrutar de otros derechos, como a la salud o incluso a la vida. Para Michelle Bachelet Jeria, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se trató de una decisión histórica que espera que sirva de trampolín para impulsar políticas económicas, sociales y ambientales transformadoras que protejan a las personas y a la naturaleza.
Precisamente esta semana se está celebrando en China la reunión de alto nivel de la COP15, donde más de 100 países han adoptado la declaración de Kunming como un primer paso para establecer un marco global que revierta la pérdida de la biodiversidad en los años posteriores al 2020 y que vele para su recuperación a partir del 2030. La declaración nombra el Protocolo de Cartagena y de Nagoya diciendo que se deben intensificar los esfuerzos para que sus directrices lleguen a buen puerto.
¡Buen fin de semana a todos!
