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No estábamos preparados. A pesar de que la situación que estaba atravesando Italia debería haber servido de aviso a navegantes, el coronavirus parece haber ido este semana siempre un paso por delante del Gobierno. Ahora, con los colegios cerrados, la bolsa en caída libre y las restricciones al movimiento que han comenzado por Cataluña, las dudas y la preocupación ciudadana siguen aumentando con la ya oficialmente declarada pandemia global. Una auténtica guerra provocada, eso sí, por un invasor invisible.
La semana arrancaba de hecho un día antes, el domingo, cuando parecía que el coronavirus era tan irrelevante para la salud pública que se celebró la manifestación feminista del 8-M con total normalidad. Y contra el criterio nada más y nada menos que de la Agencia Europea de Control y Prevención de Enfermedades. Aún así, parte del Consejo de Ministros participó en la marcha de Madrid, ciudad que, apenas 24 horas después, era ya el mayor foco de la epidemia junto con Vitoria. De un día para otro, pasamos de una amenaza lejana a tener el enemigo no a las puertas, como en Stalingrado, sino directamente entre nosotros.
Porque el lunes, de repente, el Gobierno pasó de decir que la situación estaba “completamente controlada” a admitir contagios comunitarios y empezar a tomar medidas serias en las tres provincias más afectadas: Madrid, Álava y La Rioja. Como si de una Blitzkrieg se tratase, la invasión provocó pánico y desinformación: los ciudadanos se lanzaron a los supermercados a hacer compras búnker. El abastecimiento queda garantizado, hasta el del solicitado papel higiénico, pero el coronavirus no para de hacerse grande con cifras alarmantes que llevan a España a ser el quinto país en número de enfermos
El martes descubrimos que Irene Montero, ministra de Igualdad que había participado en la manifestación del domingo, daba positivo por coronavirus, así que había que poner a todo el Gobierno en cuarentena. Entre medias, comenzaron los cruces de reproches entre la Comunidad de Madrid, dirigida por Isabel Díaz Ayuso, y el Gobierno central de Pedro Sánchez. Para la presidenta madrileña, el Ejecutivo no estaría actuando con “responsabilidad” al haber intentado retrasar el cierre de los colegios y no ayudar a negar los bulos que avisaban del cierre de Madrid. En medio del ataque relámpago, la unidad de la defensa se resquebraja.
¿Responsabilidad personal o política?
Ante la inacción del poligobierno, que todo lo consulta, lo dialoga, lo consensúa y lo recomienda, País Vasco y Madrid deciden tomar el liderazgo y se adelantan con el cierre del sistema educativo y una llamada a quedarse en casa. Y Pedro Sánchez, que hasta el lunes había estado completamente desaparecido, multiplica sus apariciones públicas (eso sí, vía telemática) para lanzar un mensaje de tranquilidad a la población y pedirles “que sean responsables”.
Una responsabilidad que, hasta ahora, no ha servido mucho. El miércoles y el jueves, los casos siguen aumentando a un ritmo casi exponencial, sobre todo en Madrid. El resto de comunidades autónomas se van sumando al cierre educativo: toda España está ya sin clase. Se cancelan las Fallas y peligra la Semana Santa: tiembla el sector turístico.
En el plano internacional, hasta 62 países deciden limitar la entrada de viajeros provenientes de nuestro país, siguiendo la estela estadounidense. Las bolsas mundiales, descontenta con las medidas del BCE dirigido por Christine Lagarde, se siguen hundiendo y cada vez más países europeos toman medidas restrictivas. Vuelven las fronteras duras.
Hasta el jueves no llega la respuesta económica del Gobierno: un plan de choque para luchar contra la expansión del coronavirus, que asciende a 18.225 millones de euros durante este año. Inyectar liquidez a los sectores más castigados por la emergencia del coronavirus y prestar ayuda a millones de familias son los dos objetivos principales, pero la oposición liderada por el PP ya ha avisado de que son “tiritas para frenar una hemorragia”. Ciudadanos ha pedido directamente unos presupuestos “de emergencia” para hacer frente a la situación.
Pero en Madrid, parece que la cosa no va con la población. Al menos, no con toda, como debería ser si hemos aprendido algo de la experiencia china. Las terrazas siguen repletas, hasta el punto de obligar al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a hacer otro llamado a la “responsabilidad” y decidirse finalmente por obligar a cerrar todo a partir de este sábado. El éxodo de madrileños a pueblos y ciudades de otras provincias, ante el cierre de los colegios y el aumento del teletrabajo, nos pone frente al espejo de nuestra propia irresponsabilidad. Pero también plantea preguntas sobre por qué el Gobierno aún no se plantea cerrar la comunidad, ante la evidencia de que gran parte de la población no atiende a razones.
Medidas en todo el mundo
Merkel lo ha dejado bien claro: el coronavirus es imparable y nos afectará a un 70% de la población. Está en nuestra mano que no se extienda lo suficientemente rápido como para colapsar el sistema sanitario. Pero también en la del Gobierno, que tiene que asimilar que la emergencia sanitaria ha alterado el orden de prioridades de la legislatura. La lucha contra el coronavirus es la única prioridad, por delante de los Presupuestos “sociales” y la negociación con el separatismo catalán.
Porque en Europa ya empiezan a hablar de “crecimiento 0” e incluso de recesión. La Comisión ha movilizado 37.000 millones de euros de para aliviar a los sectores más afectados y da la máxima flexibilidad a los países para que combatan la crisis con las medidas fiscales que consideren oportunas.
En el país vecino, Portugal, aunque solo haya por el momento 112 casos, se ha declarado el estado de alerta y se ha decretado el cierre de escuelas, discotecas y la prohibición del desembarco de viajeros de cruceros, entre otras muchas medidas. Parece que, en otros países, no quieren esperar a que el contagio comunitario sea la norma para tomar medidas drásticas que Italia ya ha advertido que, en su caso, tendría que haber tomado mucho antes.
La incertidumbre es la norma. El propio Sánchez advertía el jueves a los ciudadanos de que “esta situación puede durar de tres a cinco meses”. Y este viernes admitía la gravedad de la situación al declarar el estado de alarma, aunque solo 24 horas después de apostar por medidas graduales. La Blitzkrieg de estos últimos días parece que va camino de convertirse en guerra de trincheras, y la economía y la sociedad van a sufrir mucho, por mucho que pronto llegue el verano. No podemos seguir llegando tarde.
CNMC y Fukushima
En todo caso, esta semana no solo hemos hablado de coronavirus en El Ágora. La propia ONU alertaba el martes de que el cambio climático sigue siendo una realidad ineludible, y podría ser mucho más mortífera a largo plazo que esta pandemia.
Además, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha presentado un informe sobre cómo mejorar la regulación del ciclo urbano del agua que critica el actual diseño de las tarifas y reclama más transparencia para poder comparar la calidad del servicio prestado por cada ayuntamiento.
También conmemoramos el noveno aniversario de la tragedia de Fukushima, que sigue teniendo un gran desafío pendiente: hacer algo con los millones de toneladas de agua contaminada que actualmente se almacenan en la central para evitar escapes de combustible. En tres años se quedarán sin espacio y ya han hablado de diluir este agua radioactiva en el mar.
