Repasamos una semana intensa en noticias sobre la necesaria reconstrucción económica tras el parón del coronavirus. La cumbre de la CEOE lo ha dejado claro: hace falta seguridad jurídica, colaboración público-privada y la necesaria aportación de las empresas. El Gobierno lanza un gran plan de instalación de energías renovables en tres años, que creará empleo y fortalecerá al país. El sector del agua, alza la mano. Es un ramo tan esencial como la energía y con la misma capacidad de potenciar la sostenibilidad, el empleo, la innovación y la prosperidad común
Después de casi 100 días de encierro la nueva normalidad nos ha sorprendido con una tremenda ola de calor, un calor, que no se engañen, no afecta a la virulencia del Covid-19, que sigue ahí aunque no lo veamos cuando salimos a la playa, al parque, a las terrazas de nuestros municipios a disfrutar de esta nueva libertad donde solo nos ata la mascarilla y el riesgo al contagio.
Pero no se confíen, aunque el verano ha traído el calor y parece que para quedarse, la desescalada no ha terminado, quizá la sanitaria sí, pese a la amenaza de los rebrotes que ya se están produciendo no sólo en España sino en el resto del mundo, pero la desescalada económica sólo acaba de empezar.
Una desescalada que según el Fondo Monetario Internacional será profundo para España, que es el país desarrollado que más secuelas económicas acusa y que más tardará en remontar tras la debacle, auguran casi tres años para lograr la recuperación de los niveles de bienestar social, empleo y crecimiento.
Un crecimiento marcado por la reconstrucción verde, donde España se juega un volumen importante de esos fondos europeos, bien para la reconstrucción bien para la transición ecológica.
Las Historias del Día de esta semana
Los empresarios marcan el camino de la recuperación
Ribera facilita a las energías renovables un futuro brillante
Y es ahí donde el sector del agua urbana, ese que garantiza la higiene antes, durante y tras la pandemia, se postula como una palanca de reconstrucción con capacidad para garantizar la ejecución de las inversiones infraestructurales que requiere el sector, en torno a 5.000 millones de euros anuales, con los que prevén crear 43.000 empleos y aportar 1.800 millones de euros al PIB.
Pero más allá de los beneficios económicos de apostar por este sector las inversiones demandadas reportarán beneficios ambientales en forma de eficiencia en la gestión del un recurso cada vez más escaso, evitarán las fugas de las viejas canalizaciones, impulsarán la reutilización de las aguas regeneradas y mejorará la calidad de las masas de agua con el avance en el saneamiento.
Y lo que es más importante aún, si se apuesta por el ciclo integral del agua como una política crítica para la transición ecológica y económica y se armoniza el sistema de soporte de los costes del servicio se logrará una mayor garantía de ese derecho humano universal de acceso al agua potable y al saneamiento para todas esas familias vulnerables que ahora, tras la pandemia, ya sabemos que se han duplicado.
La gravedad de esta última frase, ese despegue inaudito de los niveles de pobreza en el país se ha reflejado en la cumbre que durante 10 días ha recogido las aportaciones de los empresarios de todas las áreas de actividad, para, a diferencia de lo que ha pasado en la Comisión de reconstrucción del Congreso, aportar soluciones que nos ayuden a remontar la crisis que apenas acaba de asomar.
Pues en resumen se plantea que la reconstrucción económica necesita de seguridad jurídica y diálogo social para ser exitosa, pero sobre todo tiene que ser sostenible si se quiere afrontar con posibilidades reales una transición energética y ecológica que haga que el tejido productivo español se recupere. Y por supuesto, la necesidad de prorrogar los ERTE (como así ha sucedido finalmente, al menos hasta septiembre) y de no subir impuestos para no trabar la recuperación económica tras el coronavirus, y aumentar las líneas de avales públicos, “adaptándolas y acompasándolas a la evolución de la actividad económica de cada sector para conservar el tejido productivo».
El compromiso social, en la línea del pacto social que preconizaba Ángel Simón, presidente de Agbar, ha estado siempre presente: “El fin último de las empresas españolas es lograr el bien común. Es necesario un impulso a la industria y la sostenibilidad, pero sobre todo necesitamos más Europa: hay que aprovechar el apoyo financiero de la UE, canalizándolo en proyectos solventes y de futuro”, afirmaba este jueves el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Y también “un consenso social que evite las confrontaciones y permita afrontar correctamente la crisis económica derivada de la pandemia”.
En definitiva, más Europa, más alianzas y colaboración público-privada y más sostenibiliad. Porque no todo ha sido gris, el verde impera en esta nueva realidad.
Empezando por un Real Decreto que revoluciona el sector de las energías renovables en España. Se estima que atraerá inversiones por más de 90.000 millones de euros, generando entre 107.000 y 135.000 empleos netos al año en la próxima década. El objetivo: que el 74% de la energía en 2030 sea renovable.
Han entrado vigor las nuevas normas aprobadas por la UE para impulsar la reutilización de aguas regeneradas, una iniciativa que prevé multiplicar por seis la reutilización de agua de calidad en el conjunto de la Unión Europea, una medida en la que España es avanzadilla y donde tenemos mucho recorrido para crecer.
La normalidad también nos recuerda que estamos en época de incendios, porque los riesgos siguen siendo los mismos con el añadido del Covid-19 así que, distancia, prudencia, sentido común y mascarilla; o por si alguno duda de dónde llevarla tapabocas que es el lugar donde de verdad nos protege.
