Repasamos con nuestro Informe Semanal lo más destacado de la actualidad, en una semana en la que el primer incendio calificado de sexta generación en España ha arrasado gran parte de Sierra Bermeja (Málaga) y deja un balance desolador
10.000 hectáreas calcinadas, cerca de 3.000 personas desalojadas de varias localidades y un bombero fallecido. El balance del incendio en Sierra Bermeja, en Málaga, ha sido desolador, siendo el primer siniestro clasificado como de Sexta Generación en España, un nuevo tipo de fuego que destaca por sus llamas de gran voracidad e intensidad, capaces de retroalimentar al incendio por sí solas. Algunos, como Alejandro García, director de la extinción del incendio en Sierra Bermeja, lo describían como un “ente con vida propia con una intensidad y velocidad casi explosiva”. Por su parte, María Melero, portavoz del programa de Bosques de WWF, no daba crédito a la agresividad del incendio que, entre otras cosas, dificultó las labores de extinción.
Aunque todavía está en fase de investigación, la Fiscalía de Medio Ambiente ha señalado en un comunicado que las pesquisas apuntan a un fuego provocado de manera intencional. Es más, según indica EFE, se el culpable, que aún no ha sido descrubierto, usó montones de hojarasca y piñas a las que se prendió fuego con un líquido acelerante, probablemente gasolina. Además, aunque los vecinos de Genalguacil y Jubrique han podido regresar a sus viviendas, siguen sin poder beber agua del grifo. La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía está analizando el agua que abastece a ambos pueblos por si pudiera tener restos de combustible o cenizas.
Aunque todavía no ha habido tiempo para estudiar una posible vinculación directa, varios expertos han apuntado que la especial virulencia del incendio se ha debido en parte al avance del cambio climático, que facilita las condiciones que permiten que el fuego sea de sexta generación. Una conexión con el calentamiento global que sí se ha demostrado en el caso de la DANA de 2019, una de las peores riadas que se recuerdan en la vertiente mediterránea peninsular, en Alicante y Murcia. En concreto, esta desastre fue uno de los episodios más severos de la gota fría de la comarca y se convirtió en la mayor catástrofe del último siglo y medio con 425 litros por metro cuadrado en 48 horas y las roturas de varias motas del río Segura arrasaron caminos y anegaron diferentes localidades.
Sin embargo, a día de hoy todavía se aprecian las cicatrices de las motas rotas, las canalizaciones destrozadas, infraestructuras civiles e hidráulicas arrasadas que necesitan fondos para no perder el tren de la resiliencia y la adaptación al cambio climático. De momentola Generaltitat Valencia destinará 16 millones de euros a los municipios de la comarca alicantina de la Vega Baja para facilitar la inversión en sistemas urbanos de drenaje sostenible, pero hace falta más. Sobre todo, tras una semana en la que el Consejo de Ministros ha modificado la Ley de Aguas para declarar este recurso como bien natural y social de primer orden, estableciendo nuevos límites mensuales al ritmo de desembalsado y volúmenes mínimos de reserva.
En cualquier caso, los dos eventos extremos mencionados no son más que otro ejemplo de la necesidad de actuar cuanto antes contra el cambio climático. Sin embargo, parece que no vamos por el buen camino: la ansiada recuperación verde corre el riesgo de descarrilar antes siquiera de salir de la estación. A pesar de que el parón económico derivado de las restricciones por la pandemia supuso una importante ralentización de las emisiones de efecto invernadero que causan el cambio climático, no hay indicios de un crecimiento más ecológico: las emisiones de dióxido de carbono están aumentando de nuevo rápidamente tras una disminución pasajera debida a la desaceleración de la economía y no se acercan en absoluto a las metas de reducción, según un nuevo informe elaborado por diferentes agencias de Naciones Unidas.
No ha sido la única alerta en forma de informe de esta semana: La escasez de agua, la disminución de la productividad de los cultivos y el aumento del nivel del mar que provocará el cambio climático sino se actúa para reducir las emisiones de efecto invernadero podría llevar a más de 200 millones de personas a abandonar sus hogares para 2050. Así lo estima un nuevo informe del Banco Mundial, en el que se alerta de que estas migraciones masivas, que serían mayoritariamente de carácter interno, comenzarían en 2030 y se intensificarían a mediados de siglo.
Ante esta situación, cobra más importancia que nunca la celebración esta semana y las próximas de la edición número 76 de la Asamblea General de Naciones Unidas. En la reunión, además de presentarse todos tipo de informes sobre cuestiones de derechos humanos y fijarse los principales parámetros presupuestarios, será clave de nuevo la lucha contra el cambio climático, prioridad de un número cada vez mayor de países ante las crecientes consecuencias del mismo en forma de desastres naturales. En este sentido, el agua deberá jugar también un importante papel en el evento, ya que cada vez más expertos tienen claro que el líquido elemento es clave en el esfuerzo global en torno al desarrollo sostenible.
Aunque se espera que la lucha contra el cambio climático y las políticas de reducción de los gases de efecto invernadero tengan un papel central en muchos de los discursos de los líderes mundiales y los eventos que se realizarán de forma paralela a la Asamblea General, el verdadero esfuerzo diplomático ocurrirá detrás del telón, donde el encuentro en persona de las diferentes delegaciones debería ayudar a preparar las negociaciones de cara la próxima Cumbre del Clima (COP26) de Glasgow.
Cerramos este repaso semanal con la nueva Ley de Formación Profesional, que ya ha recibido luz verde en el Consejo de Ministros. Esta normativa se espera que sea fundamental para transformar la FP en España y especialmente en el sector del agua, ya que mejorará la cualificación intermedia del mercado laboral español, que en el caso de la gestión de los recursos hídricos exige un enfoque integrado y dual con la formación continua de los profesionales en activo.
Garantizar la actividad de los trabajadores del ciclo urbano del agua durante la pandemia, especialmente en los momentos más críticos del confinamiento, ha exigido una gran capacidad para modificar de un día para otro los procedimientos de actuación, implementar nuevas herramientas digitales y soluciones que, al tiempo que aseguraban un buen servicio a los ciudadanos, preservaban la salud de los empleados. Y esta profesionalidad está asentada sobre la formación continua, tal y como refleja el VI Convenio colectivo estatal del sector del ciclo integral del agua, que tiene en la capacitación del empleado una de las bases para la mejora del servicio prestado a la ciudadanía.
¡Buen fin de semana a todos!
