La UE multa a España por no depurar aguas residuales

Algo huele a podrido en España: 20 años de retraso en depuración

Algo huele a podrido en España: 20 años de retraso en depuración

En 1991 la Unión Europea aprobó la directiva que regula la depuración de aguas residuales urbanas y dio de plazo el año 2001 para que cada Estado adaptara las infraestructuras municipales. Han pasado 30 años desde la aprobación de la normativa comunitaria y todavía hay localidades en nuestro país que no cumplen con ella. Bruselas ha llevado al Estado español a los tribunales y pagamos una multa de 58.000 euros por cada día que la situación sigue sin resolverse



La historia

La Comisión Europea advierte a España sobre la existencia de 133 núcleos urbanos que carecen de un tratamiento secundario de todos los vertidos procedentes de aglomeraciones con más de 2.000 habitantes equivalentes, y de la falta de un tratamiento más avanzado para aquellas con más de 10.000 habitantes en zonas sensibles designadas

¿Esto es una noticia antigua?

No. En absoluto. Este tipo de requerimiento vuelve a ser noticia porque llueve sobre mojado. Las deficiencias que arrastra España en materia de depuración nos costarán otra vez hoy 58.000 euros, como cada día desde julio de 2018, fecha en la que la Unión Europea penalizó a España con el pago diario de esa cantidad por no cumplir las exigencias requeridas para la depuración de las aguas residuales de los municipios con más de 15.000 habitantes, obligaciones fijadas hace casi 30 años.

¿30 años?

Sí, hace casi 30 años que se fijaron los objetivos y casi 20 desde que se tenían que haber cumplido.
El “incumplimiento masivo de los requisitos de depuración en España”, que señala Bruselas, ha supuesto ya para las arcas del Estado el pago de 32,7 millones de euros en concepto de multa, cantidad que previsiblemente seguirá subiendo a tenor de la sanción impuesta: 10,35 millones de euros semestrales hasta 2023.

¿Quién incumple?

Si en 2011 eran 17 las aglomeraciones españolas que no cumplían la norma, en 2018, fecha en la que el Tribunal de Justicia de la UE sancionó a España, ya sólo quedaban nueve núcleos urbanos que vertían sus aguas sin depurar: Alhaurín el Grande (Málaga), Barbate (Cádiz), Coín (Málaga), Gijón Este (Asturias), Isla Cristina (Huelva), Matalascañas (Huelva), Nerja (Málaga), Tarifa (Cádiz) y Valle de Güímar (Santa Cruz de Tenerife).
Hoy, dos años después de que la UE impusiera la sanción, ocho de estos núcleos urbanos siguen sin cumplir la directiva europea -solo Tarifa logró salir de la lista negra-, y a pesar de que han tenido 20 años para adaptarse a las regulaciones, no será hasta 2023 que las aguas residuales de sus 379.000 habitantes vuelvan limpias a la naturaleza. Eso dicen.

¿Y quién paga la multa?

Paga usted, estimado lector. Pagamos todos.
Es probable que si el pago de la multa lo hubieran asumido los responsables directos de contaminar con aguas sucias lugares tan emblemáticos como el entorno del Parque Nacional de Doñana, sobre todo desde las comunidades autónomas y desde el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y también eventualmente desde los propios ayuntamientos, algunas de las obras para solucionar el problema ya estarían terminadas.

¿Dónde está la responsabilidad?

No sabemos. Porque no es de recibo que tres municipios de la provincia de Málaga (Nerja, Coín y Alhaurín el Grande) hayan visto testificar en el juzgado a sus alcaldes por verter, por falta de infraestructuras, sus aguas fecales sin depurar, cuando éstas son responsabilidad del Estado, en el caso de la primera, y de la Junta de Andalucía, en el caso de las dos últimas.
En el caso de Coín, no se explica cómo disponiendo ya de la Estación Depuradora en pruebas, lleven año y medio vertiendo sus aguas fecales al río Guadalhorce sin ningún tipo de tratamiento porque no terminan de adjudicarse los trabajos de reparación de tres kilómetros de colectores, dañados por un temporal, ¡obras que tienen un tiempo estimado de ejecución de un mes!

En fin… la pesadilla acabará en el 2023…

No. La que hasta ahora es la mayor multa impuesta a España por incumplimientos de las directivas europeas podría quedarse pequeña de prosperar otros cuatro procesos de infracción de la UE a causa de la falta de tratamiento de las aguas urbanas. Estos procesos están abiertos en este momento y se agrupan en función del tamaño de las poblaciones que no depuran o que lo hacen mal, y de las zonas naturales afectadas.
La pasada semana el requerimiento fue para 133 núcleos urbanos que carecen de un tratamiento secundario de todos los vertidos procedentes de aglomeraciones de más de 2.000 habitantes equivalentes, y de un tratamiento más avanzado para las de más de 10.000 habitantes en zonas sensibles designadas.
España tiene dos meses para dar una buena respuesta a Bruselas, una respuesta que llega tarde en forma de Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (Plan DSEAR), que estará listo para el verano de 2020 y que contempla inversiones de 477 millones de euros en más de 80 actuaciones de aquí hasta el 2023.
Esto, además de la ejecución pendiente de 3.500 medidas de saneamiento y depuración, con una inversión estimada para los próximos 18 años de hasta 10.000 millones de euros que recogen los planes hidrológicos.

¿Quizás imposible cumplir?

No. En absoluto. Buscando la colaboración técnica y financiera de empresas españolas especializadas que prestan el servicio a millones de personas en todo el mundo, se hubiesen evitado la inmensa mayoría de los retrasos. El aplazamiento del pago no es problema, porque casi todos pagamos un canon para la depuración de las aguas residuales que producimos.


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