Con una semana de diferencia Ana Botín lanza (en El País) el mismo mensaje que lanzó Ángel Simón en varios medios: necesitamos un nuevo contrato social para proteger a las personas desde el apoyo a las empresas. Hay que entender que el estado del bienestar no puede financiarse con deuda más que transitoriamente. Hay que recuperar, como mínimo, los niveles de empleo anteriores a la crisis. Y debemos entender que el empleo privado es prioritario, porque es el que sostiene el empleo público como la sanidad o la educación.

Claro, pero en esta misma semana en que los presidentes de dos grandes compañías, muy diferentes, compartían un mismo diagnóstico constructivo de como enfrentar la reconstrucción, Nissan daba por hecho que se va de Barcelona, para regocijo del grupo político de Colau, que en pleno confinamiento pidió desmantelar la industria automovilística para mantener baja la contaminación. Esta boutade de política adolescente e irresponsable hecha realidad supone la pérdida de 25.000 empleos de calidad en el entorno metropolitano de Barcelona.
Las cosas se están poniendo muy difíciles.

Botín, también coincidentemente, propone un proyecto común para el futuro inmediato de España, claro y transparente, apoyado en una amplia mayoría. Pide seguridad jurídica e institucionalidad. Y un marco económico y fiscal que atraiga inversiones que generen empleo, mucho empleo y de calidad, empleo que a su vez haga sostenibles las finanzas públicas.
Y el respeto al rol de todos en una colaboración leal de sector público, sector privado y sociedad civil, haciendo cada uno lo que mejor sabe hacer.
Si les hacen caso, a lo mejor salimos de esta.