LA HISTORIA
Una juez de Girona pide al Tribunal Supremo que investigue a Puigdemont por prevaricación, fraude y falsedad documental por desviar fondos del canon del agua a la adquisición de obras de arte para el consistorio por importe de un millón de euros en el año 2015.
¿POR QUÉ NOS INTERESA ESA HISTORIA?
Nos interesa el Puigdemont alcalde de Girona que desvía el dinero proveniente del agua porque, obviamente, el canon se incorpora a las tarifas. Ese dinero, siguiendo el principio de recuperación de costes al que obliga la Directiva Marco, debía destinarse al mantenimiento y renovación de las infraestructuras del agua y se utilizó para otros fines. No fue el único.
¿FALTA DE TRANSPARENCIA?
Hombre, si estás incumpliendo la ley muy transparente no serás, mayormente para que no te pillen.
Pero falta de transparencia y manipulación de la realidad hay de muchos tipos. Así el actual consistorio de Valladolid llama inversión al gasto corriente, consumibles y suscripción a revistas. Mientras, el ayuntamiento de Colau baja la tarifa al borde de lo sostenible y luego incorpora en el recibo del agua un aumento en la tasa de residuos, para mayor incoherencia de la factura y confusión del ciudadano.
España es el único país de la UE -además de Irlanda donde el agua es gratuita y sus infraestructuras son, probablemente, las peores de Europa-, en el que las tarifas no permiten cubrir en muchas ocasiones la totalidad de los costes de operación del sistema de distribución, abastecimiento y saneamiento del agua. Eso está prohibido por Bruselas.
El agua, ese bien cada vez más escaso, que no cuesta lo que vale, un derecho humano y un bien de dominio público, exige eficiencia en la gestión, para que llegue a todos y para que llegue siempre. Para que el servicio sea sostenible medioambiental, económica y socialmente, es preciso que el dinero del agua vuelva al agua, y hoy por hoy eso no pasa.
¿PERO NO HAY NADIE QUE PUEDA OBLIGAR A QUE SE HAGAN LAS COSAS BIEN?
En la práctica no. En España el agua es pública y el regulador es la Administración Pública. Con un modelo de regulación descentralizado intervienen miles de reguladores municipales independientes, normalmente los propios ayuntamientos, lo que se traduce en una regulación heterogénea y muy variable, estando las competencias en el ciclo del agua urbana muy fragmentadas y sin una coordinación evidente. Y en muchas ocasiones la administración es juez y parte. Y así nos luce el pelo.
¿Y QUÉ PODEMOS HACER?
Se hace necesaria la figura de un “regulador independiente” cuyo objetivo debe ser el de armonizar los niveles de prestación de los servicios y las estructuras tarifarias, así como la transparencia, involucración y participación de la ciudadanía.
Además, debe buscar siempre la eficiencia en el desempeño de estos servicios públicos y su orientación, estrategia y acciones responderán a los objetivos, criterios y sensibilidades sociales. El Regulador, basado en criterios técnicos independientes, rigurosos y transparentes, contribuirá a la seguridad jurídica de los actores involucrados: la administración municipal, operador del servicio y usuario.
El derecho al agua encarnado en el servicio de abastecimiento y saneamiento, necesita un agente independiente que separe el grano de la paja, que garantice las condiciones para la sostenibilidad del servicio y la transparencia.
Al agua lo que es del agua, y al usuario, el mejor servicio posible al mejor precio.
