Cuando un vicepresidente del gobierno y el líder del tercer grupo político más importante del parlamento se retan a un duelo al sol, es difícil sustraerse a convertirlo, por su potencial negativo, en la historia del día. Pero justamente por ello vamos a obviarlo, como declaración de principios contra el populismo como forma de hacer política.

Y como decíamos ayer, la vida sigue. Y la ley de cambio climático del MITECO es una buena noticia, más allá de que sea más o menos mejorable. En relación a la gestión de los recursos hídricos, los elementos clave según el proyecto de Ley de Cambio Climático -el control de riesgos, caudales ecológicos, gestión de la demanda, ahorro energético y avances en circularidad- resultan coger al sector en España remando ya en la dirección correcta.

Sin ponernos eufóricos, porque hay que recordar que seguimos pagando cuantiosas multas diarias por incumplir los objetivos de depuración, lo cierto es que los planes de inundación y de sequía no son ajenos a la gestión de las confederaciones hidrográficas.

Y en la gestión del ciclo urbano del agua, los principales operadores han desarrollado tecnologías e innovaciones que les convierten en líderes mundiales en regeneración de agua residual, aflorando una descomunal fuente de recurso, en la conversión de las depuradoras en biofactorías, que no solo producen agua reutilizable, sino que convierten los lodos en fuente de riqueza. La economía del agua avanza sin duda con paso firme hacia la circularidad. También son punteros en eficiencia energética y en su compromiso con la descarbonización.

Es cierto pues, que el sector del agua, de la forma más transversal, solo tendrá que profundizar en el camino actual para cumplir con los objetivos que le asigna la nueva ley de cambio climático.

Pagamos multas porque de forma innecesaria ha faltado financiación y voluntad política, y en ocasiones han sobrado prejuicios para concesionar a tiempo la gestión de las aguas residuales. Las tecnologías y el conocimiento están disponibles, pero su aplicación no es homogénea. Como tantas veces hemos dicho, falta una regulación nacional que normalice tanto la calidad de los servicios como el cumplimiento de las obligaciones.

Los objetivos de la ley de cambio climático sumados a la crisis económica y financiera del estado en su conjunto, y de los municipios en particular, son una ocasión para aprovechar los recursos técnicos y financieros de los que disponen las empresas.

Previamente hay que optar por reequilibrio o endeudamiento, o lo que es lo mismo, un salto hacia delante o un paso atrás.