LA HISTORIA
Garantizar la sostenibilidad del ciclo integral del agua en España requiere unas inversiones anuales cercanas a los 2.900 millones de euros durante una década. Casi el doble de las cantidades invertidas en los últimos años. Para que eso sea realidad se necesita una intensa colaboración público-privada. En pleno despegue de la reconstrucción económica poscovid esta sería una de las inversiones necesarias y posibles más verdes, digitales y generativas.
TODO EL MUNDO ESTARÁ DE ACUERDO ¿NO?
Casi todo el mundo. La mayoría del sector -80%- representada por AGA-AEAS está de acuerdo en que hay que llevar adelante esas inversiones y en que solo con colaboración público-privada es posible enfrentarlas. Una asociación minoritaria de operadores públicos -12%- y algunas organizaciones sin representatividad alguna oponen su modelo de endeudamiento municipal y subcontratación intensiva, o sea gestión privada de peor calidad, con empleos precarios, sin formación, sin I+D ni desarrollos tecnológicos, con riesgo financiero para el ayuntamiento que además pierde la opción de dedicar esos recursos a la protección social, más necesaria ahora que nunca. Son los mismos que no quieren regulación nacional aunque la gestionen los ayuntamientos. Los trabajadores desde luego no quieren eso.
¿Y QUÉ PASARÁ?
Pues ya veremos. Porque esas discusiones absurdas desvían el tiro de lo realmente importante para el desarrollo del sector y la garantía del derecho al agua. No querer la colaboración público-privada es negar las inversiones necesarias a los ciudadanos. Negar las inversiones y la regulación, que serían las garantes de la sostenibilidad del sistema tal como lo plantea la Directiva Marco de la UE, y del propio derecho al agua, es tomar el rol de la falsa madre del juicio de Salomón, que está dispuesta a que partan al niño por la mitad con tal de que le den un trozo. Por qué se atiende a actores de tan reducida representatividad, con intereses tan particulares es un misterio.
