LA HISTORIA
La UE considera que España está particularmente expuesta al cambio climático a pesar de lo cual nos pide que los costes de la adaptación y los esfuerzos para la transición ecológica los paguemos nosotros aumentando la fiscalidad ambiental.
¿PERO LA UE NO VA A HACER NADA APARTE DE HABLAR?
Bueno… Europa ha decidido centrar sus esfuerzos en conseguir una economía libre de carbono en 2050 pero no en la adaptación al cambio climático. Así los esfuerzos de inversión de la UE van sobre todo destinados a ayudar a los países con una alta dependencia del carbón como Polonia o Alemania.
España, aunque se alaba de ella el rápido abandono del carbón y se considera que está en el buen camino para cumplir los objetivos en cuanto a energías renovables, recibirá solo el 4% una de estos fondos, 307 millones, “para mantener la cohesión social y territorial” en cuencas mineras como León o Asturias. Mientras, Alemania que ha descarbonizado su producción energética más lentamente, recibirá 800 millones.
¿PERO QUÉ DICEN DE ESPAÑA?
A pesar de esta falta de fondos específicos para la adaptación, el informe de la Comisión es claro: “La localización geográfica y la topografía hacen de España un país especialmente vulnerable a los efectos adversos del cambio climático”. Y hace una lista posible de los impactos, que van desde la erosión costera hasta la pérdida de biodiversidad y ecosistemas naturales. Solo en daños por inundaciones, estiman costes de 800 millones de euros al año.
Pero pasan por encima de nuestros problemas objetivos para la adaptación y nos ponen deberes en sostenibilidad, sobre todo para asegurar una gestión del agua y de los residuos “más eficiente”.
La comisión considera que la inversión necesaria hasta 2030 para garantizar el cumplimiento por parte de España de la Directiva de aguas residuales urbanas (siguiendo las estimaciones de la OCDE) es de 24.867 millones de euros.
¿Y NO DICEN NADA BUENO?
Si no hablamos de dinero, algo dicen. Bruselas considera que el Plan Nacional de Energía y Clima es “ambicioso” y tiene “la potencialidad de mejorar el PIB y crear empleo”, pero considera que para ponerlo en marcha y hacerlo más efectivo sería necesario “un uso más sistemático de la fiscalidad ambiental”.
La Comisión recuerda que la presión fiscal “verde” de España está más de medio punto por debajo de la media de la UE –1,8% frente a 2,4%– y señala en particular que los impuestos sobre el diésel y la gasolina son “relativamente bajos”.
El análisis hace mucho hincapié en esta necesidad de unos mayores impuestos ambientales. O sea que nuestros problemas los paguemos nosotros con nuestros impuestos.
¡Y DALE CON LOS IMPUESTOS!
También nos dicen que la eficiencia de la gestión público-privada de los recursos en España ha mejorado significativamente desde 2009. Y que “el sector privado español es clave para lograr resolver el desafío de la sostenibilidad a través de la digitalización y la innovación”. Porque España tiene un problema grande con el I+D: según Bruselas, el gasto total nacional en este sector clave solo alcanza el 1,24% del PIB, un registro que está lejos del objetivo recomendado por Europa de gastar como mínimo un 2% en innovación. La mayoría de la inversión actual corresponde al sector privado.
Por último, en su parte final, el análisis que hace la UE del avance de las políticas verdes en nuestro país se fija en un sector vital para la economía y la idiosincrasia españolas: el turismo. Y el diagnóstico es claro: “El turismo en España se enfrenta al reto de volverse más sostenible”.
