Han sido ya muchas semanas de negociación entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), una negociación de la que muchos ayuntamientos se sienten desplazados, y que no ha logrado poner sobre la mesa de la Junta de Gobierno Municipalista una propuesta satisfactoria que permita a los entes locales participar de forma activa en la reconstrucción del país tras el paso de la pandemia de COVID.

Para poder acometer las inversiones y gastos necesarios para sacar al país de la crisis los Ayuntamientos reclaman desde el inicio de la pandemia la supresión de la norma de gasto que les impide utilizar sus ahorros para este fin y les obliga a usarlos en la amortización anticipada de su deuda.

El Ministerio de Hacienda ávido de liquidez les ha propuesto ceder por la vía del préstamo al Estado este remanente de 18.000 millones de euros ahorrados por los ayuntamientos. Un préstamo que será devuelto como ingreso gastadero sin imputar en el límite de gasto a tenor de 5.000 millones euros entre 2020 y 2021 y en 10 años los otros 13.000 millones.

Esta propuesta ha resultado del todo insuficiente para la Junta de Gobierno de los ayuntamientos españoles que esperan una nueva propuesta por parte del Ministerio de Hacienda para este martes.

Hacienda trabaja in extremis con el presidente de la FEMP, el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, en una nueva propuesta para que las entidades locales puedan participar en la reconstrucción del país tras la pandemia y, excepcionalmente, ha planteado no exigir este año el cumplimiento de la regla de gasto.

Una ley que limita la capacidad de crecimiento del gasto de las administraciones a la tasa de referencia del PIB a medio plazo, situada en el 2,9% este año.

El presidente de la FEMP ha explicado que “en la actualidad, los Gobiernos Locales no pueden usar sus remanentes y, en este marco, la propuesta del Ministerio permite el uso de una parte de éstos, de forma inmediata y sin que compute el déficit”.

Caballero ha subrayado que “pasamos de una ley que no nos dejaba utilizarlos, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de 2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a una propuesta en la que el Gobierno asume el déficit y nosotros podemos usarlos”.

El Presidente de la FEMP ha añadido que en el planteamiento del Ministerio de Hacienda también se incluyen otras propuestas, que ha calificado como “muy importantes” sobre Fondos Europeos, sobre uso del superávit, sobre entregas a cuenta y “otras para los Ayuntamientos que no tienen déficit ni superávit”.

“Se trata -ha concluido Caballero- de una propuesta del Gobierno muy asumible por parte de las Entidades Locales”.

De momento el consenso sigue lejos, para los alcaldes del PP no es ninguna concesión del Gobierno porque ya daban por hecho que en la actual situación de crisis todas las administraciones iban a incumplir la regla de gasto.

Rechazo popular y de gallegos y catalanes

Los populares consideran que la suspensión de la regla de gasto este año es insuficiente y debería ser extensible al 2021, que es cuando se sufrirán las consecuencias por la bajada de la recaudación y en cumplimiento del acuerdo alcanzado en la Comisión de Reconstrucción del Congreso.

Para el portavoz del PP en la FEMP, Jorge Azcón, la propuesta se resume en que los ayuntamientos pierden en 2020 y 2021 el 65% de sus ahorros, que, sin embargo, gana el Estado en liquidez.

Además, ha dicho, el Estado no comienza a devolver el préstamo hasta 2022, porque se le dan dos años de carencia.

La FEMP ha convocado una nueva junta de gobierno el próximo martes en busca de conseguir un amplio respaldo de los alcaldes al nuevo texto. Pero si no hay mejoras no parece que se apruebe por una amplia mayoría, lo que podría romper la unanimidad con la que ha actuado este organismo en los últimos 40 años.

La Junta de Gobierno de la FEMP es un órgano está formado por 25 miembros: 12 del PSOE, 10 del PP y uno de Ciudadanos, Podemos-IU y Junts.

Si el martes pasado no prosperaba el acuerdo a falta de un voto, habrá que ver si por afinidades gubernamentales es en Rivas Vacia Madrid donde se define la balance con un cambio en la orientación del voto de su alcalde de IU-Podemos.