LA HISTORIA

“Excepcionalmente, mientras esté en vigor el estado de alarma, no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, incluidos los gases manufacturados y los gases licuados del petróleo, gas natural y agua a los consumidores personas físicas en su vivienda habitual, por motivos distintos a la seguridad del suministro, de las personas y de las instalaciones, aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o acceso suscritos por los consumidores de conformidad con la normativa sectorial que les resulte aplicación en cada caso…”

Este el artículo 29, sobre la garantía de suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, gas natural y agua, del Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

PERO, ESTO SE APLICA A LAS PERSONAS CON PROBLEMAS ECONÓMICOS, ¿NO? 

No. En el Real Decreto original de 17 de marzo, en su artículo 4, se regula la garantía de suministro de agua y energía a consumidores con problemas económicos. Establecía que los suministradores de electricidad, gas natural y agua no podrán suspender el suministro a aquellos consumidores en los que se da la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión SOCIAL. 

Por lo tanto este primer decreto se enfocaba en las personas y familias que en estos momentos están en dificultades económicas, sea por el coronavirus o por otros motivos.

Por el contrario, este Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo establece que no se le puede cortar el suministro a nadie que no pague,  da igual si es millonario o vulnerable. Que cada quien pague, dependerá del civismo, la ética, la responsabilidad y la conciencia de cada usuario, y no de su posibilidad económica para el pago de servicios que ahora más que nunca, son  vitales y de cuyo suministro constante y sin incidencias dependen, literalmente, millones de vidas.

PERO ESO NO ES LÓGICO

No.

Sí era lógico y razonable lo previsto en el primer decreto. Porque es evidente que cientos de miles de trabajadores se han quedado en precario, ya sea temporal o definitivamente, y había que prevenir situaciones de riesgo para las familias. Pero el nuevo redactado, sin más rigor ni precisiones, simplemente incita al usuario sin escrúpulos a no pagar.

La picaresca española es antológica. Con la pandemia se han desbordado en las redes las imágenes de quienes, a riesgo de su salud, la de sus seres queridos, y la de sus bolsillos, se saltan la cuarentena con trucos dignos de Harry Potter.

Por eso no es de extrañar que ante una vía expedita que ampara  el incumplimiento de obligaciones contractuales, haya más de uno que decida no pagar los servicios y punto.

¿QUÉ PASARÍA SI A TODOS ESOS INESCRUPULOSOS LES DA POR NO PAGAR? 

Que la situación sería alarmante pues podría llegar a producirse un gravísimo problema financiero en muchas compañías suministradoras de estos servicios, y como consecuencia una posible falla del sistema, lo cual produciría una alarma artificialmente provocada, para beneficio de vaya usted a saber de quien, y para desgracia de todos los españoles, que perderíamos la seguridad del buen funcionamiento de aquello que nos está permitiendo sobrevivir al confinamiento sin sobresaltos y con inesperada naturalidad: agua, gas y electricidad.

De producirse un impago masivo, el que sufrirá será el servicio en sí. ¿Se pueden imaginar ustedes los hospitales llenos, las residencias, los supermercados, y todos los frentes que ahora mismo combaten la pandemia, con deficiencias en los suministros básicos?  No.

Como siempre, acabará siendo el más vulnerable el que más lo sufra.

¿PERO SI YA ESTABA BIEN REGULADO POR QUÉ LO HAN CAMBIADO?

Buena pregunta. Probablemente, el cambio de algo tan bien establecido, obedece a la necesidad de emitir mensajes de complicidad con una población que se está formando una opinión crítica con la gestión de la crisis. Desde luego no es lo más adecuado lanzar un mensaje a riesgo de desequilibrar la sostenibilidad de los servicios básicos.

Como daño colateral queda el desgaste de la Vicepresidenta Teresa Ribera, que hasta el decreto había llevado exquisitamente su negociado, resistiéndose al efecto populista, en medio de la escalofriante crisis que estamos viviendo. De hecho el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) es el único en el que, de puertas para afuera, parece haber vida más allá del coronavirus.

Queda pues, esperar que, dadas las gravísimas consecuencias que podría acarrear, se anuncie pronto la anulación de ese artículo 29, y la vuelta al del día 17, en el que la protección es para el que la necesita. Lo contrario es una bomba de relojería.