La Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES) propone un Plan de Inversiones en Concesiones para la reconstrucción de la economía española consistente en “una inversión privada directa de 301.839 millones en 19 años”. Según explican, “en términos anuales, el plan que proponemos implica una aportación al PIB de 59.587 millones de euros/año y la generación de más de 400.000 empleos/año”.

Ya lo dice el presidente de la CCIES, Francesc Sibina, se trata de inversión privada directa: “Puede y debe ser ejecutada de forma urgente sin comprometer las finanzas públicas ni los principios de estabilidad presupuestaria. Sin incrementar el déficit público ni generar endeudamiento adicional, ni explícito ni implícito, de las administraciones públicas españolas en los próximos años”.

El plan, de 53 páginas, garantiza una gigantesca inversión en vivienda, carreteras, telecomunicaciones, aparcamientos o distribución de agua, entre otros.

Así, la propuesta de construcción de un millón de viviendas de alquiler a precios asequibles para las familias de rentas bajas es mucho más ambiciosa que el plan aprobado ayer por el Consejo de Ministros, aunque su principio rector es el mismo: la cesión de suelo público a promotores para construir vivienda social. La inversión propuesta supera 110.000 millones y crearía dos millones de empleos a lo largo de 15 años.

El plan para mejorar todo el ciclo del agua contempla 70.000 millones, sobre todo en depuración, circularidad y renovación de las redes, que consideran financiable con un aumento de tarifas a quien pueda pagar, sin abandonar a las capas de la población más necesitadas, a las que, como ya ocurre en la actualidad, se les garantiza el derecho al agua.

Pues sí, el Gobierno está diseñando un tal plan a cofinanciar con el sector privado. La CCIES le demuestra, como ya hiciera SEOPAN hace poco, que las propuestas y su oportunidad son bien conocidas, y que hay la mejor disposición de las empresas para aportar los recursos tecnológicos y financieros necesarios para llevarlas a cabo.
Solo piden una cosa: que la seguridad jurídica de esas concesiones alrededor de las que plantean las inversiones esté plenamente garantizada ante cualquier vaivén político.