A día de hoy se han destruido más de 140.000 empresas, y muchas de las que prestan servicios esenciales están en grave riesgo por las reducciones de consumo y por el aumento de los impagos.

Vincular los ERTEs al estado de alarma y prohibir los despidos sin tener en cuenta las circunstancias era un absurdo. Poco a poco, se van produciendo tímidos y excesivamente lentos avances en la introducción de la lógica económica y empresarial en las decisiones gubernamentales, para superar la crisis económica subyacente a la crisis sanitaria. Esto, como si fueran graciosas concesiones, sin acabar de entender que, sin un Gran Pacto Social que proteja globalmente a las empresas y sus puestos de trabajo no habrá reconstrucción, sino una extraordinaria tragedia final.

Todavía quedan situaciones de absurdos como el que se plantean la ACIE, o la Asociación Española de Gestores del Agua Urbana-AGA, que trabajan más que nunca, urgidos por una situación de emergencia y riesgo, con una fuerte pérdida de facturación por el parón de tantos sectores económicos y por un aumento de la morosidad. A éstos, sin embargo, un decreto-ley les niega el derecho al equilibrio económico que sí reconoce a los sectores que han tenido que parar por no ser esenciales. Ejemplos como este, hay muchos más.

Pero el eje, el corazón de la cuestión a tratar, debería ser la construcción de ese gran pacto político y social que salve empresas y empleos. Lamentablemente, enfrente sigue habiendo voceros del antagonismo de lo público y lo privado, capaces de criminalizar a las empresas y de mentir sobre lo que hacen con la población vulnerable en esta pandemia. Pregonan deuda frente a equilibrio, pregonan insostenibilidad frente a solidaridad, y como todo eso es absurdo, cabe preguntarse ¿qué es lo que quieren realmente?

Mientras, trabajadores y empresarios suspiran por el gran pacto social que nos salve a todos.