Después del acuerdo alcanzado el pasado martes en el Consejo Europeo para la distribución del gran Fondo para la reconstrucción de la UE, tras cinco días de debate y mercadeo, ya nada parecía imposible.

De hecho, pese a la hostilidad y virulencia del lenguaje político empleado en el Congreso de los Diputados en los últimos meses este miércoles, la Cámara baja ha aprobado a priori 3 de los 4 dictámenes de la Comisión de Reconstrucción, dando luz verde a las propuestas de Sanidad, Política Económica y UE, pero ha sido rechazada la de Políticas Sociales.  Una aprobación ‘a priori’ porque a última hora de la tarde, se anuló el resultado de la votación sobre Política Económica a causa de un error de forma y habrá que repetir la votación de este punto la próxima semana.

Lo aprobado es un dictamen no vinculante elaborado a partir de las conclusiones extraídas de la participación de más de más 125 expertos y agentes socioeconómicos para contribuir a plantear una hoja de ruta que saque a España del profundo hoyo en el que la ha dejado sumida la pandemia del SARS-COV-2; y que debería inspirar las politicas estratégicas y los nuevos presupuestos generales del Estado.

Hasta ayer se daba por hecho que el acercamiento entre el PP y el PSOE en aras a remar en la misma dirección permitirían aprobar con gran consenso los dictámenes en materia de Unión Europea y Sanidad, pero la sorpresa llegó de la mano del dictamen aprobado, aunque posteriormente anulado, en materia económica.

Aprobación, por un voto (aunque anulado)

Finalmente, el triunfo de tres de cuatro se quedó en dos de cuatro, con la anulación de la ajustada votación sobre la Política Económica debido a un error de forma. Una diputada de Unidas Podemos que había solicitado la votación telemática finalmente acudió al hemiciclo y votó desde su escaño por lo que los letrados del Congreso consideraron a última hora de la tarde de ayer miércoles que había que corregir el recuento y rectificar la proclamación del resultado final, que ha quedado en empate. Así, deberá repetirse la votación el próximo pleno extraordinario de la semana que viene. En principio, la votación no debería peligrar, pero queda como un aviso a navegantes de que al final el que no cede no gana.

El texto del dictamen del bloque de medidas de reactivación económica de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso tiene siete enmiendas, 22 enmiendas transaccionales y el voto particular de Podemos, que deja fuera de las recomendaciones la puesta en marcha de la ‘mochila austriaca’.

Se incluye la posibilidad de que las entidades locales hagan uso del superávit de 2019 y 2020, así como un régimen sancionador contra la morosidad; se condicionan las ayudas públicas a empresas a la lucha contra el cambio climático y al cierre de la brecha salarial entre hombres y mujeres, y se acuerda impulsar la reforma de la Administración local.

El dictamen del grupo de trabajo de reactivación económica de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso recibió los votos a favor de 169 diputados del PSOE, Unidas Podemos, CS, Más País, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias y PRC, frente a los 168 votos en contra de PP, Vox, ERC, Bildu, PNV, BNG, CUP y Foro y las 11 abstenciones de Junts, UPN y Coalición Canaria.

Los socialistas acordaron con Ciudadanos cuatro enmiendas transaccionales con las que pactan promover la contratación pública social y medioambientalmente responsable para alcanzar un modelo de gestión más eficiente del gasto público, conforme a la Ley de contratos del Sector Público y las directivas europeas, así como incluir en las estrategias de reactivación económica y modernización del modelo productivo nuevas medidas de prevención y lucha contra la corrupción, en línea con la más reciente normativa europea.

También acordaron la modernización y optimización, en coordinación con las comunidades, de las políticas activas de empleo mediante la revisión del marco global de dichas políticas, la redefinición de los objetivos, la revisión de incentivos a la contratación, la actualización de la Estrategia de Empleo Joven, la articulación de un nuevo derecho a la formación continua, el establecimiento de un mecanismo de evaluación y seguimiento de las políticas activas de empleo y la consideración de nuevos nichos de empleo verde generados por la transición ecológica.

Agencia Nacional de Salud Pública

Los acuerdos más claros, que no más sencillos se produjeron en materia sanitaria donde PSOE aceptó la creación de una Agencia Nacional de Salud Pública, principal reivindicación del PP.

La función de este órgano será la de potenciar la coordinación entre el Estado y las comunidades en materia sanitaria. Algo que provocó el recelo y el rechazo de los grupos nacionalistas e independentistas. El PP se había abstenido en la votación del texto sobre sanidad en la comisión, pero la portavoz popular, Ana Pastor, llegó a un acuerdo para aprobar una enmienda transaccional impulsada por el PSOE, y negociada también por Ciudadanos, que incluía en el dictamen la creación de esa agencia.

Pastor instó en su intervención a abandonar «las posturas maximalistas». Señaló que no se puede hacer una política de «tierra quemada» y se felicitó por los acuerdos, entre los que incluyó el plan de renovación tecnológica de los centros sanitarios, propuesto también por el PP.

Por su parte la portavoz socialista, Adriana Lastra, señaló que «este debe ser un acuerdo para demostrar que nuestra responsabilidad es mayor que nuestras diferencias».

El escollo de la educación concertada

Tal y como se preveía el pacto en materia social ya se había descartado tras la decisión del PSOE y Unidas Podemos de excluir de cualquier ayuda a la educación concertada, que escolariza casi al 30% del alumnado. Y, a pesar de que los partidos del Gobierno, junto con ERC, presentaron una enmienda en la que se suprime la referencia a que «la totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa», excluyendo de esa manera a la concertada, y se sustituye por otro texto que afirma que «la totalidad del incremento de la inversión irá destinado a cerrar la brecha educativa, dando prioridad a todos aquellos centros que atiendan a alumnado en situación de vulnerabilidad», el PP siguió sin sumarse, al entender que no se garantiza la ayuda a la educación concertada.

No ha sido un acuerdo perfecto, solo se han ido con la corriente los postulados ideológicos más inflexibles, porque allí donde ha habido acuerdo ha habido cesión y se eso se trata, de buscar el máximo común denominador porque los ciudadanos españoles no entenderían otra cosa de sus representantes.