La costa española está llena de ejemplos de ocupación indebida de la línea costera con uso residencial, muchos de ellos anteriores a la Ley de 1988 que estableció el dominio público marítimo terrestre como franja de protección. La Ley de 2013 alargó el plazo de la concesión del uso de esos terrenos. Las primeras líneas de costa ocupadas por viviendas deben desocuparse, pero con la legislación actual hay poco margen para organizar usos futuros de forma sostenible
Tras un temporal marítimo en nuestras costas se aprecian los efectos que el oleaje provoca en la primera línea de mar. Daños en paseos marítimos, en equipamientos de playa, en puertos deportivos y, en algunos casos, en viviendas situadas en la propia franja costera.
Esto último no debería ocurrir, pero la costa española está llena de ejemplos de ocupación indebida de la línea costera con uso residencial. En estos casos se trata de establecimientos anteriores a la ley de Costas de 1988 que estableció el dominio público marítimo terrestre como franja de protección principal de la costa española.
Desde los años sesenta del pasado siglo habíamos asistido en nuestro país a implantaciones irracionales, en playas y cordones dunares que rompieron la dinámica natural de la costa en un período con escasa protección del medio ambiente. Se ocuparon así áreas de gran riqueza natural para beneficio particular. Tras la aprobación de la mencionada ley de 1988 pasaron a ser bienes en concesión administrativa con fecha de caducidad.
“La costa española está llena de ejemplos de ocupación indebida de la línea costera con uso residencial”
Ya en nuestro siglo, cuando el período de ocupación concesional de muchas de estas viviendas iba a finalizar, una nueva ley de Costas, aprobada en 2013, abrió la posibilidad de ampliar esas concesiones 75 años más. Una decisión que evitaba un problema, o eso se creía, pero generaba otro: aumentaba el riesgo de estas áreas ocupadas frente a los temporales marítimos. Y esto debido a la evolución del clima, en su proceso de calentamiento actual, que está provocando una frecuencia mayor de este tipo de episodios atmosféricos en la costa española. En el litoral mediterráneo es algo ya evidente. Y ahí están los efectos.
Cada dos o tres años los fuertes oleajes embisten la línea de costa y generan importantes daños materiales y económicos en estos espacios ocupados. En enero de 2020 con ocasión de la borrasca Gloria el destrozo en la costa mediterránea fue muy extenso. Prácticamente toda la franja litoral entre Cádiz y Girona se vio afectada por las olas de más de seis metros que azotaron todo lo que encontraron a su paso. Paseos marítimos, instalaciones de ocio y viviendas quedaron destruidas. Tuvo que invertirse una elevada cantidad de dinero para la reparación urgente de los daños de cara a la temporada turística de Semana Santa. Todo a contrarreloj.
De manera que en España tenemos un serio problema con la ocupación indebida de la primera línea de costa y cuando se producen temporales marítimos intensos se evidencia la necesidad de actuar de forma inmediata para asegurar la vida de las personas que allí puedan vivir de forma permanente.
“La separación de competencias administrativas entre el Estado y la comunidades autónomas dificulta la toma de medidas”
Además de la ocupación ilógica del dominio público, otra cuestión dificulta la gestión del litoral: la separación de competencias administrativas entre el Estado y las comunidades autónomas. La costa, el dominio público marítimo terrestre, es competencia del Estado central, mientras que la franja litoral tierra adentro la ordena la comunidad autónoma.
Esto no debería suponer mayor dificultad si entre administraciones hubiese cooperación constante. Pero no siempre es así. De hecho, en la actualidad, hay comunidades autónomas que han apostado claramente por la sostenibilidad como objetivo principal de la ordenación de su territorio, pero se encuentra con la dificultad de tener que soportar la realidad de una ocupación concesional del dominio público durante muchos años. De manera que la costa española, con la legislación actual, tiene poco margen para poder organizar usos futuros de forma sostenible, para poder desalojar las implantaciones irracionales que allí existen.
Como se ha señalado, la situación no va a ser mejor en las próximas décadas. Los modelos de cambio climático señalan un aumento del nivel del mar en toda la costa española, más pronunciado en el sector atlántico-cantábrico que en el mediterráneo. Y con un desarrollo más habitual de temporales marítimos con oleajes intensos. Esto obliga a modificar la actual ley de Costas.
“Ocupar el dominio público marítimo terrestre es una anomalía que las sociedades modernas no se pueden permitir”
El Ministerio de Transición Ecológica ha elaborado un nuevo texto legal para la modificación de la ley de 2013 que va a tener en cuenta en mayor medida la afección del cambio climático a la hora de permitir nuevos usos del suelo en la franja costera. E igualmente, abre la puerta a la supresión de concesiones administrativas en el dominio público amparadas en dicha ley. De hecho, la propia Ley de Cambio Climático de mayo de 2021 ha contemplado ya esta posibilidad que resulta fundamental en algunos territorios españoles para la reducción del riesgo frente a los temporales marítimos en franjas costeras ocupadas por viviendas.
El bien colectivo debe estar siempre por encima del aprovechamiento individual de un elemento del medio natural. Ocupar el dominio público marítimo terrestre, aunque haya sido un proceso anterior a la normativa de costas, es una anomalía que las sociedades modernas no se pueden permitir. Porque dañan la finalidad que deben tener las políticas públicas en materia ambiental, esto es, la búsqueda del bien colectivo. Y porque suponen un riesgo para la vida humana, debido a la peligrosidad innata a las zonas costeras.
Las primeras líneas de costa ocupadas por viviendas deben desocuparse. El proceso para ello debe negociarse con los concesionarios. Pero el fin último no puede modificarse. La costa española tiene un problema de ocupación indebida con usos residenciales, que va a ir a más en el futuro por razones climáticas. Es el momento de solucionarlo.
Jorge Olcina es catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante.
