Desperdicio alimentario, madres y ‘freeganismo’

Mi madre me inculcó de pequeña que la comida no se tira. Y alguna vez me recordó que hay personas que pasan hambre. Algo que nos han dicho a casi todos nosotros alguna vez. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que se desperdicia alrededor del 30% de los alimentos producidos globalmente, unos 1.300 millones de toneladas anuales, casi la mitad en la fase de postcosecha y venta minorista. La Unión Europea despilfarra 87,6 millones de toneladas al año en los hogares, en la elaboración alimentaria y en la restauración, 173 kilos por ciudadano.

Una gran injusticia social obscena en un mundo donde diariamente mueren 25.000 personas de hambre, según la FAO, además de un grave impacto en los recursos terrestres. Pensemos que aproximadamente una de cada seis manzanas cultivadas se tira, lo cual a nivel global equivale a quemar 10 millones de barriles de crudo al año para nada. Tirar una hamburguesa a la basura malgasta 2.500 litros de agua, vidas de animales, los recursos que requiere su crianza y mucha energía.

“La Unión Europea despilfarra comida en los hogares, en la elaboración alimentaria y en la restauración, 173 kilos por ciudadano”

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 12.3 de Naciones Unidas aspira a reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita global en la venta al por menor, en los consumidores y reducir las pérdidas alimentarias en las cadenas de producción, suministro y posteriores a la cosecha. ¿Se culminará esta meta en nuestro país?

Proyecto de ley nacional de prevención

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 7 de junio un proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. La primera regulación estatal sobre la materia en España –la tercera en Europa, tras Francia e Italia– para reducir el despilfarro de alimentos sin consumir y favorecer su aprovechamiento.

Obligará a las compañías a disponer de un plan de prevención, priorizar la donación; fomentar buenas prácticas desde los productores primarios (cosecha, recolección), hasta los consumidores (hogares, hostelería, restauración), así como educar y concienciar en la prevención, y cuantificar el desperdicio.

Los agentes de la cadena alimentaria deberán disponer de un plan de prevención de pérdidas y desperdicio, hacer un autodiagnóstico de sus procesos productivos, identificar dónde se crean las pérdidas de alimentos, fijar medidas para minimizarlas y destinarlas a usos de acuerdo a una jerarquía de prioridades en cuya cúspide está el consumo humano, a través de su donación o redistribución.

Deberán suscribir convenios de colaboración con empresas, entidades sociales, organizaciones sin ánimo de lucro y bancos de alimentos, explicitando las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento, entre otras cuestiones. También tendrán que garantizar la trazabilidad de lo donado con un sistema de registro de entrada y salida. No se podrá comercializar, sólo donar.

En segundo lugar, se contempla la transformación –en zumos, mermeladas, etc.–,  de aquello no vendido en condiciones óptimas para el consumo humano. Y, cuando no sean aptos para ello, se destinarán a alimentación animal, fabricación de piensos, subproductos para otras industrias como residuos, para compost o biocombustibles.

«El Gobierno aprobó el pasado junio un proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario»

La hostelería y la restauración colectiva –salvo en bufé libre, o similares– tendrán la obligación de facilitar a las personas consumidoras llevarse consigo aquello que no hayan consumido sin coste adicional, y deberán disponer de envases aptos reutilizables, o fácilmente reciclables.

La propuesta de ley establecerá medidas de buenas prácticas para la administración y la cadena alimentaria que eviten el desperdicio, como disponer de líneas de venta de productos feos, imperfectos o poco estéticos, y promover el consumo de productos de temporada, proximidad o ecológicos.

Asimismo, propone incentivar la venta de alimentos con la fecha de consumo preferente o de caducidad próxima, de acuerdo a la jerarquía de prioridades de uso. El Gobierno adoptará políticas y medidas para fomentar la adecuación de las fechas de consumo preferente a la prevención del desperdicio, desarrollará acciones formativas y divulgativas sobre la correcta interpretación de las fechas de caducidad y consumo preferente. Y se incentivará que los agentes alimentarios a ajustar las fechas de consumo preferente de sus productos hasta el máximo que garantice su calidad. Además, se promoverá la investigación e innovación para alargar la vida útil de los alimentos.

Plan estratégico

Para la planificación de la política de prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario, el Gobierno elaborará un Plan Estratégico –a propuesta de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; Derechos Sociales y Agenda 2030; Consumo; Transición Ecológica y Reto Demográfico; Industria, Comercio y Turismo; Inclusión Social y Migraciones y Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación– para definir la estrategia general contra el desperdicio, las orientaciones y la estructura a seguir por las comunidades autónomas en sus actuaciones, revisable cada cuatro años.

Además, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tras consultar a los demás ministerios, elaborará un plan nacional de control de pérdidas y desperdicio alimentario con los objetivos generales y prioridades a seguir en las tareas de control. Y realizará un informe anual sobre los resultados de la aplicación del plan nacional. Esta planificación estratégica será parte del Programa Estatal de Prevención de Residuos.

Sanciones y multas

Mi madre fruncía el ceño ante el desperdicio alimentario, cuando no quería acabar el plato, pero no me sancionaba, más allá de un buen rato frente a él. La ley sí lo hará. Su régimen sancionador establecerá como falta grave no contar con un plan de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, con multas entre 2.001 y 60.000 euros. Y como infracciones leves –desde apercibimiento, a multas de hasta 2.000 euros– no aplicar la jerarquía de prioridades; que las industrias, empresas de distribución al por menor, hostelería y restauración no lleven a cabo la donación de lo no vendido apto para el consumo humano; que las entidades sociales receptoras de donaciones no entreguen los excedentes a personas desfavorecidas, o hagan discriminaciones en su reparto; así como la negativa a colaborar con las administraciones en cuantificar los residuos.

Por otra parte, se considerarán infracciones muy graves la segunda falta grave que se cometa en un plazo de dos años, con multas de 60.001 a 500.000 euros.

Pioneros contra el desperdicio

Nuestros progenitores, incluida mi madre –además de muchas abuelas y abuelos–, han sido pioneros en prácticas freegans, sin sospecharlo, enseñándonos algo tan elemental como que la comida no se tira.

Desde 2009, el movimiento freegan, también llamado freganismo, fundado por Tristam Stuart en Inglaterra, denuncia esta disfunción del sistema alimentario, su impacto ecosocial e insolidaridad, con actividades y eventos de concienciación, como Feeding 5000 con los que dan de comer a miles de personas reaprovechando alimentos. En nuestro país, hay colectivos adscritos a él, como en Zaragoza: Feeding Zaragoza.

Paralelamente, muchos proyectos llevan años afrontando el desperdicio alimentario: Pont Alimentari de la Fundación Prevención de Residuos y de la Fundación Banco de Recursos, que sensibiliza a los restaurantes, caterings y comercios, al mismo tiempo que apoya a colectivos vulnerables. También la ONG Aunar, en Vizcaya, recoge comida de la restauración y de los comercios con el mismo propósito. La plataforma Yo no desperdicio, de la ONG Prosalus, desarrolla iniciativas contra el despilfarro, facilita información al respecto y ha desarrollado una app.

«Nuestros progenitores han sido pioneros en prácticas modernas de ahorro, sin sospecharlo»

Por su parte, Espigoladors sensibiliza sobre esta cuestión a través de la cocina y el aprovechamiento. La red La nevera solidaria accesibiliza alimentos excedentarios. La campaña No al cubo informa y forma sobre esta problemática. Y la plataforma Aprofitem els Aliments plantea soluciones vinculando a productores, empresas y consumidores, entre otros ejemplos.

A todas estas iniciativas se las podrían considerar activistas en evitar el despilfarro alimentario, como muchas madres, visionarias en derrochar únicamente cuidados y sentido común, a veces el menos “común” de los sentidos, como dice la mía.

Queda por delante aprobar la ley, aplicarla, dotarla de recursos –también económicos– para que se cumpla. Garantizar que así sea, y evaluar su eficacia. Estaremos observando, como nuestras madres cuando éramos críos, atentas a nuestros platos.

Brenda Chávez es periodista especializada en sostenibilidad, consumo y cultura.