Hasta 2008 no hemos tenido en España una ley del suelo que obligara a elaborar mapas de riesgo de inundación, recuerda el catedrático de Análisis Geográfico Regional Jorge Olcina en esta su primera columna en ‘El Ágora’. Hemos ocupado espacios fluviales sin control, sobre los que las obras hidráulicas tienen poco efecto, y esta es la principal causa de los graves daños económicos y, por desgracia, a menudo humanos que generan las crecidas naturales de los ríos
En agosto de 1996 tuvo lugar el desastre del camping de Biescas. Ha pasado ya un cuarto de siglo desde aquella riada que se llevó por delante la vida de 87 personas que pasaban unos días de descanso en el Pirineo aragonés. Hace unas semanas, una crecida del río Ebro ponía en alerta a muchas localidades de Navarra y de la cuenca media del río Ebro, incluida la propia capital de Zaragoza. Afortunadamente en este último episodio no se han producido victimas humanas, pero los daños económicos han vuelto a ser muy cuantiosos. Lluvias constantes y deshielo rápido de la cobertura de nieve existente en las montañas pirenaicas explican esta última crecida de diferentes ríos de este territorio del norte de España. En España cuando llueve por encima de lo normal, por cantidad o por intensidad, se producen inundaciones de mayor o menor magnitud, pero siempre con daños económicos y, con más frecuencia de lo deseable, victimas mortales.
«Los ríos pertenecen al territorio por donde circulan. Esa es su ‘escritura’ de propiedad»
Las inundaciones en España se han convertido en episodios inevitables. No es posible ya imaginar que una precipitación caída en algún territorio de nuestro país, por poco anómala que sea, se podrá saldar sin efectos desastrosos. Y todo ello tras más de un siglo de obras hidráulicas muy destacadas en las cuencas hidrográficas para contener las crecidas fluviales. Nuestros ríos se han llenado de presas, de diques, de canales de derivación que han intentado dominarlos. Han sido obras necesarias para reducir el peligro de estos eventos extremos. Pero no han sido obras suficientes para disminuir el riesgo de inundación. Ni mucho menos.
«Hasta 2008 no hemos tenido en España una ley del suelo que obligara a elaborar mapas de riesgo»
El ser humano, nosotros, hemos ocupado espacios fluviales sin control, sobre los que las obras hidráulicas tienen poco efecto. Al contrario, pueden haber generado sensación de falta seguridad, favoreciendo todavía más la invasión de las riberas de ríos y barrancos, con las consecuencias señaladas en caso de crecida.
Los ríos pertenecen al territorio por donde circulan. Esa es su “escritura” de propiedad. Cualquier cuestión que suponga alteración de esta condición supone invadir sus espacios indebidamente y someter a riesgo a las personas que allí se instalan.
En España, para delimitar las zonas con riesgo de inundación, se apostó desde los años setenta por un cálculo estadístico (períodos de retorno) que se ha demostrado poco eficaz para la salvaguarda de la vida humana. No fue hasta 2016 cuando este criterio se complementó con las enseñanzas de la historia de los ríos para intentar una localización más precisa del área máxima que se puede inundar en una ribera fluvial.
«En España cuando llueve por encima de lo normal, por cantidad o por intensidad, se producen inundaciones de mayor o menor magnitud»
Pero 2016 es anteayer para las miles y miles de hectáreas invadidas en espacios inundables en todo nuestro país. Especialmente en aquellos territorios que tuvieron una dinámica de ocupación urbanística sin apenas control durante los años del boom inmobiliario, entre 1998 y 2008.
La pregunta, en este caso, es clara: ¿Por qué no se ha podido controlar la ocupación de terrenos inundables por usos permanentes (viviendas, equipamientos, infraestructuras)? Pues porque hasta 2008 no hemos tenido en España una ley del suelo que obligara a elaborar mapas de riesgo, como documento de acreditación jurídica de la peligrosidad de las inundaciones a los efectos de implantar nuevos usos en un territorio.
De manera que las posibles acciones para evitar la invasión del territorio fluvial con usos no deseados apenas tienen poco más de una década. Mientras que la ocupación de zonas inundables lleva produciéndose en nuestro país, de forma intensa, desde 1960, coincidiendo con momentos de crecimiento económico en los que, generalmente, se olvida la necesidad de estudiar el comportamiento a veces extremo de la naturaleza antes de permitir nuevos usos del suelo, en aras al deseado desarrollo de la sociedad.
«Hemos ocupado espacios fluviales sin control, sobre los que las obras hidráulicas tienen poco efecto»
En 10 años, la aplicación de las nuevas leyes del suelo y agua poco pueden hacer frente a las acciones desafortunadas ocurridas durante décadas y décadas. Y ahí siguen los efectos desastrosos de las crecidas fluviales en nuestro país. A poco que llueva por encima de lo normal, vuelve el drama en los territorios afectados. Si la lluvia y la crecida son extraordinarias, la catástrofe se convierte en desastre de gran magnitud.
Los modelos de cambio climático indican, además, que este tipo de eventos extremos va a ir a mas en el marco del calentamiento térmico planetario. Nuestra atmósfera se está volviendo menos amable y nos sorprende con episodios extraordinarios, cada vez con más frecuencia. Ya lo estamos notando. No hay año sin un evento grave de inundaciones en nuestro país. No hay año sin victimas mortales por inundaciones y este dato, en un país desarrollado como el nuestro es un signo de fracaso en las políticas de reducción del riesgo natural.
La época de grandes obras hidráulicas de contención de inundaciones en España ha pasado. Quedarán actuaciones puntuales en lugares con alto nivel de exposición y peligro para la vida humana. La limpieza regular de los cauces es también necesaria porque los ríos no deben ser vertedero de nada, ni espacios de acumulación incontrolada de vegetación. Pero, lo importante ahora es no seguir aumentando el riesgo por nuevas ocupaciones del territorio fluvial. Para ello se debe cumplir la legislación del suelo, del territorio y del agua a rajatabla. Y dejar que los expertos en análisis de riesgo y los técnicos de la administración local o regional que deben hacer cumplir esas normas, tengan la última palabra a la hora de decidir la implantación de una vivienda, una escuela o un hospital en las proximidades de un curso fluvial.
En otra columna hablaremos de la educación para el riesgo, otra pieza básica para evitar la pérdida de la vida humana en estos casos. Una cuestión de desarrollo muy incipiente en nuestro país. Pero estamos a tiempo para hacer las cosas mejor.
Jorge Olcina es catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante.
