La evolución del desarrollo industrial en España (III)

C omo recordarán los lectores de El Agora, este articulo lo empezamos comentando el retraso de la industrialización española, por una serie de causas que pudimos analizar con algún detalle. Y después, vimos también los factores que permitieron un cierto crecimiento industrial, gracias a la inversión extranjera y al proteccionismo arancelario.

Hoy vamos a entrar en una revisión de la cronología industrial, y en una visión de la política que impulsa las actividades de este sector, durante el primer tercio del siglo XX.

Una cronología industrial

¿Con qué ritmo se produjo ese cambio fundamental?^[1]. Lenta, muy len­tamente, sin que aquí podamos precisarlo estadísticamente, aunque cabe fijar unos «años-hito» que marcan el arranque en la moderniza­ción o creación de los sectores industriales concretos; pudiendo señalar en algunos casos, entre paréntesis, el país y la fecha en que esa mo­dernización o creación se produjo por vez primera:

1832. José Bonaplata, en Barcelona, emplea el vapor como fuerza mo­triz en la industria algodonera (Gran Bretaña, 1790).
1833. Se monta en Tolosa, Guipúzcoa, la primera fábrica de papel con­tinuo, «La Esperanza» (N. L. Robert, Francia, 1798).
1834. Comienza a funcionar el primer horno alto de coque en Trubia, Oviedo (Gran Bretaña, 1741).
1835. Se funda en Barcelona «La Maquinista Terrestre y Marítima», importante sociedad de la industria mecánica.
1836. Se constituye el Banco de Bilbao, entidad promotora de empre­sas industriales de todas clases en el País Vasco y en el resto de España.

1860-1870. Culmina el proceso de concentración geográfica de la in­dustria lanera en Sabadell y Tarrasa.

1865. Se inicia la expansión de la exportación de mineral de hierro de Vizcaya y de la producción asturiana de carbón. Cobra impor­tancia la siderurgia vascongada.
1866. Se instala en Barcelona la primera central eléctrica de España.
1867. Se crea la sociedad «Altos Hornos y Fábricas de Hierros y Aceros de Bilbao» (uno de los procedentes de «Altos Hornos de Viz­caya») por fusión de varias empresas siderúrgicas preexisten­tes.
1868. Nace «Astilleros del Nervión», el primero de una cierta impor­tancia para la construcción de buques con casco de acero.
1869. Se consolida la expansión de la industria azucarera como conse­cuencia de la pérdida de Cuba y Filipinas.
1870. Se monta en Tudela y Veguín (Oviedo) la primera fábrica de cemento portland.

Como es fácil de comprobar, de esas doce fechas, en cuatro figura Cataluña; en cinco, las provincias vascongadas; Asturias, en tres, y sólo en una aparece representada la España interior con la industria azucarera.

En la segunda mitad del siglo XIX se produjeron, pues, importantes transformaciones estructurales, de las cuales unas regiones (las de la periferia Norte y NE) salieron mejor libradas que otras (Interior y peri­feria Sur), con el saldo total económicamente favorable. Así, al presen­tar los presupuestos de 1899-1900 a las Cortes, el ministro Raimundo Fernández Villaverde pudo manifestar, sin faltar a la verdad: «… el estado anormal de nuestra Hacienda pública, el déficit, la penuria de nuestro Tesoro, no proviene felizmente de decadencia de la riqueza pública, de empobrecimiento del país, ni de desmayo de las fuerzas productoras. Este medio siglo de apuros financieros y de angustia fiscal para la riqueza del Estado ha sido un período de florecimiento para la riqueza general del país, de portentoso desarrollo para la riqueza fabril y comercial, y en los nuevos cultivos, aún para la riqueza agrícola de España»^[2]. Aunque es comprensible que en aquellas circunstancias V¡- llaverde iluminase el cuadro con todo interés político, sus palabras no carecía de fundamento: se había producido un desarrollo espontáneo de indudable interés.

Las leyes de protección y fomento de la industria del primer tercio del siglo XX

Como ya ha quedado dicho antes, a lo largo del siglo XIX no se produjo en España una intervención directa del Estado para favorecer la indus­trialización. La política directa de fomento de la industria se inició con la Ley de 14 de febrero de 1907, en virtud de la cual, en lo sucesivo, en los contratos por cuenta del Estado sólo habían de admitirse artícu­los de producción nacional.

Además, la llamada Comisión Protectora de la Producción Nacional co­laboró en la preparación de una serie de leyes proteccionistas: la de 14 de julio de 1909, dictada para el fomento de las comunicaciones marítimas y de las industrias navales; la de 2 de marzo de 1917, de protección a las industrias nuevas y desarrollo de las ya existentes; la de 22 de julio de 1918, de ordenamiento y nacionalización de indus­trias; y la de 22 de abril de 1922, de autorizaciones arancelarias. Y al crearse en 1925 (ya en la dictadura del General Primo de Rivera) el Consejo de Economía Nacional, la Comisión Protectora fue absorbida por la Sección de Defensa de la Producción del nuevo órgano consul­tivo^[3].

Las dificultades de suministro, originadas como consecuencia de la I Guerra Mundial, originaron un proceso de sustitución de importaciones con la creación de nuevas industrias; y precisamente para favorecerlo se publicó la ya citada Ley de 2 de marzo de 1917, de protección de las industrias nuevas y desarrollo de las existentes; primer texto legal aprobado en España en orden a la concesión de auxilios a las indus­trias.

Sin embargo, el resultado de la ley fue muy pobre, por los largos trá­mites burocráticos que le restaron flexibilidad y celeridad, y por que la oposición sistemática de la Dirección General de Aduanas a lo infor­mado por la Comisión Protectora de la Industria Nacional -órgano al que estaba encomendada la aplicación de la ley—, impidió utilizar con suficiente extensión el mecanismo de las exenciones arancelarias, quizá el más interesante de todos a efectos de montaje de fábricas y modernización de equipo. 

Como consecuencia de lo establecido en la cláusula b) de la base ter­cera de la referida Ley de 1917, se creó, por Real Orden de 4 de agosto de 1920, el Banco de Crédito Industrial, con la misión de proveer a la industria de créditos a medio y, sobre todo, a largo plazo. Pero tal como fue constituido, el Banco no pudo cumplir enteramente su cometido, entre otras razones porque sólo podía conceder créditos para la crea­ción o expansión industrial y no para atender las necesidades financie­ras corrientes de la industria ya en marcha.

Las Leyes industriales de 1917 a 1927, fueron los verdaderos antece­dentes de la legislación de protección del régimen de Franco en los primeros años de la década de 1940, como podremos comprobar más adelante. A su amparo, con un fuerte proteccionismo arancelario —el Arancel Cambó de 1922— y coincidiendo con una fase favorable de la coyuntura, tuvo lugar un desarrollo notable de la industria.

Sin embargo, con la proclamación de la Segunda República, a partir del 15 de abril de 1931, quedó en suspenso toda la legislación industrial anterior, y la Orden de 15 de agosto del mismo año anuló la tramitación de expedientes de auxilio incoados al amparo de la misma, «mientras el Congreso de los Diputados no resolviese acerca de su validez, su modificación o dictase otras medidas de protección». En este sentido, en 11 de julio de 1935, las Cortes autorizaron al Gobierno para la pre­sentación de un proyecto de ley de bases de protección a la industria nacional, en el que se pretendía refundir y mejorar las ventajas antes concedidas. Pero el estallido de la guerra civil en julio 1936 impidió que el proyecto llegara efectivamente a presentarse.

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Dejamos aquí el tema hasta la próxima semana, ya de cara al otoño. Cuando los lectores de El Agora habrán retornando ya a sus trabajos o a sus estudios, en estos tiempos difíciles de la pandemia. Para cualquier cuestión, puede conectar con el autor, a través del correo electrónico castecien@bitmailer.net

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^[1] No podemos entrar aquí en un estudio pormenorizado en relación con las fases del desarrollo industrial durante el siglo xix. El interesado por este tema y por los ensayos de periodificación del mismo, puede ver los siguientes trabajos, ninguno de ellos enteramente satisfactorio: el ya citado de Jaime Vicéns Vices, «La industrialización y el desarrollo económico en España de 1800 a 1936»; «Contestación del Excmo. Sr. D. José Larraz López», en La actividad económica de Vizcaya en la vida nacional, discurso de recepción de don José Félix de Lequerica en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid, 1956, págs. 114 y sigs.; José María Sanz García, «En torno a dos siglos de industrialización española», en Arbor, núms. 189-190, págs. 23 y sigs.

^[2] Raimundo Fernández Villaverde, «Discurso de defensa de los presupuestos de 1899-1900», Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Madrid, 1899.

^[3] José Castel González Amezúa, Legislación protectora de la producción nacional, Madrid, 1936, págs. 33 y 34.