La evolución del desarrollo industrial en España (IV)

En este artículo sobre el desarrollo industrial, especialmente preparado para El Agora, hemos visto en diversas entregas los principios de la Revolución Industrial a lo largo del siglo XIX, una cronología de la entrada de las principales invenciones, y cómo se produjo una legislación protectora de la producción nacional.

Hoy dedicamos la presente entrega del artículo, la IV, a todo lo que fue la autarquía. Un concepto difundido por Mussolini en la Italia fascista: “Producir dentro del país toda clase de cosas para substituir importaciones, aunque sea al más alto coste, a fin de no depender de economías foráneas«.

OTRAS ENTREGAS DE ESTA SERIE

Los principios básicos de la autarquía (1939-1959)

Desde 1939, el mercado interior español quedó prácticamente cerrado para los productos (mercado cautivo) que ya fabricaba la in­dustria nacional, o cuya fabricación se emprendió a partir de enton­ces: así pues, la falta de competencia a consecuencia de esas restricciones, pasó a ser la primera razón explicativa de la inten­sificación del proceso de industrialización. Pero al propio tiempo, la dificultad de importar (bienes de equipo, materias primas, etc.) actuó como freno de la expansión industrial y, sin duda, como factor más importante de su deficiente racionalidad en muchos casos.

La acción del Estado

En la etapa de la industrialización que se abrió en 1939, el Estado mantuvo y fortaleció la política de fomento industrial de todo el pe­ríodo anterior. Y pasó a tener una intervención directa con las leyes de industria de 1939 y del Instituto Nacional de Industria (INI). Esos fueron los dos instrumentos de la política de desarrollo industrial en todo el período autárquico (1939-1959).

Con las leyes de 1939 se sentaron las bases de la in­dustrialización privada, quedando el Estado en disposición de mo­delar el proceso, no sólo por medio de facultades administrativas, sino también a través de la concesión de garantías y beneficios concretos a empresas.

Por otra parte, con el INI el Estado entró a participar de forma directa y sustancial en ese proceso, creando empresas públicas en numerosos sectores, con importante actividad.

Históricamente, podemos apreciar el modelo autárquico a partir del estalli­do de la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939.  Con lo que pretendió conseguir una mayor autosufi­ciencia industrial, ante la dificultad de los suministros procedentes del extranjero.

Así las cosas, la autarquía total y a largo plazo resultó irrealiza­ble, pues las metas perseguidas iban alejándose cada vez más, hasta que un día se tuvo que renunciar definitivamente a alcanzarlas. Y lo grave es que empresas antieconómicas por su dimensión extre­madamente reducida se planearon para cubrir las necesidades de un estrecho mercado interior.

Más o menos tarde, cuando las circunstancias de la política exterior española lo permitieron, hubo que abandonar gran número de proyectos por ser antieconómicos. Dado el proceso tecnológico seguido (industrias de sucedáneos): gasolina de pi­zarras bituminosas, caucho sintético de guayule, fibras sustitutivas del yute, celulosa a partir de la paja de cereales, etcétera.

Todo eso se vio agravado por el proceso de financiación seguido, con la autarquía: inflación por la expansión fiduciaria, y sus efectos sobre el nivel de consumo de las clases trabajadoras y medias: los precios subían en el ascensor, y los salarios y sueldos a pie por la escalera.

El mecanismo de las leyes industriales de 1939

Con las leyes proteccionistas de 1939 (la de 24 de octubre, de pro­tección y fomento de la industria nacional, y la de 24 de noviembre, de ordenación y defensa de la industria nacional) se perseguían fun­damentalmente dos objetivos: contar con industrias de guerra y aumentar el grado de autarquía en la economía española. Debiéndose recordar que por entonces la España de Franco fue muy poco apreciada, por haber surgido con el apoyo de Hitler y Mussolini.

La declaración de «industria de interés nacional», hecha a una em­presa o grupo de empresas, llevaba aparejada la posibilidad de conce­sión de uno o más de los siguientes beneficios: l.° Facultad de expro­piación forzosa para los fines societarios. 2.° Reducción en un 50 por 100 de todos los impuestos durante un plan de quince años, prorrogable por sucesivos períodos de cinco cada uno. 3.° Garantía de un ren­dimiento mínimo del 4 por 100 del capital invertido hasta el tope de mil millones de pesetas. 4.° Disminución o exención de los derechos de Aduanas a pagar por la importación de las instalaciones, maquina­ria o utillaje no fabricable en España. 5.° Eventualmente, imposición al consumo nacional de una cantidad mínima del producto fabricado por la empresa a un precio determinado.

Hasta aquí, los beneficios de fomento otorgados por la Ley de 24 de octubre de 1939, que sirvieron de acicate para el establecimiento de industrias prácticamente inexistentes antes de 1939; y asimismo para el desarrollo de otras que ya contaban con cierta acti­vidad. La concesión de esos beneficios comportaba la designación por el Gobierno de un interventor y un consejero delegado en la empresa declarada de interés nacional.

La ordenación y la intervención de toda la industria por el gobierno era total. La ampliación y traslado de empresas había de ser autorizado por el Ministerio de Industria, que contaba así con el control absoluto. Y también con la responsabilidad del desarrollo industrial en cuanto a la localización, dimensión de las empresas y escalonamiento de inversiones.

Por otra parte, la intervención del Ministerio de Industria era esen­cial para la concesión de cupos de materias primas, tipificación de productos y fijación de precios para las industrias que trabajaban en situación de monopolio en el mercado interior.

En definitiva, el desarrollo industrial en los tiempos de la autarquía no se produjo de manera armónica. Durante muchos años se descui­daron los sectores básicos, con las consecuencias lógicas de escasez y tensión de los precios de la energía, las materias primas, y los produc­tos intermedios más importantes (cemento, siderúrgicos, electricidad, químicos, etc.).

Además, la intervención estatal en el establecimiento de las industrias acentuó gravemente dos fenómenos típicos de nues­tra vieja estructura industrial: excesiva fragmentación por un lado, y concentración en términos financieros y abusos de poder económico por parte de los grupos monopolísticos.

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Dejamos aquí el tema por hoy, y seguiremos la próxima semana. Y para observaciones de cualquier clase, incluyendo preguntas y objeciones, pueden establecer contacto con el autor a través del correo electrónico castecien@bitmailer.net