La evolución del desarrollo industrial en España (V)

Seguimos hoy con nuestra serie sobre el desarrollo industrial en España, tocando un tema de gran interés, como es el de la intervención del Estado directamente en la producción. Lo cual se hizo durante mucho tiempo a través del INI, y últimamente por medio de la SEPI.

OTRAS ENTREGAS DE ESTA SERIE

La empresa pública: desde el INI a la SEPI

Ya hemos visto que por Ley de 25 de septiembre de 1941 se creó el INI, con la finalidad, se decía en ese texto legal, de «propulsar y financiar, en servicio de la nación, la creación y resurgimiento de nuestras industrias, en especial de las que se propongan como fin principal la resolución de los problemas impuestos por las exigencias de la defensa del país o que se dirijan al desarrollo de nuestra autarquía económica, ofreciendo al ahorro español una inversión segura y atractiva». Los fines fundamentales del Instituto eran, por tanto, los ya repetidamente citados para las leyes de 1939, de apoyo a la defensa nacional^[1] y desarrollo de la autarquía económica.

El INI era un organismo con capacidad económica y personalidad jurídica (adscrito a la Presidencia del Gobierno hasta 1968, y desde entonces, al Ministerio de Industria^[2]) y que para sus empresas utilizaba los métodos de las sociedades anónimas. El Instituto administraba sus participaciones accionarias, y podía ser calificado, por consiguiente, como un verdadero holding estatal industrial y financiero.

En virtud de su Ley Fundamental de 1941, el INI debía realizar los trabajos preparatorios para la creación de industrias que, una vez en funcionamiento normal, podrían pasar al sector privado. En principio, se decía en la repetida Ley, el Instituto sólo debería mantener el control absoluto de las empresas con un interés especial para el Estado por razones militares o de la autarquía económica.

La dotación inicial del INI fue de 50 millones de pesetas, además de la transferencia por parte del Estado de todos los valores mobiliarios excepto algunos determinados (CAMPSA, Tabacalera y Telefónica). Asimismo, se le fijaron como fuentes de ingresos las cantidades asignadas por el Estado o aportaciones del Tesoro (hasta 1958 provenientes en su mayor parte de la emisión de deuda pública amortizable y pignorable), la disponibilidad de crédito otorgable por el Banco de España, las utilidades provenientes de sus propias empresas, y los fondos obtenidos por la transferencia de una parte o del todo de alguna de éstas al sector privado; finalmente, también se concedió al INI la facultad de emitir obligaciones con el aval del Estado, un mecanismo al que recurrió intensamente a lo largo de toda su historia^[3].

Las empresas participadas por el INI —teniendo en cuenta la segregación al Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), en 1981, de las compañías del sector hidrocarburos— trascendían prácticamente a todos los sectores de la economía española: carbón, electricidad, minería, metalurgia, celulosa, fibras sintéticas, productos químicos, alimentación, vehículos, rodamientos a bolas, construcción de buques, comunicaciones terrestres y aéreas, e industrias mecánicas y de armamento.

En el momento de su extinción y transformación en SEPI, el INI participaba directamente en un total de 51 sociedades, muchas de las cuales tenían, a su vez, participaciones en otras, configurando un magma corporativo o conglomerado que, dicho de una manera benigna, era muy susceptible de mejorar en cuanto a gestión.

Objetivos y organización del INI

En cuanto a objetivos que tradicionalmente se mencionaban como propios del INI (autarquía, apoyo a la defensa nacional, ruptura de los monopolios privados y aumento acelerado de la producción) solamente el cuarto se cumplió en cierta medida, en un contexto definitivo por los siguientes rasgos:

• De hecho, el INI era un holding estatal, que fue desarrollándose, no conforme a un plan, sino de acuerdo con las circunstancias de cada momento, y bajo las presiones personalizantes más dispares; en otras palabras, siempre hubo una falta de objetivos estratégicos a largo plazo.
• Si bien la mayoría de las sociedades del INI llevaban el título de «Empresa Nacional», la realidad es que de nacionales a veces tenían poco. Su creación se guió en bastantes ocasiones por el llamado principio de subsidiariedad (y no por el verdadero interés nacional).
• Se hizo poco en cuanto a incorporación de tecnología española, de modo que la mayoría de las sociedades del INI —por no decir casi todas— trabajaban con patentes y licencias extranjeras. Y a partir de 1982, lo que se hizo fue buscar un socio exterior predominante, o vender las empresas después de reflotarlas recapitalizándolas con ingentes asignaciones de fondos públicos (SEAT, ENASA, etc.)
• La referencia a la planificación podría ser ampliamente tratada para apreciar que virtualmente nunca resistió. Baste aquí recordar que si la planificación indicativa tuvo un primer exponente de éxito dentro del sistema capitalista, ese fue el Plan Monnet de modernización de la economía francesa (1946-1950), basado en los principios de selectividad y de empresa pública. La Política de Planificación Indicativa que en España se adoptó en 1962 con la Comisaría del Plan de Desarrollo, tenía otro carácter, en principio por el marco político no democrático con que se actuó.

La ulterior operación privatizadora del INI –influida por la adhesión de España a la CEE— se puso formalmente en marcha en julio de 1992, con la venta de las sociedades estatales, en un proceso acelerado a partir de 1996, tras la aprobación del llamado Programa de Modernización del Sector Público Empresarial. Bien a través de adjudicaciones directas, como sucedió en el caso de Inespal, Aceralia, Construcciones Aeronáuticas o la E.N. Santa Bárbara; bien a través de procesos de colocación de acciones en bolsa (OPVs) hasta ceder (o extender) el control privado de compañías tan relevantes como Indra, Endesa, Repsol, Argentaria, Tabacalera/Altadis o Telefónica.

Los ingresos generados por las privatizaciones realizadas durante el citado periodo sumaron casi 30.000 millones de euros, de los que más de 22.000 millones correspondieron a las operaciones de venta concretadas a través de OPVs.

En ese sentido, a las críticas sobre la venta de las joyas de la corona, se replicó de forma contundente con tales enajenaciones se consiguieron fondos para normalizar el presupuesto, y lograr una fuerte reducción en éste del servicio de la deuda; lo cual permitió avanzar en los ajustes que exigía el proceso de entrada en el Eurosistema, y a la vez acometer grandes obras de infraestructura, necesarias para el desarrollo económico. La importancia de la SEPI en tiempos recientes se refleja en el siguiente cuadro.

Seguiremos la próxima semana, y hasta entonces, los lectores de El Ágora pueden conectar con el autor a través del correo electrónico castecien@bitmailer.net.

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[1] «Para respaldar nuestros valores nacionales y realizar los programas de nuestro destino “histórico”, decía la exposición de motivos. El reglamento provisional del Instituto, fue publicado por Decreto de 22 de enero de 1942.

[2] En virtud del artículo del 123 de la Ley 37/1988 de 28 de diciembre, el INI pasó a ser una entidad de derecho público, adscrita al Ministerio de Industria y Energía.

[3] Para una síntesis retrospectiva del INI, a pesar del título contradictorio del trabajo, Pablo Martín Aceña y Francisco Comín, «El Grupo INI en perspectiva histórica: una aproximación cuantitativa (1941-1986)», en Papeles de Economía Española, núm. 38/1989, págs. 106-129; con una lista, Anexo I, de los 14 presidentes del INI desde la creación del Instituto hasta 1990. También sobre el INI, y por los mismos autores, y en el propio número de la revista citada, «La financiación del INI, 1941-1986», págs. 135-158. Extenso banco de información en la propia web de la SEPI, http://www.sepi.es.