El profesor Tamames concluye con esta entrega la serie sobre la industrialización de España. En esta última ocasión se centra en analizar la falta de investigación y tecnología de la que adolece el país y del déficit de inversión privada y pública en este ámbito
A las anteriores reflexiones sobre el panorama industrial de España que hemos hecho en las cinco anteriores entregas de esta serie, parece preciso agregar, en su terminación de hoy, el análisis de dos problemas que se les presentan a las empresas industriales en sus relaciones exteriores[1].
OTRAS ENTREGAS DE ESTA SERIE
La evolución del desarrollo industrial en España (I) Una revolución industrial atrasada
La evolución del desarrollo industrial en España (II) Llegan las primeras invenciones
La evolución del desarrollo industrial en España (III) Proteger la producción nacional
La evolución del desarrollo industrial en España (IV) La acción del Estado por la autarquía
La evolución del desarrollo industrial en España (V) El Insitutuo Nacional de Industria (INI)
El primero de ellos es la dependencia de la técnica extranjera, pues si se repasan las principales sociedades de los sectores del automóvil, maquinaria eléctrica, aparatos electrodomésticos, productos farmacéuticos, etc., es fácil percatarse de que la mayor parte de lo producido se hace con patentes extranjeras.
Y aunque sería ingenuo pretender la autarquía en este importante aspecto de la actividad económica, no cabe duda de que la dependencia es excesiva, por innecesaria en muchos casos; suponiendo ello un freno notable para la exportación de la producción de amplios sectores industriales, ya que los propietarios de las referidas patentes, en muchas ocasiones, sólo las ceden para el mercado español.
Salvando honrosas excepciones, el empresario español prefiere el camino fácil de adquirir una licencia en vez de buscar a los técnicos que puedan estudiar y contribuir un prototipo a su cargo; parece como si sobre nuestros empresarios pesara la casi grotesca sentencia unamuniana: ¡Qué inventen ellos! Una frase que situé yo en la primera edición de mi libro Estructura Económica de España (1960) y que después ha sido repetida ad nauseam.


¿Qué ha hecho el Estado frente a este problema? Una primera contestación se dio en su momento en el trabajo titulado «La investigación científica y técnica y sus necesidades en relación con el desarrollo económico de España», publicado en Madrid en 1966 por el Ministerio de Educación y Ciencia en colaboración con la OCDE. Según este informe, en 1966 había 170 centros de investigación, pero de ellos, 80 —casi la mitad— dedicados a Humanidades y Ciencias Sociales.
Una parte sustancial de la red actual de centros tecnológicos arranca de la década de 1990 y no ha evolucionado mucho desde entonces. Persiste una elevada concentración de la inversión y los avances en innovación en unas pocas Comunidades Autónomas.
Por áreas de especialización, el sector agrario es el más extendido (en 10 de las 17 CC.AA), seguido de cerca por el energético (cada vez más energías renovables), el logístico, el de la automoción, aeronáutica y el turismo[2].
En un aparente intento de mejorar la situación, en 1961 y por el Decreto 1765/1961 se establecieron las bases para la ayuda oficial a la investigación realizada en el sector privado por las asociaciones de empresas de cada sector concreto. Para coordinar esa ayuda se creó la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica (CAICYT). Por otro lado, ya en los años 70 se constituyó el Centro para el Desarrollo Técnico Industrial (CDTI), dependiente del entonces Ministerio de Industria y Energía, para prestar apoyo directo a los proyectos de desarrollo de inventos e innovaciones.
La Ley 13/1986 de 14 de abril estableció el marco normativo para la implantación de una política científica y tecnológica más avanzada, teniendo como órgano central la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología CICYT, que sustituyó a la CAICYT. En marzo de 2009 la CICYT fue sustituida por la Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica y Tecnológica, por medio del Real Decreto 326/2009, de 13 de marzo.
Por otro lado, la política sectorial pretende el fomento de la participación de entidades españolas en programas tecnológicos internacionales. Este es el caso de la Agencia Espacial Europea, Programa Marco de la UE, CERN, Airbus, Eureka, etc. E incluso habría que mencionar el programa Erasmus, que sin duda despierta muchas inquietudes juveniles.


En cualquier caso, como se reconoce en los Informes COTEC (Fundación COTEC para la Innovación) sobre tecnología e innovación en España, a pesar del esfuerzo español en I+D, no se ha seguido una trayectoria de convergencia con los cuatro grandes países de Europa. La inversión en I+D todavía está muy concentrada en el sector público, que representa prácticamente el 50 por 100 del total, delatando una estructural atonía en la iniciativa privada. Si descontamos, además, el importante esfuerzo de las multinacionales, que vienen a protagonizar el 35 por 100 de todo el I+D nacional, queda en evidencia el insuficiente arraigo de la cultura de la innovación y el emprendimiento en el grueso de nuestro tejido empresarial[3].
Por todo ello, la innovación como acicate a la productividad sigue ocupando un papel preponderante en la política económica, con programas marco como el Plan Nacional de I+D, el Programa CÉNIT (Consorcios Estratégicos Nacionales de Investigación Tecnológica, para estimular la colaboración en I+D+i entre empresas, universidades, centros tecnológicos, etc.), el Plan AVANZ@, para converger con Europa en los principales indicadores de Sociedad de la Información o la Agenda Digital para España, que aprobada en 2013, se configuró como el paraguas de todas las acciones del Gobierno en materia de Telecomunicaciones y de Sociedad de la Información, en línea con los objetivos que se traza la homónima Agenda Digital para Europa en el período 2015-2020[4].
La economía digital, un tema especialmente destacado en la Estrategia 2020 de la Unión Europea, en su sección de Agenda Digital. Que presentó una propuesta en 2015, con 215 medidas de digitalización de España. Con el resultado de la creación de seis pilares: establecimiento de redes, desarrollo de plataformas, avance en el campo de los derechos digitales, impulso de una fiscalidad comunitaria, definición de la propiedad intelectual en un mundo digital, e impulso al Internet de las Cosas[5].
La ulterior recuperación de la economía española –tras la crisis 2008/2013—, dejó bastante de lado la investigación (I+D), si bien hay que destacar el hecho de que el gasto en esa variable creció en 2015, en términos absolutos de PIB, por primera vez desde 2010. Pero la brecha con el resto de Europa crece. Como puede apreciarse por el cuadro y resalta la Fundación COTEC, mientras la UE incrementó su inversión en I+D un 25 por 100 desde el inicio de la crisis, en España sucede al revés: con una disminución del 10 por 100[6].
La OCDE ha subrayado que el gasto en I+D en España equivale al 1,23 por 100 de su PIB, lejos de Alemania (2,87 por 100), Francia (2,23 por 100), la media de la UE-28 (1,95 por 100) o los miembros de la OCDE (2,4 por 100). Con todo, persisten dudas respecto a que la cuantificación del gasto de I+D esté infravalorado; sólo así podría entenderse el superávit de España en la Balanza Tecnológica de la OCDE, en la que con datos de 2014 España tuvo que pagar por patentes, derechos de autor o artísticos más de 10.000 millones de dólares a precios actuales; en tanto recibió por todos estos conceptos unos 19.000 millones[7]. Aunque esas cifras no todas recientes, el panorama no se puede decir que haya cambiado fundamentalmente.
Escuelas de Negocios
También dentro del tema del I+D cabe incluir las escuelas de negocios, un espacio en el que las entidades mantiene buena posición dentro del ranking europeo que elabora el diario inglés Financial Times. En concreto, IE, Esade y el IESE ocuparon el cuarto, sexto y octavo puesto, respectivamente, en diciembre de 2016[8], en una evaluación que cubre aspectos como internacionalización de los programas, progresión profesional y salarial de los graduados, y cumplimiento de otras expectativas. Con situaciones parecidas en los ránkings de años ulteriores.


En términos generales, la Comunidad de Madrid se coloca a la cabeza de los territorios que más se apoyan en la economía del conocimiento, seguida de Cataluña y País Vasco. Mientras, Extremadura, Castilla-La Mancha y Baleares son los territorios donde “ha penetrado más débilmente”, según el informe La competitividad de las regiones españolas ante la economía del conocimiento, publicado el 28.XI.16[9].
Por último, dentro de este ámbito de la innovación, hay constancia de que la llamada cuarta revolución industrial eliminará unos siete millones de puestos de trabajo en los 17 países más desarrollados del mundo antes de 2020, según un estudio presentado en el Foro de Davos. Sin embargo, de un reciente informe de Randstad se desprende que la digitalización creará 1.250.000 empleos en España en los próximos cinco años. Entonces, ¿la robotización y la transformación digital de las empresas propulsarán o dinamitarán el mercado laboral?[10] Las opiniones al respecto son muy diversas, pero lo que está claro es que la Agenda Digital se sitúa entre las prioridades actuales.
Tampoco cabe duda de que en la nueva Industria 4.0 y los procesos relacionados con la digitalización, la robotización, la automatización, la inteligencia artificial, la 5G, la computación cognitiva o el Big Data, no sólo van a multiplicar la eficiencia y la productividad, sino que el nuevo mapa de empresas, más digitalizadas, robotizadas y dotadas de un alto grado de externalización, requerirán de una reconversión de perfiles profesionales, nuevas actitudes y un soporte de infraestructuras suficientes para combatir los retos de la globalización.[11].
El ranking FT de las mejores escuelas de negocios


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Terminamos así la serie sobre desarrollo industrial para los lectores de El Ágora, y la semana próxima comenzaremos con un nuevo tema. Y como siempre, los lectores pueden conectar con el autor a través del correo electrónico castecien@bitmailer.net.
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[1] Como subrayó Adam Schaff con ocasión de su visita a España en 1987, «la nueva tecnología abre las puertas del paraíso, pero no sabemos lo que hay dentro… Es indudable que nadie con información sobre la revolución tecnológica puede negar que vamos al encuentro de una sociedad en donde el trabajo humano, en su sentido tradicional, va a cambiar de una forma revolucionaria». Aseveración que hoy mantiene plena vigencia ante la revolución de la robótica inteligente y el impacto de internet, como resaltamos más adelante. La importancia de la investigación y la tecnología queda bien evidente en los nuevos enfoques de política industrial, bien sintetizados en el Informe Agenda para el fortalecimiento industrial de España, Boston Consulting Group (2013), accesible desde la web del redenominado (desde noviembre de 2016) Ministerio de Industria, Energía, Turismo y Agenda Digital (www.minetad.gob.es).
[2] El mapa de la innovación también revela la falta de especialización en la investigación en España, tanto entre CC.AA. como dentro de las mismas. Así, aunque hay ciertas autonomías que están marcadamente centradas en determinados sectores, como Cataluña en todo lo relacionado con el sector “bio” y las ciencias de la vida; Galicia en la biología marina y el País Vasco en la industria; son muchas más las que no tienen un rumbo específico en la investigación. A todo ello se suma la gran cantidad de centros o institutos tecnológicos dedicados al mismo sector dentro una sola comunidad. Ver Paula Clemente y Nerea Castro, “España actualizada: Un mapa de I+D para el siglo XXI”, El Mundo, 7.III.2017. La web del CDTI (https://www.cdti.es/) recoge información de interés no sólo corporativa sino de líneas de apoyo vigentes.
[3] Según la OCDE, el sector público, en 2014, concentró el 41 por 100 del gasto en I+D frente al 27 por 100 de media de la OCDE o del 32,6 por 100 de la UE a 28 países). Interesante el estudio El cambio hacia una España innovadora: el impulso de las multinacionales, IESE (Octubre 2016). http://fundacionimase.com.
[4] La Agenda se lidera conjuntamente por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Más información en http://www.agendadigital.gob.es
[5] Pablo Cerezal, “Las seis medidas con las que Nadal quiere impulsar la Agenda Digital”, Expansión, 22.XI.2016. Sobre temas digitales y de inteligencia artificial (IA), Ramón Tamames, El nuevo mundo de la sociedad digital: digitalización del estudio del cambio climático, presentada en la “Semana Informatica.com. Liderando la sociedad 4.0”, Valencia, el 5 de abril de 2017.
[6] Ver Informe 2017 de la Fundación COTEC para la Innovación en informecotec.es
[7] Todavía queda camino para lograr mayor inversión en I+D por parte del sector privado. Ver I. Baucells y C. Manso “La innovación española todavía lejos de potencias europeas como Alemania o Francia”, ABC, 14.III.2017.
[8] R. Arroyo, “IE, Esade e IESE, entre las mejores escuelas europeas”, Expansión, 5.XII.2016.
[9] B. García, “Madrid, Cataluña y País Vasco, a la cabeza en economía del conocimiento”, Expansión, 29.XI.2016.
[10] Raúl Salgado, “La digitalización sí crea empleo”, La Razón. Tu economía, 11.XII.2016.
[11] Lucio Muñoz, “Las pruebas de que España no está preparada para afrontar la Cuarta Revolución Industrial”, El Economista, 14.III.2017. Ver también el dossier “Industria 4.0. La Industria como eje de transformación”, Caixabanc Research, Nov 2016; M. Prieto y J.G. Fernández, “La industria 4.0 despega en España”, Expansión, 29.XI.2016; R. Biot y M. Climent, “Quién lidera en España la carrera de la Industria 4.0”, El Mundo, 15.I.2017; F. Pérez, “La industria española aprende a conectarse a la revolución digital”, ABC, 12.II.2017. L.Tinoco, “La inteligencia artificial obliga a redefinir la economía “; El País, 13.V.2017.