La política del agua en España (V): Los retos de las redes de agua ya usada y la recuperación - EL ÁGORA DIARIO

La política del agua en España (V): Los retos de las redes de agua ya usada y la recuperación

Por Ramón Tamames

En esta quinta entrega del profesor Tamames a la política del agua en España, repasamos un conjunto de facetas de gran importancia: redes de agua ya usada y recuperación, concienciación de la ciudadanía para un consumo racional, y costes del ciclo integral del agua. El líquido elemento tiene que ser aprovechado integralmente, y precisamente por lo valioso, ha de ser bien administrado en todo su ciclo

Redes de agua ya usada y recuperación

Una vez usada el agua, la mayor parte queda contaminada (labores domésticas de limpieza, y arrastre de residuos orgánicos o industriales) y debe ser recogida y alejada de nuestras viviendas y centros de interrelación social. Para ello están las redes de alcantarillado que configuraron el sistema básico de saneamiento durante unos cuantos siglos.

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Hoy en día hay que disponer de un adecuado saneamiento dotado de procesos físicos, químicos —y sobre todo biológicos— que faciliten la limpieza y recuperación de los efluentes contaminados, para transformarlos en vertidos con una calidad adecuada para su incorporación al medio ambiente acuático.

La Fuente de la Cibeles, antigua rea de los fenicios, simboliza, en la plaza de su nombre en Madrid, la importancia del agua, sobre todo en un país en gran parte árido como es España.

La innovación y el desarrollo de la técnica han permitido que a veces sometamos estos caudales depurados a tratamientos más sofisticados y exigentes, para conseguir regenerar el agua y adaptar su calidad a las características de posteriores usos directos: riegos de parques y jardines, baldeo de calles y otros usos. Es lo que se suele llamar reutilización.

La concienciación de la ciudadanía

Por lo demás, el ciudadano no es consciente de la complejidad y garantía con la que se gestionan estos servicios, tan imprescindibles para atender las demandas del irrenunciable nivel de calidad y prestación, que hacen posible una buena calidad de vida. Como tampoco se es consciente del bajo precio que se paga por disponer de un bien tan básico y vital. Hay que insistir, pues, en la importancia social de reflexionar sobre la enorme brecha existente entre el inmenso valor que tiene al agua y el escaso precio con el que pretendemos mantener las infraestructuras y los servicios relacionados. Cabe resumir los elementos de atención prioritaria y en una prospectiva de corto plazo:

  • Déficit de inversión en el sector del agua urbana en España. Se manifiesta una patente falta de inversión, consecuencia de la coyuntura económica desde 2008 y de las diferentes responsabilidades competenciales. España ha sufrido el mayor recorte de inversiones entre las potencias europeas, y el déficit de inversión en renovación de infraestructuras se identifica por el envejecimiento de estas y la pérdida de prestaciones. Con respecto a las nuevas infraestructuras, el déficit se focaliza en el saneamiento, y, más en concreto, en la falta de instalaciones que atiendan a la depuración de aguas residuales (municipios de pequeño y mediano tamaño) con incumplimiento de la Directiva 271/91. La figura siguiente es bien expresiva de la antigüedad de las instalaciones en España.
Antigüedad de la red de distribución en España.
  • Cobertura de costes. En España, la competencia legal de los servicios del ciclo integral del agua urbana corresponde a las entidades locales o municipios (ayuntamientos). Ello explica la diversidad y heterogeneidad, tanto de la propia estructura como de la tarifa aplicada y su evolución. En ese sentido, parece importante destacar que las tarifas que paga el usuario español no cubren, en general, los costes totales de los servicios de agua urbana: solo los operativos y, salvo excepciones, las infraestructuras existentes ni se amortizan ni se renuevan. Y todo ello, a pesar de que la Directiva Marco de Agua de la Unión Europea introdujo la condición de “recuperación de costes”, de acuerdo con el principio de la “contribución adecuada”, basada en análisis económicos a largo plazo y fomentando aquellos incentivos que busquen la eficiencia del uso del recurso.
  • Regulación para facilitar la eficiencia. Armonización, transparencia y responsabilidad. Nuestras aguas son públicas y el regulador es, en todos los casos, la administración pública española. El modelo de implantado es el clásico descentralizado en el que intervienen un gran número de reguladores municipales independientes (más de 2.000) y que se traduce en una regulación descentralizada, heterogénea y muy variable. A lo largo del ciclo del agua urbana, las competencias se encuentran fragmentadas, y no precisamente coordinadas ni armonizadas. Avanzar desde el actual modelo de regulación hacia un modelo más unificado o armónico nos parece prioritario para aumentar la eficiencia de los servicios. Debemos evolucionar hacia un modelo de regulación más “transparente” que fomente y active en mayor medida la competencia técnica, y que permita a la ciudadanía ser más participativa y responsable, así como facilitar, de manera simultánea, una mayor seguridad jurídica para que nuestro sector sea más eficiente y garantice la sostenibilidad económica y social de los sistemas urbanos.

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