“El cambio climático nos obliga a cambiar modos y maneras de hacer en planificación económica, hidrológica, de emergencias y territorial o urbanística”, afirma el geógrafo Jorge Olcina en este artículo de opinión escrito en el contexto de la cumbre del clima o COP27 que se celebra en Egipto
El mes de noviembre es el de las reuniones de la Conferencia de las Partes (COP) que tienen la responsabilidad de diseñar medidas para la lucha contra el cambio climático, o la implementación de los acuerdos alcanzados en los tratados internacionales.
Este año se celebra en Egipto la COP27. Son ya 27 reuniones desde que se produjo la primera en 1994. Solo dos de ellas (Kyoto y París) han tenido efecto práctico en forma de compromisos de los países, al menos sobre el papel, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, causa principal del actual proceso de calentamiento climático.
Del resto poco que reseñar después de casi tres décadas de encuentros. Tras la celebración de estas cumbres, luego llega la decepción. Apenas se alcanzan resoluciones y cuando se alcanzan luego no se implementan. De seguir así, el descrédito social en el que van a caer estas cumbres irá en contra de la urgencia de las medidas que hay que empezar a tomar para reducir los efectos de un proceso de calentamiento climático que se ha disparado en los últimos años.
Son unas cumbres sin implicación de los países que son los principales emisores de CO2 a la atmósfera terrestre. Y con un organismo internacional (ONU) que no tiene capacidad de sanción para los que no cumplen. En la COP 27 se ha abordado la aprobación del fondo económico de compensación a los países en vías de desarrollo para que puedan desarrollar medidas de lucha contra el cambio climático. Son 100.000 millones de dólares anuales incluidos en el Acuerdo de París y cuya materialización no debe retrasarse más.
“Hay medidas sencillas, y con un coste de implantación muy moderado, que deberían activarse en todos los países”
Sin tanta repercusión, pero de gran efectividad, hay medidas sencillas, y con un coste de implantación muy moderado, que deberían también activarse en todos los países a poco que se alcanzase un acuerdo de mínimos en este tipo de cumbres.
Serían las siguientes: activar un sistema universal de contabilidad de las emisiones en todos los países, incorporar el cambio climático en las enseñanzas básicas de los países, recuperar la virtualidad en algunas actividades que, tras la pandemia, han vuelto a una presencialidad física innecesaria (reuniones) y suponen un elevado coste económico en desplazamientos con su impronta en la huella de carbono y, por último, elaborar planes de adaptación en todas las ciudades del mundo con más de 10.000 habitantes, al menos.
Estas medidas supondrían un avance importante a la espera de que en alguna ocasión los grandes emisores se avengan a formar parte de los compromisos reales de reducción de sus emisiones. Y son medidas en los que las escalas más próximas a los ciudadanos (regional y local) cobran el protagonismo que deben tener para implicar a todos los sectores de la sociedad.
“El cambio climático nos obliga a cambiar modos y maneras de hacer en planificación económica, hidrológica, de emergencias y territorial o urbanística”
El cambio climático nos obliga a cambiar modos y maneras de hacer en al menos cuatro procesos de planificación: planificación económica, hidrológica, de emergencias y territorial (urbanística). Y para ello la elaboración de modelos climáticos de pequeña escala, regional y local, va a resultar necesaria.
En España, la investigación climática que desarrollan agencias estatales, centros de investigación, departamentos universitarios, fundaciones climáticas, empresas e investigadores a titulo particular lleva años trabajando en cambio climático y ofreciendo “productos” necesarios para la mitigación y adaptación.
Los modelos climáticos de escala local son indispensables para la elaboración de planes urbanísticos. Los nuevos modelos territoriales deben incorporar, como señala la ley española de cambio climático de 2021, la perspectiva de cambio climático.
No se concibe que se planifiquen nuevos usos en el suelo para las próximas décadas para los que no se sepa cómo va a evolucionar el clima y el medio natural en su conjunto. En la actualidad, los modelos climáticos han alcanzado un grado de fiabilidad superior al 80% en sus proyecciones. Ahora queda aplicar esos resultados en las escalas de planificación territorial, especialmente en la local, porque es donde se mueven los cambios en los usos del suelo.
“Los nuevos modelos territoriales deben incorporar, como señala la ley española de cambio climático de 2021, la perspectiva de cambio climático”
Es un reto ilusionante y necesario para los años inmediatos. Ya disponemos de modelos de escala regional, provincial e incluso comarcal. Pero necesitamos modelos de escala local, que junto a los registros oficiales pueden alimentarse también, en la parte de datos climáticos, con las observaciones que llevan a cabo los aficionados a la meteorología en ciudades y pueblos de nuestro país, con la aplicación de los necesarios filtros de validez de esos datos.
La investigación climática española y las entidades que están proporcionando servicios climáticos están desarrollando productos para cubrir esta necesidad que es básica si queremos ser útiles a la sociedad en el tema más importante que va a condicionar políticas públicas y acciones privadas en este siglo.
Jorge Olcina es catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante.