La ratificación del Acuerdo de Escazú, que entró en vigor el pasado abril en una decena de países, se ha hundido en el Congreso de Colombia, que no votó el proyecto firmado con carácter de urgencia por el presidente, Iván Duque
El primer gran tratado ambiental de Latinoamérica parece no encontrar su sitio en Colombia. El Congreso del país sudamericano ha frenado este lunes la ratificación del Acuerdo de Escazú, que entró en vigor el pasado 22 de abril en doce países de la región con el objetivo de mejorar la protección de los activistas ambientales y garantizar sus derechos de acceso a la información. El bloqueo legislativo al proyecto firmado con carácter de urgencia por el presidente, Iván Duque, condena por ahora el documento al ostracismo, lo que puede suponer un problema social ya que Colombia es uno los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente: solo en 2019, fueron asesinados 64 activistas ambientales.
En concreto, el trámite legislativo lleva detenido desde hace casi 11 meses porque un bloque de congresistas, incluidos miembros del oficialista Centro Democrático, el partido de Duque, y los gremios más importantes rechazaron su contenido y pidieron que fuera archivado. El Congreso tenía hasta este lunes, cuando termina el periodo legislativo, para votar el proyecto en primer debate pero luego de varios aplazamientos las comisiones segundas del Senado y la Cámara de Representantes, en las que se alcanzaron a presentar ponencias a favor y en contra, no avanzaron en su debate.
«Perdemos tiempo y vamos a retrasar la oportunidad de hacer mejor las cosas. Si se archiva el proyecto, el Gobierno tendrá que volverlo a presentar y habremos perdido el chance de comenzar a tratar las buenas prácticas en temas de democracia ambiental con los países que ya lo ratificaron», explicó a Efe la abogada miembro de la Alianza por el Acuerdo de Escazú, María Alejandra Lozano. Un grupo de organizaciones ambientalistas y universidades del país presionaron en los últimos días al Congreso para que ratificara el acuerdo, una herramienta que calificaron como «vital» para regular los derechos en defensa del medioambiente y «para que la justicia sea efectiva alrededor del uso sostenible de nuestros recursos naturales».
Congresistas de la oposición, que impulsaron el proyecto y denunciaron maniobras de distintos sectores para dilatar su ratificación, hicieron una proposición para que la votación del acuerdo sea incluida en las sesiones extraordinarias del 21 y 22 de junio. Sin embargo, fuentes consultadas por Efe explicaron que por tratarse de un proyecto internacional el proyecto no puede ser debatido en sesiones extraordinarias.
El Acuerdo de Escazú es un tratado regional considerado el primer gran pacto medioambiental de América Latina y promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el que se incluyen preceptos como el derecho a un medioambiente sano y garantías para la protección de las personas defensoras del medioambiente. Fue adoptado en marzo de 2018 en la localidad costarricense de Escazú, tras seis años de trabajo y de negociación entre los Gobiernos de la región, y con la ratificación de México y Argentina el pasado 22 de enero se sumaron las ratificaciones necesarias para su entrada en vigor tres meses después.
Por el momento, solo ha sido ratificado por Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Uruguay, Antigua y Barbuda, Guyana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Bahamas, México y Argentina. A parte de la ausencia colombiana, los activistas han denunciado también que en el tratado no esté Brasil, que enfrenta los graves problemas de explotación del Amazonas, y Costa Rica, nación en la que se firmó el Acuerdo.
