El primer gran tratado ambiental de Latinoamérica, que busca proteger a los activistas ambientales, entra en vigor este Día de la Madre Tierra en doce países, aunque aún quedan otros tantos por ratificarlo, entre ellos Brasil o Colombia
El primer gran tratado ambiental de Latinoamérica ya es una realidad. Según ha confirmado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Acuerdo de Escazú, que busca mejorar la protección de los activistas ambientales y garantizar sus derechos de acceso a la información, ha entrado en vigor este Día de la Madre Tierra en doce países de la región. A pesar de que este tratado supone un hito histórico para la lucha climática en Latinoamérica, algunas organizaciones advierten que los países de la zona que más agresiones registran contra personas que lideran luchas ambientales, como Brasil, Guatemala, Colombia, Honduras o Venezuela, todavía no lo han ratificado.
El objetivo del Acuerdo de Escazú no es otro que el de defender a los defensores del medio ambiente. Y es que, aunque no reciba tanta atención como otras prioridades ecológicas, el garantizar los derechos de acceso a la información ambiental de activistas y expertos de la sociedad civil es básico no solo para que éstos últimos puedan hacer su trabajo con seguridad, sino también para garantizar la correcta implementación de cualquier normativa “verde”.
Si no hay participación pública en los procesos de toma de las decisiones ambientales, se allana el terreno a los abusos de poder y la falta de ambición, ya que es imposible para la ciudadanía monitorizar de manera efectiva los compromisos ambientales de sus gobiernos. Y precisamente para intentar poner remedio a este problema en Latinoamérica, varios países de la región impulsaron la firma del histórico Acuerdo de Escazú, que desde este jueves es efectivo en doce países.
Los firmantes del Acuerdo, que oficialmente se llama Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, son por el momento Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Uruguay, Antigua y Barbuda, Guyana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Bahamas, México y Argentina. Pero antes de llegar a este hito diplomático, los países latinoamericanos han tenido que trabajar de forma conjunta durante años.
Casi una década en tramitación
Los orígenes del tratado se remontan a 1992, concretamente al principio número 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que afirma que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”. Pero no sería hasta dos décadas más tarde cuando, de nuevo en una cumbre climática celebrada en Río de Janeiro, diez países latinoamericanos (Chile, Costa Rica, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay) decidieron hacer frente común para crear un instrumento regional que asegurara la aplicación efectiva de este principio.
Empezó entonces un largo proceso de desarrollo del tratado que tuvo una fase preparatoria de 2012 a 2014 y culminó en la Declaración de Santiago en Chile, ya que precisamente este país austral era uno de los principales impulsores del acuerdo, aunque luego se acabara retirando del proceso por sus dudas jurídicas. Luego llegaría una fase de negociaciones que acabaría el 4 de marzo de 2018, cuando los 24 líderes regionales reunidos en Costa Rica, que sumaban todos los países de América Latina y el Caribe menos Venezuela, Cuba, Bahamas, Barbados y Surinam, anuncian la versión definitiva de un Acuerdo de Escazú, que, a lo largo de ese año, sería firmado por los 24 participantes.
Ahora, con la entrada en vigor del Acuerdo, se pretende acabar con una lacra que lleva años ensombreciendo América Latina: el asesinato o desaparición de activistas. Solo en 2019 se registró la escalofriante cifra de 212 homicidios de defensores del medio ambiente y dos tercios de estos casos se produjeron en América Latina y el Caribe. Es decir, que ser activista ambiental en esta región es una auténtica profesión de riesgo, como demuestran casos sonados como el asesinato de la defensora de los derechos ambientales indígenas Berta Cáceres en Honduras en 2016 o el del entomólogo Homero Gómez en México el pasado año.
En este sentido, el Acuerdo de Escazú incluye disposiciones que apuntan a la prevención, investigación y sanción respecto a cualquier transgresión que afecte a activistas medioambientales. La redacción es especialmente clara: todos los países firmantes tienen la obligación legal de “propiciar un entorno seguro a personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, para que estos puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.
Colombia y Brasil, grandes ausentes
Eso sí, según apunta la ONG Alianza por la Solidaridad-ActionAid, el hecho de que por el momento haya tan sólo 12 países firmantes pone en riesgo el éxito del Acuerdo de Escazú.Y es que, en el listado de países firmantes del Acuerdo, faltan casi todos los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente como Colombia, donde, solo en 2019, fueron asesinados 64 activistas ambientales. También están ausentes otros países de alto riesgo como Brasil, Guatemala, Honduras o Venezuela.
En este sentido, la organización denuncia las presiones que están teniendo lugar en los países con más conflictos ambientales para que no se ratifique este acuerdo, aludiendo a una supuesta pérdida de soberanía nacional o perjuicios para el desarrollo económico. Por eso, desde ActionAid piden a la Unión Europea y al Gobierno de España que se involucren en la puesta en marcha de instrumentos como éste, exigiendo su cumplimiento en los acuerdos comerciales firmados con países no comunitario y favoreciendo las inversiones privadas en países que lo hayan ratificado.
En cualquier caso, y a la espera de que el resto de países se sumen, el Acuerdo de Escazú sigue siendo un gran hito en Latinoamérica porque no solo supone proteger con urgencia a los defensores ambientales, sino catalizar una acción climática inclusiva y ambiciosa en la región. Y es que los derechos de acceso a la información que garantiza el tratado son también aplicables a la toma de decisiones en materia de cambio climático, por lo que sirve como un marco de garantías fundamental para la adecuada implementación de las obligaciones del Acuerdo de París y para el desarrollo de políticas climáticas, ya que obliga a los Gobiernos a informar permanentemente a la ciudadanía sobre el avance o no de sus políticas de reducción de emisiones.
