¿Quién defiende a los defensores del medio ambiente? Aunque no reciba tanta atención como otras prioridades ecológicas, el garantizar los derechos de acceso a la información ambiental de activistas y expertos de la sociedad civil es básico no solo para que éstos últimos puedan hacer su trabajo con seguridad, sino también para garantizar la correcta implementación de cualquier normativa “verde”.
Si no hay participación pública en los procesos de toma de las decisiones ambientales, se allana el terreno a los abusos de poder y la falta de ambición, ya que es imposible para la ciudadanía monitorizar de manera efectiva los compromisos ambientales de sus gobiernos. Y precisamente para intentar poner remedio a este problema en Latinoamérica, varios países de la región impulsaron la firma del histórico Acuerdo de Escazú.
Considerado como uno de los instrumentos ambientales más importantes de la región, el pacto de Escazú, que recibe su nombre de la ciudad costarricense en la que fue finalmente aprobado, entrará finalmente en vigor a comienzos de 2021. En concreto, lo hará el 3 de febrero, exactamente 90 días después de haber sido ratificado por México, ya que este país permite sumar las once ratificaciones que exigía el texto del tratado para pasar a ser efectivo. Pero, antes de llegar a este punto, los países latinoamericanos han tenido que trabajar de forma conjunta durante años hasta llegar a un Acuerdo de Escazú que satisficiera a todo el mundo.
Un Acuerdo preparado a fuego lento
Los orígenes del tratado se remontan a 1992, concretamente al principio número 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que afirma que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”. Pero no sería hasta dos décadas más tarde cuando, de nuevo en una cumbre climática celebrada en Río de Janeiro, diez países latinoamericanos (Chile, Costa Rica, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay) decidieron hacer frente común para crear un instrumento regional que asegurara la aplicación efectiva de este principio.
Empezó entonces un largo proceso de desarrollo del tratado que tuvo una fase preparatoria de 2012 a 2014 y culminó en la Declaración de Santiago en Chile, ya que precisamente este país austral era uno de los principales impulsores del acuerdo. Luego llegaría una fase de negociaciones que acabaría el 4 de marzo de 2018, cuando los 24 líderes regionales reunidos en Costa Rica, que sumaban todos los países de América Latina y el Caribe menos Venezuela, Cuba, Bahamas, Barbados y Surinam, anuncian la versión definitiva de un Acuerdo de Escazú, que, a lo largo de ese año, sería firmado por los 24 participantes.
Ahora, con la ratificación de México se cierra el círculo al lograrse los 11 países necesarios (Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay) para que el acuerdo entre en vigor. Es cierto que aún quedan 13 firmantes, entre ellos algunos tan importantes como Chile, Brasil o Colombia, que tienen pendiente la ratificación que permita a Escazú entrar en sus legislaciones nacionales, pero este proceso depende de la situación política interna de cada país y podría dilatarse en el tiempo.
Proteger a los ambientalistas
Oficialmente, el Acuerdo de Escazú tiene como objetivo explícito “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en aquellos procesos de toma de las decisiones en entorno ambiental y al acceso a la justicia en el ámbito ambiental, así como la aplicación y en el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, garantizando la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a tener un desarrollo sostenible y a vivir en un medio ambiente sano”. Una larga explicación que, sin embargo, se puede resumir en un único punto: proteger y apoyar a los activistas ambientales.
Según explicó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, en una charla organizada a comienzos de este mes por la ONU, en 2019 se registró la escalofriante cifra de 212 homicidios de defensores del medio ambiente y dos tercios de estos casos se produjeron en América Latina y el Caribe. Es decir, que ser activista ambiental en esta región es una auténtica profesión de riesgo, como demuestran casos sonados como el asesinato de la defensora de los derechos ambientales indígenas Berta Cáceres en Honduras en 2016 o el del entomólogo Homero Gómez en México este mismo año.
En concreto, el Acuerdo de Escazú incluye disposiciones que apuntan a la prevención, investigación y sanción respecto a cualquier transgresión que afecte a activistas medioambientales. La redacción es especialmente clara: todos los países firmantes tienen la obligación legal de “propiciar un entorno seguro a personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, para que estos puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.
Un acuerdo de Latinoamérica para Latinoamérica
“El Acuerdo de Escazú es el reflejo de una esperanzadora puerta hacia el futuro. Es un acuerdo negociado por nosotros para nosotros y ha sido hecho pensando en nuestras futuras generaciones”, aseguró en el mismo evento la máxima autoridad de la CEPAL, Alicia Bárcena. “Con este Acuerdo estamos luchando contra la cultura del privilegio, la cultura de los que poseen la información, de los que capturan la justicia, de aquellos que no están dispuestos a que haya una verdadera participación y un consentimiento previo informado. Estamos democratizando el derecho a la información, a la participación y a la justicia. El Acuerdo de Escazú es un instrumento esencial para no hipotecar el futuro, para atender las legítimas demandas de muchas comunidades”, aseguró.
Eso sí, además de incluir disposiciones para proteger con urgencia a los defensores ambientales, el Acuerdo de Escazú incluye herramientas para catalizar una acción climática inclusiva y ambiciosa en la región. Y es que los derechos de acceso a la información que garantiza el tratado son también aplicables a la toma de decisiones en materia de cambio climático, por lo que sirve como un marco de garantías fundamental para la adecuada implementación de las obligaciones del Acuerdo de París y para el desarrollo de políticas climáticas, ya que obliga a los Gobiernos a informar permanentemente a la ciudadanía sobre al avance o no de sus políticas de reducción de emisiones.
En este sentido, la aplicación del Acuerdo de Escazú puede servir también para empoderar a uno de los grupos más vocales en la defensa de la acción climática: los jóvenes. De hecho, en la Declaración sobre los Niños, Niñas, Jóvenes y la Acción Climática, firmada y encabezada por Chile y España el año pasado en el marco de la celebración de la COP 25, se pedía acelerar y garantizar la inclusión de niños, niñas y jóvenes en las políticas y acción climáticas, incluyendo la necesidad de que formen parte del proceso de toma de decisiones. Un compromiso que, con Escazú, puede estar más cerca de hacerse realidad.
