Los bonaerenses llevan meses viendo como sus grifos emanan agua marron, aceitosa y con olores extraños, un síntoma más de la deficiente gestión del agua urbana en Argentina que apenas cubre el 44% de las necesidades de saneamiento, el 88% del acceso al agua potable y cuenta unas fugas del 45% del total del agua consumida
Pese a su extenso territorio, en Argentina las regiones húmedas ocupan sólo un cuarto de su superficie y en él habitan más de dos tercios del total de sus habitantes.
Las zonas áridas representan 60% del área del país, y en ellas vive solamente 6% de la población.
Esta relación entre agua y población resulta exactamente inversa a la mayoría de los países de América Latina.
Según la Unesco el principal desafío del país en el sector de agua potable y saneamiento es la universalización de los servicios. Se estima que de los 43 millones de habitantes de Argentina, solo el 84,4% tienen acceso al agua por red pública y el 58,4% a saneamiento.
En el conurbano bonaerense el déficit alcanza a tres de cada diez hogares y la mitad de los que consumen agua en fuentes comunitarias es considerada “pobre estructural».
El dato sobre el conurbano se desprende de un informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Defensoría del Pueblo Bonaerense que en su informe de diciembre de 2019 señalaba que el 75% de las viviendas de la capital tienen acceso al agua corriente de red, lo que la ubica 13,7 puntos por debajo del promedio nacional, que es del 88,4%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
No hay estadísticas fiables respecto del nivel de tratamiento de aguas residuales, sin embargo, pese a la falta de transparencia algunas fuentes calculan que se encuentra entre el 15 y el 20% de las aguas recolectadas.
Respecto a esta falta de transparencia la pasada semana las máximas autoridades del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA) firmaron un convenio de cooperación técnica con el objetivo de favorecer la sinergia institucional para producir mayor conocimiento sobre el acceso al agua y al saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Este acuerdo pretende favorecer el intercambio de información mejorar la calidad de las estadísticas sociales con el objetivo de que se puedan tomar mejores decisiones sobre el acceso al agua y al saneamiento en Argentina en general y en el Gran Buenos Aires en particular.
Resulta inadmisible que en el siglo XXI no se haya alcanzado la universalización al acceso al agua potable y a sistemas de saneamientos que no contaminen el medio ambiente.
Más aún teniendo en cuenta los importantes impactos que los servicios de saneamiento poseen con respecto a la salud, especialmente en la mortalidad infantil, así como en la desigualdad e inclusión social, afirma la Unesco en uno de sus últimos informes regionales.
El déficit de acceso al agua de red afecta al 14% de los hogares de la Argentina urbana niveles que casi se duplican cuando se trata del conurbano bonaerense (27%)
Asimismo, señalan como indispensable la ejecución de obras que permitan aumentar el tratamiento de las aguas residuales y también difundir y concienciar a los gobiernos, a los profesionales y técnicos y a todos los sectores de la población acerca del uso racional del agua y de la protección de su calidad.
En este sentido los expertos se sorprenden de la “cultura del despilfarro” de los argentinos, con un consumo muy por encima de la media iberoamericana entorno a los 250 litros por habitante al día, derivado, entre otras cosas, por la reducida y deficitaria tarifa de las grandes áreas metropolitanas.
Paralelamente a los problemas planteados en el sector de agua y saneamiento, Argentina enfrenta un fuerte desafío en el manejo, control y gestión de los excedentes hídricos en los centros urbanos.
Se ha demostrado que la existencia de intensas precipitaciones registradas en lugares cercanos y con períodos de ocurrencia menores a 20 años, demuestran que las grandes inundaciones no son problemas poco frecuentes. Sumado a ello, el creciente progreso urbano hacia los valles de inundación de ríos y arroyos ha provocado un incremento de la vulnerabilidad en la mayoría de las ciudades ribereñas.
En este contexto de eficiente gestión el ciclo integral el agua en Argentina los problemas de calidad en algunas regiones urbanas son cada vez más acuciantes y reiterativos, más allá del hidroarsenicismo endémico de las regiones del norte del país, en los últimos meses se han repetido las denuncias de los usuarios del suministro de “agua podrida” en plena pandemia de coronavirus.
HIDROARSENICISMO CRÓNICO El Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE) es la enfermedad producida por el consumo de arsénico a través del agua y los alimentos. Las elevadas concentraciones de arsénico en el agua se presentan en una amplia región del norte y centro de Argentina. Este arsénico es de origen natural, es decir, está relacionado con algunos de los diversos procesos geológicos que han afectado y afectan esta región. La distribución de agua con alto contenido de arsénico se sucede en un continuo noroeste-sudeste desde la cordillera hasta la costa atlántica. Las aguas superficiales con concentraciones elevadas de arsénico son relativamente poco frecuentes, restringiéndose a las cuencas de La Puna y zonas limítrofes (provincias de Jujuy, Salta y Catamarca). En cambio, las aguas subterráneas afectadas demuestran una gran variabilidad y están distribuidas en amplias áreas de las provincias del norte y centro de nuestro país. La zona más afectada por el arsénico es la llanura Chaco-pampeana, en el centro del país. El 20% de sus habitantes, además, tiene las necesidades básicas insatisfechas. La pobreza es mucho mayor en el Chaco: el 17% de la población total vive en comunidades rurales con menos de 2.000 habitantes, mientras que casi el 12% vive en asentamientos, dispersos, con menos de 50 habitantes. La estadística es importante: los pozos poco profundos, con altas concentraciones de arsénico, son el único recurso disponible de agua potable durante todo el año para la mayoría de la población rural. Este problema de salud, según apunta la propia Organización Mundial de la Salud, requiere en profundo análisis de las necesidades de inversión requeridas ara resolver con ciencia y tecnología la situación de las aguas charras.
En Argentina existe un importante problema de calidad del agua para abastecimiento humano que es la presencia de arsénico en las aguas subterráneas en diversas regiones del país.
Unas deficiencias en la calidad del agua servida que, aunque la empresa pública gestora Aysa afirma que no son insalubres, atribuyen a los cambios de calidad en el agua en alta del río de La Plata de donde bebe la urbe bonaerense. Y que en las últimas tres semanas ha desencadenado una tormenta de protestas de los usuarios por el mal olor, color y sabor del agua que llega a los hogares sin que la compañía de solución alguna.
Linda el agua @AySA_Oficial pic.twitter.com/dcXodSVmNZ
— Anto (@Antanamera) September 16, 2020
36 horas sin agua @AySA_Oficial. San Martín, Ballester, Villa Adelina, San Andrés, Loma Hermosa, ni una gota de agua. Todos los geriátricos sin poder higienizar a los abuelos. Hay q ser HDP para tenernos sin suministro tantas hs, RESPONDAN NUESTROS RECLAMOS!!
— ?♀️ (@SilvinaBrancol1) September 16, 2020
Que verguenza que aysa nos cobre el agua, cuando hace semanas que no la podemos tomar. Intomable el agua de Buenos Aires. Sin noticias de que sucede. Porque algo sucede? pic.twitter.com/BQmyqIxUch
— Aneta? (@Anneta76) September 19, 2020
El tema agua ya es insoportable. Con el agua caliente ese olor a aceitunas rancias se nota más. Me acabo de bañar asqueada, @AySA_Oficial
— ?Florencia? (@fetcheves) September 14, 2020
El propio gobierno de Argentina elaboró en 2017 un informe que desembocó en un Plan Nacional de Agua y Saneamiento para dar solución a los problemas estructurales que presentaba la gestión de los recursos hídricos el país y lograr para el 2019 niveles de cobertura de 100% en agua potable y del 75% en cloaca en las áreas urbanas del país. Un objetivo que ha quedado lejos de lograrse.
El citado informe destaca que el sector de agua y saneamiento de Argentina tiene un atraso significativo en la cobertura de agua y saneamiento, y requiere mejoras en la calidad y eficiencia de los servicios..
Además, las carencias en la renovación de la infraestructura de la red de distribución y captación eleva el Agua No registrada casi un 45% del agua, lo que se traduce en pérdidas y fugas.
En los 80 la descentralización, en los 90 la privatización y en los 2000 la reestatalización
La inestabilidad económica del país en décadas pasadas así como el fracaso de las cambiantes políticas sectoriales, en los 90 un proceso de privatización de la gestión del ciclo del agua urbana y en la década del 2000 una reestatalización conflictiva que generó un alto pasivo social y económico, afectó la evolución armónica y sostenible del sector del ciclo urbano del agua.
Como consecuencia de ello la expansión mediante inversiones en obras quedó acotada y los servicios desfinanciados.
A lo anterior, según el propio gobierno argentino, se suman cuestiones culturales a partir de incentivos que se dieron a la población: consumo no medido, tarifas extremadamente bajas, despilfarro del recurso y un entendimiento colectivo de que un bien indispensable debía ser gratuito o casi.
Se estima que en Argentina existen 1.828 gestores del ciclo urbano del agua de localidades urbanas (23 provinciales o regionales, 19 estatales atendiendo 60% de la población y 4 privados para 10% de la población, el resto son municipales o cooperativas, 30% de la población).
Esta diversidad de prestadores y su dispersión geográfica, requiere una planificación estratégica y una gestión coordinada de los tres principales entes ejecutores nacionales: la empresa AySA para atender la expansión de los servicios en el área del Conurbano Bonaerense, la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo (UCPyPFE) del MIOPyV para apoyar con recursos de financiación externa a las provincias que conforman el Plan Belgrano (Provincias del Norte Grande más La Rioja), y el ENOHSA para el resto de las localidades del país.
HETEROGENEIDAD DE OPERADORES EN ARGENTINA
En Argentina existen 1.828 prestadores de localidades urbanas. De ese total 23 corresponden a prestadores de jurisdicción provincial y regional, esta última está referida exclusivamente a AySA que abarca un área con dos jurisdicciones provinciales (la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires).
De ese total, 19 corresponden a empresas o entidades estatales y solo 4 a concesionarias de capital privado (Corrientes, Córdoba, Misiones y Santiago del Estero). Los operadores de mayor tamaño se encuentran en este grupo, estimándose que las 15 empresas o entes estatales atienden alrededor del 60% de los habitantes servidos por redes de agua potable del país y cerca del 10% son abastecidas por las empresas privadas provinciales.
Los operadores de jurisdicción municipal representan más del 98% de la cantidad de operadores, pero dado que comprenden las localidades de menor tamaño, se estima que comprende aproximadamente el 30% de la población servida de agua potable del país.
Tanto AySA como la mayor parte de los prestadores principales de las provincias son empresas organizadas como sociedades anónimas cuyo capital mayoritario se encuentra en poder del Estado, nacional o provincial de acuerdo a la respectiva jurisdicción.
Déficit tarifario y cultura del despilfarro
En los períodos de alta inflación de la historia reciente la Argentina, se usaron muchas veces las tarifas de servicios públicos como ancla antiinflacionaria y el recorte o aplazamiento de inversiones de expansión o mantenimiento. Ello contribuyó a hacer muy volátil la tarifa en términos reales y a desfinanciar el sector. Con los planes de estabilización normalmente se recuperaba el atraso tarifario y luego se congelaban las tarifas, y con el paso del tiempo la vuelta de altos niveles inflacionarios erosionaba los valores de aquellas. Desde la crisis del 2001-02 las tarifas de la mayoría de los grandes prestadores del país se encuentran retrasadas con relación a la inflación. Esto implica un fuerte deterioro de la cobertura de los costes de operación, lo que hizo necesario la financiación del déficit operativo mediante el presupuesto público.
En este sentido el propio gobierno argentino apunta a necesidad de alcanzar la sostenibilidad financiera de los operadores. Para ello urgen esquemas de fijación de tarifas que reflejen los costes de la prestación, en el desarrollo e implementación de modelos de gestión que mejoren la eficiencia de la operación y mantenimiento de los servicios, y en mecanismos que promuevan la transparencia y el control social de los operadores.
Buenos Aires suspende en saneamiento
En Argentina según su propia Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento, están lejos de integrar el concepto del valor económico del agua. En general las tarifas son apenas suficientes para cubrir los costes de operación y mantenimiento de los sistemas de agua.
El país recibe apoyo financiero para proyectos que permiten el desarrollo sectorial en todo el ámbito nacional, fundamentalmente a través de préstamos otorgados por organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y el Banco Mundial, BIRF, que son administrados por organismos públicos de nivel nacional.
La incidencia sobre el sector es de tipo directa o indirecta. Sin embargo, la falta de coordinación de estas operatorias con el área competente del sector hídrico, que es la Subsecretaría de Recursos Hídricos, ha limitado seguramente la mejor utilización de los recursos en términos del sector.
En el servicio de saneamiento por red la brecha es muy pronunciada, con una cobertura en la ciudad de Buenos Aires, gestionada por la empresa pública Aguas Bonaerenses, que se encuentra en el 98,7% y en el resto del Gran Buenos Aires con una cobertura del 38,0% (con casos extremos como Ituzaingó, Malvinas Argentinas, José C. Paz con coberturas inferiores al 10%).
Lo más preocupante es que las brechas de cobertura se intensifican y afectan directamente a los sectores sociales más vulnerables.
El 75% de los habitantes urbanos sin agua y el 62% de los que carecen de cloacas residen en aglomerados. Este déficit en áreas de alta densidad identifica las inversiones con mayor impacto en la cobertura y donde se lograría mayor mitigación del riesgo sanitario y ambiental por la falta de estos servicios básicos.
El 75% del déficit de agua en aglomerados (equivalente al 55% del déficit total urbano) se focaliza en el Gran Buenos Aires y reducir el déficit de saneamiento en el GBA equivale a resolver el 61% de del déficit en aglomerados (38% del total urbano). La segunda intervención con mayor impacto para reducir el déficit de cloacas en aglomerados se lograría con la cobertura el Gran Córdoba (9% de los habitantes que carecen de este servicio) y en Gran Rosario, La Plata y Tucumán, cuya cobertura equivale al 11% del déficit en aglomerados.
En términos comparativos con otra de las grandes capitales latinoamericanas, el saneamiento es la asignatura pendiente bonaerense respecto a Santiago de Chile.
La capital chilena, gestionada por el operador privado Aguas Andinas, cuenta con una cobertura de depuración para aguas recolectadas del 100% un porcentaje que se reduce al 98% incorporando toda la región metropolitana y perimetral. Y esa cobertura es de sistemas terciarios con depuradoras revolucionarias, Biofactorías, que no solo garantizan el autoabastecimiento energético y la carbono neutralidad sino que sus aguas se regeneradas se reutilizan en un cien por cien aguas abajo para riego y otros usos; un 60% de los lodos obtenidos se reutilizan como fertilizante agrario.
En cuanto a la continuidad del servicio de agua potable en Santiago y área metropolitana el índice es del 0,999 mientras que en Buenos Aires está entre el 0,80 y 0,90; y en lo que respecta al agua no registrada (a las pérdidas de red) en Santiago encontramos un porcentaje entorno al 28%, mientras que Argentina se pierde por la mala situación de las redes de abastecimiento un 45%.
