Chile se ha adherido este fin de semana al Acuerdo de Escazú, un tratado ratificado por 24 países de América Latina y el Caribe que pretende garantizar el acceso a los derechos medioambientales y proteger a los activistas
Chile se ha sumado al Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que une a las naciones de América Latina y el Caribe en la protección de los activistas ambientales, muy amenazados en la región. El Gobierno del país ha firmado un proyecto de ley que allana el camino para la ratificación de este acuerdo medioambiental, que además pretende garantizar el acceso a los derechos vinculados a la naturaleza en tiempos de emergencia climática. La adhesión de Chile a esta carta, impulsada tras la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en 2012, fue planteada por el primer gobierno del conservador Sebastián Piñera (2010-2014) pero fue desechada durante su segundo término en el Palacio de la Moneda (2018-2022) por la inestabilidad política y social.
El acuerdo de Escazú está considerado como uno de los instrumentos ambientales más importantes de la región, destinado igualmente a evitar que se repitan las amenazas y los asesinatos de defensores de los derechos ambientales, como la líder indígena lenca hondureña Berta Cáceres o el brasileño Chico Mendes. Entre sus objetivos principales, busca implementar de forma plena y efectiva los derechos de acceso a la información ambiental, a la participación pública en aquellos procesos de toma de las decisiones en entorno ambiental y al acceso a la justicia en el ámbito ambiental.
Asimismo, pretende garantizar la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a tener un desarrollo sostenible y a vivir en un medioambiente sano. Por ello, entre sus disposiciones se incluye la perspectiva de género, la apuesta por el gobierno abierto, además de diversos criterios de prioridad en su aplicación para personas en situación de vulnerabilidad.
En cualquier caso, hablamos de uno de los primeros acuerdos del mundo que es vinculante en el marco de la defensa y el respeto a los derechos humanos en cuestiones relacionadas con la naturaleza. En este sentido, su redacción y puesta en marcha es además uno de los primeros esfuerzos internacionales íntegramente vinculados a la región latinoamericana. «El Acuerdo de Escazú es el reflejo de una esperanzadora puerta hacia el futuro. Es un acuerdo negociado por nosotros para nosotros y ha sido hecho pensando en nuestras futuras generaciones», explicó el año pasado en una charla organizada por Naciones Unidas la máxima autoridad de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena.
«Con este Acuerdo estamos luchando contra la cultura del privilegio, la cultura de los que poseen la información, de los que capturan la justicia, de aquellos que no están dispuestos a que haya una verdadera participación y un consentimiento previo informado. Estamos democratizando el derecho a la información, a la participación y a la justicia. El Acuerdo de Escazú es un instrumento esencial para no hipotecar el futuro, para atender las legítimas demandas de muchas comunidades», aseguró la mandataria.
