Una investigación de varios medios sudamericanos detecta numerosas actividades sospechosas de pesca ilegal en áreas marinas protegidas y alerta de que los santuarios no cuentan con suficiente vigilancia ni presupuesto para evitar este delito
En apenas dos décadas, Latinoamérica ha avanzado mucho en la protección de sus océanos. En el año 2000, apenas el 1,43% de su mar estaba protegido, mientras que actualmente ese porcentaje es casi 23 veces mayor, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Sin embargo, esa actividad de conservación se ha encontrado con un enemigo silencioso: la pesca ilegal. Y es que, tras el tráfico de drogas y el de armas, esta actividad delictiva es la tercera más lucrativa del mundo, ya que se estima que alrededor de 26 millones de toneladas de recursos marinos son capturadas ilegalmente para abastecer un mercado negro que mueve hasta 23.000 millones de dólares al año.
A pesar del peligro que esta actividad ilícita plantea a la biodiversidad marina del continente, el principal problema que tienen los países latinoamericanos para atajar la pesca ilegal es la falta de medios. Muchas áreas protegidas no cuentan con la vigilancia y presupuesto necesarios para frenar los delitos y, en algunos países, la administración pública ni siquiera ha lanzado planes de administración que definan una auténtica estrategia de monitoreo y vigilancia.
Para intentar al menos arrojar luz sobre un reto que muchas veces pasa desapercibido cuando hablamos de Latinoamérica y medio ambiente, cinco medios independientes sudamericanos (Mongabay Latam, Cuestión Pública de Colombia, El Universo de Ecuador y Ciper de Chile) han realizado una investigación conjunta que acaba de ser publicada. En ella, los periodistas analizan, con la asesoría de expertos en monitoreo satelital y científicos, el movimiento de embarcaciones, por un período de cinco años, dentro de cuatro áreas marinas protegidas.
Su principal conclusión es que la pesca ilegal acecha a santuarios marinos de Chile, Colombia, Ecuador y México, cuatro países que están dentro de las primeras seis naciones de Latinoamérica que resguardan la mayor cantidad de territorio marítimo. Sin embargo, la superficie física de estas áreas protegidas “solo representa una parte del compromiso”, asegura el PNUMA. Y es que, para que las zonas marinas protegidas resulten verdaderamente eficaces, “se requiere una gobernanza sólida que influya en la conducta humana y reduzca el impacto sobre los ecosistemas”, precisa el organismo.
China, el culpable en la sombra
Aunque es muy difícil comprobar la procedencia exacta y el propietario de la mayoría de los buques que realizan pesca ilegal debido a las técnicas que utilizan para intentar burlar cualquier tipo de control, el trabajo de estos medios latinoamericanos ha permitido identificar varios centenares de barcos con una actividad más que sospechosa. Y, en concreto, la responsabilidad sobre la mayoría de ellos apunta a China. En realidad, es un hecho conocido que las flotas chinas que se desplazan por el Pacífico se mueven en los límites del mar territorial de cuatro países de Sudamérica (México, Ecuador, Perú y Chile) para pescar pota o calamar gigante (Dosidicus gigas). Pero esta investigación ha descubierto que también, en algunas ocasiones, atraviesan y se detienen en áreas marinas protegidas como parte de su recorrido.
Sin ir más lejos, a comienzos de junio, una flota china compuesta por unos 260 barcos llegó hasta los límites del archipiélago Galápagos, una de las mayores reservas de biodiversidad en Sudamérica, para pescar pota. Durante días, este grupo de embarcaciones, que los pescadores locales describían como “una ciudad gigante” en medio del mar, mantuvo alerta a científicos y funcionarios de gobierno. Aunque en principio ninguna de estos buques entró a territorio ecuatoriano para pescar ilegalmente, su presencia movilizó a autoridades pesqueras, fuerzas armadas y hasta el presidente Lenin Moreno, quien ordenó la creación de un comité para diseñar una estrategia de protección para las Islas Galápagos.
Según Mongabay, al menos 140 de estos barcos eran propiedad de compañías chinas con domicilio en la ciudad de Zhoushan, en el Mar de China Oriental. Este lugar hasta hace algunos años era uno de los puntos neurálgicos de la industria pesquera china, pero hoy sus recursos están agotados, por lo que sus buques están buscando otras vías para mantener su actividad, aunque sea de forma ilegal.
“La flota de aguas profundas de China, que hoy en día incluye más de 17.000 buques, incurre en una amplia gama de conductas problemáticas en las aguas de América Latina, entre ellas la sobrepesca, la captura deliberada y accidental de especies protegidas, el uso de redes de arrastre y otras prácticas que aceleran el colapso de las pesqueras, la contaminación por plásticos y otros desechos, y la entrada y la pesca no autorizadas en las zonas económicas exclusivas (ZEE) y las zonas marítimas protegidas de la región”, asegura el analista del Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, Evan Ellis, en un trabajo reciente.
Según Ellis, la propia geografía de la vertiente del Pacífico de Latinoamérica hace que sea difícil y costoso para las armadas latinoamericanas proteger sus ZEE contra las incursiones chinas. La zona marítima protegida de las Galápagos está lejos de Ecuador; y las largas costas de Chile y Argentina hacen que las 200 millas de ZEE de esos países sean enormes. Además, la mayoría de los buques chinos suelen apagar sus transpondedores antes de violar las ZEE y las zonas marítimas protegidas, lo que hace que sus incursiones ilegales sean difíciles de probar.
La dificultad de demostrar la pesca ilegal
Este apagado general de los sistemas de rastreo es solo una de las miles de maneras con las que los buques que practican la pesca ilegal camuflan sus prácticas. Y es que identificar correctamente la pesca ilegal muy es difícil, según apunta el investigador Juan Mayorga, quien lidera una alianza integrada por Sustainable Fisheries Group, la Universidad de Santa Bárbara en California; el programa para la conservación marina Pristine Seas, de National Geographic, y la organización Global Fishing Watch, tres instituciones que buscan potenciar las tecnologías para avanzar en ciencia y en conservación marina.
Los científicos que forman parte de esta alianza explican por qué proteger los mares de la pesca ilícita es un auténtico desafío, y es que, al contrario de un bosque, donde la tala ilegal de árboles es evidente a simple vista, en el mar todo ocurre bajo el agua y no es posible casi nunca probar, una vez cometido el delito, que los recursos marinos que transporta un determinado barco han sido obtenidos de manera ilícita.
Además, según apunta a Mongabay Alex Muñoz, director para América Latina del proyecto Pristine Seas de National Geographic Society, a la dificultad de probar el delito se suma “la debilidad de los sistemas legales y judiciales para poder perseguir en los tribunales cualquier crimen cometido en el mar”. Es decir, que como los estados tienen en cualquier caso muy difícil probar la existencia de delito y las multas que podrían imponer son muy débiles, acaba por no valerles la pena hacer tanto esfuerzo para una sanción que suele ser muy menor.
A esto hay que añadir un curioso hecho que lo complica todo aún más: no se sabe con certeza cuántos barcos hay en el mar. La FAO calculaba en 2018 que el total mundial de embarcaciones pesqueras ascendía a 4,56 millones, pero esa cifra es sólo una estimación. De hecho, según una publicación en la revista científica Science, solo podemos ver entre el 50 y el 75% de la actividad pesquera industrial. Y si no somos capaces siquiera de controlar el volumen total de pesca mundial, la gobernanza de sus aguas protegidas seguirá siendo un auténtico reto para los países latinoamericanos.
