¿Cuál es el nivel de protección que necesitan los glaciares en un país que posee el 80 % de los glaciares de Sudamérica, lleva 10 años de sequía extrema y cuya principal actividad económica es la minería? Sin duda, el debate exige una mirada de desarrollo sustentable donde todos los actores compartan una visión de mediano y largo plazo. Por ahora, la polarización de posiciones parece ser la tónica.
Recientemente la Comisión de Minería del Senado de Chile cerró la discusión sobre el proyecto de Ley de Protección y Conservación de Glaciares, que pasará a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales de la misma cámara. Esto es parte de su primer trámite legislativo, que luego se verá en la Cámara de Diputados.
Este que es el quinto proyecto de los últimos 14 años, no deja a nadie deja indiferente, porque pone en tensión a los distintos usuarios del agua y también a los diferentes enfoques sobre qué es el desarrollo para un país como Chile.
Importancia de los glaciares
Los glaciares son fundamentales para la supervivencia de nuestra especie, al ser la reserva de agua dulce más importante del planeta y son clave en tiempos de sequía por su aporte a los caudales en época de escasez, el que puede llegar al 60%. Producto del cambio climático las precipitaciones seguirán disminuyendo y la relevancia del agua dulce irá cobrando un espacio cada vez más estratégico.
Todos los estudios demuestran que las temperaturas actuales y futuras seguirán influyendo en el retroceso glaciar y en su consecuente disminución de los recursos hídricos. Por ejemplo, el estudio colaborativo de los departamentos de Geología e Ingeniería Civil de la Universidad de Chile junto al Centro Avanzado de Tecnología para la Minería (AMTC) “Reducción del Albedo glacial y efectos de la sequí en Los Andes extratropicales, 1986-2020”, publicado en el Journal of Glaciology, demuestra que los glaciares de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins están cada vez más vulnerables a procesos de pérdida de masa, producto del oscurecimiento del hielo y su efecto en la absorción de radiación solar, conocido como efecto de albedo.
De los glaciares que existen en Sudamérica alrededor del 80% están en Chile, con un área aproximada de 22 mil kilómetros cuadrados y un catastro de unos 26 mil glaciares. El 15% restante están en Argentina. En 2010, ese país se convirtió en el primero en el mundo en promulgar una ley para protegerlos a través del “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, una norma constitucional con jerarquía superior al resto de la legislación nacional y provincial.
En Chile, el primer intento por promulgar una ley para protección de glaciares fue en 2006, impulsado por la aprobación del proyecto minero Pascua-Lama. La iniciativa no prosperó y fue archivada en 2007. El proyecto que hoy se encuentra en discusión es el quinto de los últimos 14 años.
¿Es posible hacer minería sin afectar los glaciares?
Hay organizaciones ambientalistas que estiman que la minería a gran escala es incompatible con la presencia de glaciares. Y esto, sin duda, depende de cuan estricta sea la protección. Argentina tiene la más exigente del mundo, que hace incompatible esa actividad económica. Pero en general, en el mundo, lo que existe son leyes ambientales generales o áreas de protección estatal.
En Chile, en el actual proceso de discusión se presentó una moción parlamentaria, que buscaba crear una protección específica para este tipo de depósitos, prohibiendo toda actividad económica en los glaciares, en el ambiente periglaciar y en el permafrost o suelo helado. Su objetivo es «preservarlos y conservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos, como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas, como fuentes de biodiversidad y de información científica y para el turismo sustentable.”
La protección del ambiente periglaciar y el permafrost y la posibilidad de su aplicación retroactiva, generó la inmediata reacción de los gremios de la minería y de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) que emitió un informe, en el que se detallan los posibles efectos sobre la industria minera en caso de que prospere la ley, y que abarca desde la suspensión de la operación de faenas mineras actuales como Caserones, Los Pelambres, Los Bronces, Andina y El Teniente, hasta la disminución de la producción nacional de cobre en alrededor de un 25%, con un impacto en el PIB y el empleo. La Federación de Trabajadores del Cobre también manifestó su preocupación.
Diego Hernández, Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, en una carta enviada a la Comisión de Minería y Energía del Senado, comentó que la iniciativa establece prohibiciones generales para la realización de actividades productivas en -o cercanas a- zonas que pudieren ser calificadas como glaciares, ambientes periglaciares o permafrost, «tratando genéricamente y de una misma manera a todas esas crioformas, las que tienen características, relevancia y funciones ecosistémicas totalmente diversas. Ello en sí nos parece inadecuado y generará un impacto negativo y totalmente innecesario al desarrollo de nuestro país».
Finalmente, esta moción no prosperó en la última sesión de la Comisión de Minería y Energía realizada en mayo, y se mantuvo la posibilidad de que los glaciares pudieran ser intervenidos vía Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), tal como ha venido sucediendo hasta ahora.
¿Es necesaria una ley específica de protección de glaciares?
Para muchos actores no es necesaria una nueva legislación sobre glaciares porque el 87,5% de los glaciares están ubicados en parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales e incorporados al Sistema de las Áreas Protegidas del Estado. Lo que junto con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental aseguraría su cuidado.
La empresa de abastecimiento de agua de la Región Metropolitana, Aguas Andinas, publicó en noviembre de 2019 “Glaciares y Cuencas Andinas” , demostrando la relevancia estratégica que le da a los glaciares para la entrega de agua potable a la comunidad. En esta publicación precisa que si bien los glaciares están protegidos en el SNASPE y bajo la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, “es bienvenida una mejora de ambos mecanismos como también sería posible establecer una ley específica que permita proteger aún más los glaciares.”
Ricardo Bosshard, Director de WWF Chile, da una mirada global a la discusión: “los glaciares deben ser protegidos de forma urgente, principalmente ante los impactos del cambio climático. En este sentido, así como existe un gran consenso internacional en la meta de proteger el 30% de los ecosistemas terrestres y de los océanos del planeta para el año 2030 (este compromiso fue ratificado por los países del G7), creemos que también debe acordarse una meta y un compromiso global ambicioso para su conservación. En paralelo, también se debe avanzar en la adaptación necesaria que deberán enfrentar las comunidades que se verán afectadas directamente por la pérdida de glaciares y, por otro lado, seguir incrementando la ambición nacional e internacional en torno a la mitigación y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”.
La discusión promete seguir siendo ardua cuando son múltiples los desafíos que se deben abordar tanto a nivel local como global.
