De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, México es dueño de una biodiversidad que asombra. Es el quinto entre los 12 países megadiversos del mundo, y junto con otras dos naciones posicionadas en ese selecto grupo, comparte el privilegio de contar con litorales en dos océanos, el Pacífico y el Atlántico.
El grupo de países megadiversos lo integran además de México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Congo, Madagascar, China, India, Malasia, Indonesia y Australia.
Expertos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO) refieren que en nuestro país se han clasificado a la fecha entre 21.073 y 23.424 plantas vasculares; 564 mamíferos; entre 1.123 y 1.150 aves; 864 reptiles y 376 anfibios, además de hongos, microorganismos y una gran diversidad genética.
Distintos factores convergen para que el capital natural de México sea tan vasto y generoso: una extensión territorial de 1.972.550 km2 que lo coloca en el sitio 14 entre los países con mayor superficie; su posición geográfica entre los 32º y los 14º Norte del Trópico de Cáncer, franja que abarca desde Baja California hasta Chiapas, donde existe la mayor diversidad de especies.
Se agrega la compleja orografía del territorio nacional que le confiere una diversidad de ambientes, suelos y climas, y también los mares y océanos que lo circundan.
Más aún: en la historia evolutiva la separación entre tierra continental y suelo hizo de las islas espacios propicios para la generación de flora y fauna únicas que corresponden a las que estuvieron aisladas en dos continentes: Norteamérica y Sudamérica que son, por tanto, zonas de contacto entre la neoártica y la neotropical.
Otra veta relevante de la biodiversidad es la presencia de diferentes grupos humanos y sus 66 lenguas y variantes, culturas que han convertido a México en uno de los principales centros de domesticación de plantas y animales del mundo.
La declaración de Cancún
Al lanzar la Declaración de Cancún en 2002 se estableció el Grupo de Países Megadiversos Afines como un mecanismo de consulta y cooperación para la identificación de intereses comunes, con el fin de promover la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica.
Este grupo busca lograr un posicionamiento en temas relativos al acceso y reparto de beneficios de los recursos genéticos, con base en tres ejes: conservación de la biodiversidad, uso sostenible de sus componentes y participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos, todo lo cual busca lograr un futuro sostenible.
En 2010, las Partes adoptaron el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, un marco de acción para que todos los países e interesados salvaguarden la diversidad biológica y los beneficios que proporciona a las personas, con la visión, al 2050, de que “la diversidad biológica se valora, conserva, restaura y utiliza en forma racional, manteniendo los servicios de los ecosistemas, sosteniendo un planeta sano y brindando beneficios esenciales para todos.”
Se esperaba que en el 2020 todas las personas tuvieran conciencia del valor de la biodiversidad y de los pasos que pueden seguir para su conservación y utilización sostenible, y que esos valores hubieran sido integrados en las estrategias y procesos de planificación de desarrollo y reducción de la pobreza nacionales y locales, lo mismo que en los sistemas estadísticos nacionales.
El cambio climático
Buenos propósitos, pero sin sustento político y social. Ya en 2020, el Banco Mundial ubica a México como uno de los países más vulnerables al cambio climático. Actualmente, se observa ya una disminución de las lluvias y una elevación del nivel del mar, lo que está causando mayores inundaciones, pérdida de humedales, erosión e intrusión de agua salada en los acuíferos, entre otros.
Actualmente, el 72% de la población habita en zonas urbanas, la mayoría mal planeadas, con serios problemas de movilidad, contaminación y calidad de los servicios. Se estima que para 2030 existirán 20 ciudades con más de un millón de habitantes; lograr su sustentabilidad constituirá un verdadero desafío.
Se calcula que para 2050 la población mexicana crecerá un 20,6%, esto implicará una mayor presión sobre los recursos naturales y comprometerá drásticamente el bienestar de la población.
En lo que va en los 20 años del siglo, México ha perdido dos millones y medio de hectáreas de bosque, de las cuales apenas ha recuperado una cuarta parte, provocando la pérdida de la biodiversidad y la desertificación que hoy afecta a 51 millones de hectáreas del país.
Gestión sostenible
El aprovechamiento de recursos naturales en México se realiza de manera nada sustentable, rebasando en mucho la tasa de renovación de bosques, agua y recursos pesqueros. La creciente sobreexplotación y contaminación de los cuerpos de agua, ha provocado que la disponibilidad anual de este recurso por habitante se redujera drásticamente en los últimos años.
La presencia de los grupos humanos y el uso de la tierra contribuyen a acabar con la biodiversidad. La expansión de las actividades agropecuarias, en los últimos 50 años, ha sido el principal motor de la pérdida de la vegetación natural, y por tanto una de las principales amenazas para la biodiversidad, tanto en México como en el mundo.
Además de sus efectos por la transformación y pérdida de los ecosistemas, las actividades agropecuarias también afectan directamente a la biodiversidad por medio de la eliminación de especies competitivas o reguladoras (por ejemplo, los depredadores), por el uso de agroquímicos y por la erosión genética de los cultivos tradicionales al ser sustituidos por variedades mejoradas y genéticamente modificadas (INIFAP, 1995; Raya-Pérez et al., 2010; FAO, 2015).
Indirectamente, la extracción de agua de ríos y lagos y su contaminación por las escorrentías cargadas con sedimentos, nutrientes, antibióticos y químicos tóxicos, son otros de los efectos negativos de las actividades agropecuarias sobre la biodiversidad.
Impactos agrícolas
En México, de acuerdo a las Cartas de Uso del Suelo y Vegetación del INEGI, la expansión histórica de la agricultura hasta los años 70 había alcanzado, a costa de ecosistemas naturales, poco más de 26 millones hectáreas, esto es, el 13.3% de la superficie total del país. Para 2011 avanzó hasta alcanzar cerca de 31 millones de hectáreas, principalmente sobre superficies ocupadas originalmente por selvas (13 millones de hectáreas), matorrales (7.4 millones de ha), bosques templados (6.3 millones de hectáreas) y pastizales (5 millones de hectáreas).
Extensas superficies de ecosistemas naturales, incluidos los pastizales naturales, también han sido transformados en sitios dedicados a la ganadería. En la década de los 70, los pastizales inducidos y cultivados cubrían una superficie de más de 14,3 millones de hectáreas (7,3% de la superficie total del país), la cual creció a 19,11 millones de hectáreas en 2011 (9,7% del país). En este último año, la superficie de pastizales cultivados e inducidos se habían extendido sobre superficies ocupadas originalmente por selvas (10.8 millones de hectáreas), bosques templados (3,7 millones de hectáreas), matorrales (3,4 millones de hectáreas) y aún sobre pastizales naturales (602.000 hectáreas).
Diferencias sociales y pobreza
El 85% de la energía que demanda el país es generada a partir de combustibles fósiles. Esta dependencia energética nos coloca en una situación de riesgo ante el inminente agotamiento de estos recursos. Y el panorama empeora ante las aparentes políticas gubernamentales en contra de las energías renovables.
La pobreza y la desigualdad social en México se han profundizado en las últimas décadas. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 45,5% de la población se encuentra en pobreza. Mientras que la población más pobre (40%) recibe 14,2% de los ingresos nacionales, la población más rica (10%) concentra la tercera parte de éstos.
Los problemas derivados de la degradación ambiental afectan de forma desigual y diferenciada a los distintos grupos, esferas sociales y regiones del país, obligando a muchas personas a desplazarse a las ciudades o a otras regiones.
Los sectores de la población más desfavorecidos son los más vulnerables a los daños ambientales debido a la precariedad de la infraestructura y servicios con los que cuentan, su escasa capacidad de respuesta, la falta de acceso a los sistemas de salud y a la justicia ambiental.
Detener la deforestación que avanza en varias regiones del país, garantizar la conservación de hábitats y especies amenazadas, atender las emergencias ambientales, impulsar el manejo forestal comunitario, cumplir con los compromisos globales para hacer frente al cambio climático y atender las causas que han llevado a que México sea uno de los países más peligrosos para los defensores de ambiente y territorio son algunos de los desafíos ambientales que el país tiene para este 2020.
El principal obstáculo que tendrá para enfrentar estos retos es el escaso presupuesto que se destinó para el sector ambiental para el 2020: 29.000 millones de pesos (alrededor de 1500 millones de dólares), suma que representa 56 % menos del dinero que se otorgó en 2015.
Además de los pocos recursos económicos con los que contará el sector ambiental para este año, el país tendrá que hacer frente a proyectos impulsados por el mismo gobierno, como la construcción del Tren Maya y una política energética basada en combustibles fósiles.
El 2020, coinciden especialistas consultados por Mongabay Latam, será un año clave para que México tome acciones que reviertan el deterioro ambiental que vive el país.
México perdió 262.000 hectáreas de bosque natural en 2018, de acuerdo con los datos más actualizados del Global Forest Watch. Una de las principales causas de la pérdida de selvas y bosques es el cambio de uso de suelo que se realiza, sobre todo, para la expansión de la ganadería y la agricultura. En algunas zonas del país, la deforestación se asocia con el auge que han tenido cultivos como la soja, la palma africana o el aguacate.
Lucía Madrid, maestra en política ambiental por la Universidad de Cambridge y asesora de comunidades forestales en México, destaca que alrededor del 90 % de los cambios de uso de suelo que se registran en el país se hacen en forma ilegal. Por ello, dice, es fundamental reforzar los sistemas de inspección y vigilancia.
El doctor José Sarukhán Kermez, coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), subraya que “el desafío más importante para el país es detener la deforestación” para conservar la biodiversidad biológica y reducir los gases de efecto invernadero.
En ello coincide Adrián Fernández Bremauntz, doctor en ciencias y director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México: “Si se quiere lograr el objetivo de tener deforestación cero para 2030, se tienen que fortalecer las instituciones ambientales, otorgar más presupuesto al sector para contar con un mayor número de inspectores”.
El 2020 también será un año de cambios para la Conabio, comisión intersecretarial creada en 1992, que funciona a través de un fideicomiso privado y que tiene entre sus funciones realizar investigación sobre la biodiversidad del país. La Conabio dejará de ser una comisión intersecretarial para transformarse en un organismo público descentralizado; además, es muy probable que se cancele el fideicomiso privado con el cual funciona.
Manejo de bosques comunales
Entre el 60% y 70 % de los bosques y selvas del país son de propiedad comunal —recuerda el doctor Sarukhán Kermez—, por lo que para su conservación es necesario diseñar políticas ambientales que tomen en cuenta a las comunidades.
Al igual que otros investigadores, Sarukhán Kermez señala que es necesario que se destinen más recursos y atención al manejo forestal comunitario, ya que ha demostrado ser una estrategia de conservación adecuada.
Lucía Madrid señala que el país tendría que revisar la efectividad de los pagos por servicios ambientales, porque no siempre cumplen con sus objetivos, entre ellos evitar la deforestación. Para la especialista, parte de estos subsidios tendrían que reorientarse a promover el manejo forestal comunitario.
Entre los planes de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) está incorporar a más comunidades al manejo sustentable de sus bosques, para aumentar el número de hectáreas que actualmente cuentan con alguna certificación nacional o internacional, lo cual garantiza que se realiza un aprovechamiento adecuado de los recursos forestales.
Sin embargo, al igual que otras dependencias del sector ambiental, para 2020 la Conafor tendrá un presupuesto mínimo para esta tarea: alrededor de 2.586 millones de pesos (137 millones de dólares); una cantidad que es menos de los 2.756 millones de pesos (146 millones de dólares) que tuvo en 2019 y de los 3.991 millones de pesos (212 millones de dólares) que se le otorgaron en 2018.
El 2020 será un año en el que, en teoría, México tendría que dar pasos importantes si desea cumplir con los compromisos internacionales que asumió para disminuir los efectos del cambio climático.
Planes de cambio climático
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá que presentar el Tercer Programa Especial sobre Cambio Climático, documento que se espera desde 2019 y que debe incluir los objetivos de mitigación y adaptación, así como las acciones concretas y los presupuestos que se destinarán a estas tareas.
Al no tener aún este documento, “México no tiene un plan de acción para el cambio climático en el corto plazo”, resalta el informe sobre la Brecha de Emisiones 2019, publicado en noviembre por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
El informe destaca que el gobierno mexicano está dando pasos atrás en la lucha contra el cambio climático, al favorecer los combustibles fósiles con la construcción de la nueva refinería Dos Bocas y al asignar una partida presupuestaria para la modernización de las centrales de generación de electricidad utilizando carbón, diésel, gas y petróleo.
En el informe sobre la Brecha de Emisiones 2019 se resalta que las decisiones del gobierno mexicano en el área energética, “ponen en tela de juicio si logrará sus objetivos de energía limpia y de mitigación señalados como parte de sus compromisos del Acuerdo de París”.
Entre los compromisos que México adoptó, y que estableció en la Ley General de Cambio Climático, están el reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 50 % de los niveles del 2000 para 2050. Además, de tener deforestación cero para 2030.
Si México no cambia el rumbo de su política energética no tendrá tiempo para cumplir con las metas y llegar al 2030 con los compromisos que se asumieron, advierte Adrián Fernández, director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México.
La polémica del Tren Maya
Uno de los megaproyectos que impulsa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es lo que se ha bautizado como el Tren Maya. Además de ser un transporte ferroviario que pasará por cinco estados incluyendo la Península de Yucatán, el proyecto incluye el desarrollo de nuevos centros urbanos e infraestructura turística.
Es por ello que, para investigadores y organizaciones como el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, se trata de un megaproyecto turístico e inmobiliario “que busca despojar a las comunidades de su territorio, generando una serie de afectaciones a los sistemas ambientales y sociales”.
Además, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Congreso Nacional Indígena y su Consejo Indígena de Gobierno calificaron como un “vulgar engaño” la consulta para el Tren Maya. El gobierno federal “simula consultar a los pueblos, suplanta nuestra voluntad colectiva, ignorando y ofendiendo nuestras formas de organización”, señalaron en un comunicado.
Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, señala que México tiene como desafío el revisar la forma en que se realizan las consultas en las comunidades, sobre todo cuando el propio gobierno es el que impulsa grandes proyectos de infraestructura.
“Además de cumplir con las normas internacionales para las consultas, se tiene que definir la logística para realizarlas y tiene que darse una discusión sobre la importancia de escuchar a quienes defienden el ambiente y el territorio. Se tiene que reconocer su labor como defensores de derechos humanos”, destaca Reneaum.
Desde finales de la década de los años 70, la Selva Lacandona —ubicada en el estado de Chiapas— es escenario de una serie de conflictos de tierras que han provocado el avance de la deforestación en la zona. Si hace 40 años esta selva ocupaba 1,8 millones de hectáreas, hoy solo quedan alrededor de 570.000.
El 2020 será vital para conservar lo que queda de la Lacandonia y evitar que continúe el desmonte ocasionado por la invasión de terrenos y la expansión de la ganadería y agricultura. Y es que este año se renovará el consejo de bienes comunales, en donde participan representantes de lacandones, tzeltales y choles, las tres comunidades indígenas que habitan en la región.
En los últimos años, los conflictos entre las tres comunidades se han incrementado y con ello las invasiones en la Selva Lacandona, una zona que cuenta con siete áreas naturales protegidas, entre ellas la Reserva de la Biósfera de Montes Azules.
Luis Fueyo, ex comisionado de Áreas Naturales Protegidas, explica que en la elección del consejo de bienes comunales se deben respetar los acuerdos que datan de 1976, cuando a las tres comunidades se les dotaron de tierras y se establecieron compromisos para la conservación de la zona y evitar el cambio de uso de suelo, algo que no se ha cumplido.
Más conciencia social
A la par de la elección del nuevo consejo, Fueyo resalta que los gobiernos federales y estatales deben tomar decisiones con un conocimiento profundo de la situación agraria y de la cosmovisión de las comunidades, pero sobre todo deben evitar que continúe la invasión de las áreas naturales protegidas.
El doctor Rodrigo Medellín, quien es uno de los expertos que forman parte del comité de fauna de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), resalta que de todos los desafíos ambientales que México tiene por delante hay uno que es vital para impulsar todos los demás: disminuir la apatía de los ciudadanos respecto a la crítica situación del medio ambiente, en especial de aquellos que viven en las ciudades.
Para proteger a las selvas, bosques, océanos y la biodiversidad, en general, dice, “tenemos que pensar en qué cambios vamos a hacer en nuestra vida para reducir nuestro impacto en el medio ambiente. Todos podemos hacer algo. Y ese es un desafío: incrementar nuestra conciencia ambiental”. Sin ello, sin una actitud activa de la población, es explicable la poca importancia que el gobierno está dando al tema.
