Se abren las solicitudes para el plan de renovación del parque móvil en España, con 1.050 millones de euros en ayudas y créditos para cambiar de coche. Aunque busca incentivar la adquisición de vehículos eléctricos, los de combustión también tendrán ayudas



Impulso gubernamental al sector del automóvil español. El Gobierno ha anunciado el lanzamiento este martes de un plan a tres años acompañado con una inversión de 3.750 millones de euros que ha sido celebrado por los sindicatos CCOO y UGT y las patronales del sector (Anfac, Faconauto, Sernauto y Aedive), que también han participado en su elaboración. Dentro del plan, una partida de 1.050 millones de euros servirá para renovar el anticuado parque móvil de España: 550 millones serán ayudas directas a la compra de vehículos de todas las tecnologías y otros 500 millones se destinarán a líneas ICO para la adquisición de vehículos comerciales e industriales. Los particulares que compren un coche a partir de este martes podrán beneficiarse de las medidas.
Eso si, para poder optar a las ayudas para la compra de un vehículo diseñadas por el Gobierno habrá que entregar un vehículo de más de 10 años para su achatarramiento y que el nuevo esté entre los más eficientes del mercado, según ha explicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La idea es incentivar la renovación del anticuado parque móvil español, que tiene una media de 12,7 años, aunque la decisión de ofrecer ayudas a la compra de vehículos de combustión ha levantado críticas por parte de organizaciones ecologistas.
Es cierto que el objetivo principal del plan es el de impulsar al sector del automóvil, que genera el 10% del PIB y el 9% del empleo en España, pero el Ejecutivo asegura que se han tenido en cuenta también el compromiso europeo con la descarbonización y la transición ecológica. «Se trata de hacer lo que haga falta para amortiguar las enormes pérdidas del sector en 2020 mientras sentamos las bases de la industria del mañana: una industria que saldrá fortalecida de la mano de la electrificación y la digitalización y que contribuirá a que nuestro país avance en la senda de la transición ecológica justa«, ha explicado Sánchez, que sobre todo ha destacado la «unidad» de agentes sociales, empresas y Ejecutivo en la elaboración del plan.
De hecho, el Gobierno se fija como objetivo que en 2030 las fábricas españolas produzcan cada año entre 700.000 y 800.000 vehículos electrificados (propulsados totalmente por baterías o híbridos), lo que supondría una cuota de mercado europeo del 12%. Para lograrlo, el plan movilizará un total 3.750 millones de euros en años: 300 millones para la renovación del parque público, infraestructuras de recarga, adaptación de las ciudades a nuevas necesidades de movilidad y electrificación del transporte, 300 millones a renovación del parque público hacia uno más sostenible y eficiente, 415 millones a I+D+i, 2.690 millones a inversiones en la industria y 95 millones en formación profesional.
Para arrancar la inversión, este mismo mes se pondrá en marcha la segunda edición del Plan Moves con una dotación de 100 millones (40 millones en 2019), para la compra de vehículos eléctricos y de gas, además de incentivos para la instalación de infraestructuras de recarga o sistemas de bicicleta eléctrica compartida. También arrancarán las ayudas para la renovación de los vehículos particulares, incluyendo diésel y gasolina, con valor de 250 millones.
Consenso con sindicatos y patronal
La mejor noticia para el Gobierno ha sido sin duda el consenso logrado con empresas y trabajadores para aprobar el plan, que supone un respiro en unos meses marcados por la alta polarización política. En el acto celebrado en Moncloa, el secretario general de la Federación Estatal de Industrias de CCOO, Agustín Martín, y el secretario General de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, Pedro Hojas, han aplaudido la iniciativa y han instado a las empresas del sector a comprometerse con el país y a mantener el empleo.
La actitud de la patronal del sector del automóvil ha sido muy similar. El presidente de la asociación de fabricantes Anfac, José Vicente de los Mozos, ha pedido que el plan se implemente de forma rápida y sencilla para lograr la pronta reactivación del mercado, mientras que el presidente de la asociación de concesionarios Faconauto, Gerardo Pérez, ha dicho que traerá «muy buenas noticias en los próximos meses».


Por otra parte, la presidenta de la patronal de componentes Sernauto, María Elena Antolín, ha valorado que incentive fiscalmente la innovación de procesos y ha dicho que permitirá traer más modelos a España. También ha aplaudido la medida el director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso al Vehículo Eléctrico (Aedive), Arturo Pérez de Lucía, que ha explicado que aunque España cuenta con una base de fabricación de vehículos eléctricos, ésta no es suficiente y hay que reforzarla.
Hace justo dos semanas, los propios fabricantes del sector denunciaban que el escaso desarrollo de infraestructuras de recarga mantiene a España en la últimas posiciones europeas en cuanto a electrificación. Esto quiere decir que, en la carrera por alcanzar la movilidad eléctrica completa en Europa en treinta años, objetivo declarado del Green New Deal, España arranca en el furgón trasero en cuanto a movilidad sostenible. Aún así, el Gobierno y los agentes sociales esperan que este plan pueda ayudar a revertir esta tendencia.
Ayudas condicionadas
En cualquier caso, las ayudas del plan también llevará aparejadas unas condiciones específicas. En el caso de los turismos, el precio no podrá superar los 35.000 euros (45.000 en caso de personas con movilidad reducida o coches con etiqueta «CERO»), será obligado el achatarramiento de un vehículo de al menos 10 años, y el vehículo a adquirir deberá contar con etiqueta energética A o B (el 45 % más eficiente de la oferta) y emisiones inferiores a 120 gramos de CO2 por kilómetro.
Además, la cuantía de la ayuda variará en función de las emisiones del vehículo, priorizando los más eficientes, y existirá una ayuda adicional por achatarramiento de vehículos de más de 20 años, beneficiarios con movilidad reducida o aquellos que pertenezcan a hogares con ingresos mensuales inferiores a 1.500 euros.
El plan incluye también una partida que se destinará a hacer más sostenibles los coches de propiedad pública. A partir del próximo mes de julio Hacienda, habilitará un programa para la renovación del parque de vehículos de la Administración General del Estado, que aprovechará de manera parcial el superávit de los ayuntamientos para la renovación eficiente de sus flotas.


En lo que respecta a las ayudas a la inversión previstas, el objetivo es que sirvan para adaptar y orientar la industria del automóvil hacia las nuevas demandas de los mercados y los objetivos de sostenibilidad. El Gobierno quiere facilitar la adjudicación de nuevos modelos eléctricos o de hidrógeno a las plantas del país y el desarrollo de nuevos modelos de negocio, de modo que la creación de empleo sea sostenible en el tiempo y resiliente ante futuros desafíos.
En cualquier caso, y a pesar de las múltiples líneas que el plan destina a la transición energética de la movilidad, las organizaciones ecologistas se han mostrado insatisfechas con el resultado. Ecologistas en Acción ha denunciado que el Gobierno conceda ayudas al sector del automóvil mediante un plan renove que incluye a los vehículos de combustión interna, «el elemento que más emisiones de gases de efecto invernadero genera» en España. Por todo ello, demandan que el dinero público se utilice «para priorizar desplazamientos sostenibles y no para promocionar el automóvil», con el fin de ayudar a «afrontar la emergencia climática y de biodiversidad».
